Dominio público

Marchena y Manos Limpias, de aquellos polvos...

El lunes 25 de octubre, en una columna titulada "Luego vinieron por mí, pero...", trataba de poner en contexto todo lo que rodea a la expulsión de su escaño del exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y con él, a todos los que le votaron. No obstante, y porque el espacio en la red también es (y debe ser) limitado, me dejé un episodio que considero de singular importancia para confirmar la constatación de una derechización judicial que va más allá de los nombramientos del PP -que también- e incide en los valores de base de la ideología conservadora-no liberal, y permítanme la redundancia, pues todavía hay políticos que se autoconsagran "liberales y conservadores", y tan anchos.

En 2008 Manuel Marchena ya estaba en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que hoy preside y que quería controlar "desde detrás" el PP nombrando presidente del Supremo y el CGP a este magistrado, orgulloso padre de fiscala en plaza de nueva creación. Como bien informa la periodista Ana Pascual en esta pieza de Público que acabo de enlazar, ese 2008 fue un gran año para Marchena, cuando fue ovacionado y fichado por el Partido Popular para futuras altas responsabilidades por expulsar de la Presidencia del Parlamento Vasco a Juan María Atutxa, de la Vicepresidencia a Gorka Knörr y de la Secretaría Segunda a Kontxi Bilbao, tres representantes institucionales integrantes entonces de tres partidos diferentes, dos nacionalistas y uno de izquierda verde: PNV, EA y Ezker Batua-Berdeak.

El actual presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, que entonces era presidente del PP vasco, como ahora, calificó a Atutxa de "delincuente" y le dijo que "no estaba en condiciones psicológicas" de seguir presidiendo el Parlamento vasco. Por si ustedes, jóvenes lectores, a tenor de las palabras de Iturgaiz, creen que Atutxa era simpatizante de ETA o un encapuchado de la kale borroka, decirles que la banda terrorista intentó atentar contra él diez veces, que se sepa, cuando fue consejero de Interior entre 1991 y 1998.

Marchena, ponente de la sentencia del Supremo contra Atutxa, Könrr y Bilbao, aceptó el recurso de casación del sindicato ultra y organización criminal Manos Limpias -sí, el mismo pseudosindicato liderado por un exsecretario general de Fuerza Nueva, Manuel Bernard, que denunció a Los Lunnis por homosexuales-. Esta organización homófoba, condenada por varios delitos, emprendió acciones legales contra Atutxa, Knörr y Bilbao por negarse a disolver Socialista Abertzaleak (SA), heredera de la ilegalizada Batasuna, al entender el presidente de la Cámara de Euskadi que no existía marco legal que aplicar. Ell Tribunal Superior de Justicia Vasco (TSJC) los absolvió en 2004 por gozar de inmunidad parlamentaria y el Supremo los condenó en casación.


El Tribunal Constitucional, no obstante, dio la razón a Marchena en 2013 al desestimar el recurso de amparo de los condenados y en 2017, la bomba estalló en las manos del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que había sido ascendido en 2015 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Marchena: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró que, en el proceso judicial contra los condenados por el Supremo, se vulneró el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, nada menos: a Atutxa, Knörr y Bilbao, en definitiva, se les vulneró el acceso a un juicio justo, con todas las garantías. Estrasburgo condenó al Estado español por eso.

Este asunto tan grave para un magistrado del Supremo no impidió que Marchena continuara en la presidencia de la Sala Segunda del alto tribunal y, posteriormente, como se desvela en el dantesco episodio recogido ya en este mismo artículo, se acordara que ascendiera y presidiera el conjunto de éste y el CGPJ para que el PP controlara la sala de lo Penal "desde detrás", algo que fue abortado al filtrarse la literalidad de los mensajes. Conviene insistir en este punto porque tal vez algún día, nuestros hijos e hijas, nietas y nietos, se asombren de que los ciudadanos podamos resistir semejante capacidad de caciquismo partidista en el poder judicial. Si es así, además, significará que les hemos dejado un país mejor y unas instituciones más dignas.

En mi opinión, Atutxa, Knörr y Bilbao fueron condenados por el Supremo y expulsados del Eusko Legebiltzarra por nacionalistas vascos y roja cómplice de éstos, respectivamente, aunque entonces es probable que muchas no lo percibiéramos, como quizás el PSOE está tardando en percibir que los cómplices de Alberto Rodríguez, EH Bildu y ERC, ahora y a ojos del Supremo y otras instituciones españolas del Estado profundo, que bien conocen, son los socialistas; los que lideran esa compleja coalición para la investidura de Pedro Sánchez, el mismo secretario general del PSOE que si puede volver a gobernar tras las generales de 2023, tendrá que repetir aliados. Por eso entiendo menos la decisión de Meritxell Batet, presidenta del Congreso, tercera institución del Estado, de acatar el sinuoso e inconcreto escrito del magistrado Marchena, precisamente, consciente como es éste de que Estrasburgo ya le avisó una vez. Y entonces no pasó nada. Entonces.


(*) Un recordatorio, para muy cafeteros: el 27 de junio de 2017, el Parlamento vasco celebró un acto de reconocimiento a Atutxa por haber defendido la "soberanía" de la institución al negarse a disolver a Sozialista Abertzaleak. El homenaje se celebró dos semanas después de que el TEDH condenara a España por la decisión del Supremo de inhabilitar al entonces presidente del Parlamento vasco, a Knörr y a Bilbao y asistieron todos los grupos de la Cámara menos el PP y el PSE-EE, hoy PSE-EE PSOE.