Dominio público

Los guarros de la línea en valenciano

Miquel Ramos

Manifestación por la cultura en País Valencià. EFE

En febrero de 2020, el colegio Mediterrani de Alicante envió a los padres y madres una circular para informar sobre una excursión. El centro siempre enviaba las cartas a las familias en las dos lenguas oficiales (castellano y valenciano), pero aquel día, el texto estaba redactado casi íntegramente en valenciano. Por error, tan solo contenía una parte en castellano. Esto desató la ira del padre de un alumno del centro. Dijo no entender el valenciano, que se habían vulnerado sus derechos y que esto no podía quedar impune. Llamó al centro pidiendo explicaciones y que se solventase ese error, a un día de la excursión, y, después de no aceptar las disculpas, denunció los hechos por vía penal. La directora y una profesora del colegio fueron acusadas de coacciones, prevaricación administrativa y de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. La causa sigue abierta y las dos docentes se enfrentan a quince años de inhabilitación.

El caso movilizó al resto de padres y madres del centro en solidaridad con la profesora y la directora, pues no entendían esta supuesta polémica y veían desproporcionada la reacción del padre en cuestión. "Queremos dejar patente, mediante las firmas adjuntas (más de 200), nuestro apoyo incondicional a la directora y a una de las profesoras en su profesionalidad y desarrollo de su labor pedagógica y en el extraordinario funcionamiento del centro en todos los ámbitos", rezaba el comunicado de las familias y del resto de docentes. Durante varios días, el centro empezaría a recibir llamadas telefónicas con amenazas contra el profesorado ‘por imponer el valenciano’, que fueron denunciadas ante la autoridad competente. «En esta escuela el ambiente siempre ha sido correcto, nos llevamos todos muy bien, siempre ha habido respeto entre las personas que elegían la línea en valenciano y las personas que elegían la línea en castellano», afirmaba la presidenta del AMPA del colegio. La mayoría de las familias y alumnos, por cierto, son castellanohablantes.

El padre que denunció al centro era entonces vicecoordinador de Vox en Alicante. Inmediatamente recibió el apoyo de Hablamos Español, una organización que se define como «apartidista» creada para defender «los derechos lingüísticos de los hispanohablantes», y que reivindica una política lingüística «basada en la libre elección de lengua», contra la inmersión lingüística en los territorios donde existe una lengua cooficial. Su presidenta es Gloria Lago, una profesora gallega que anteriormente presidió una organización similar, Galicia Bilingüe, que denunciaba la "imposición" del gallego en Galicia y del resto de lenguas del Estado español allí donde estas son también oficiales.

"No creo que una lengua sea una riqueza en sí misma. Ni siquiera es cultura", dijo Lago en septiembre de 2018 en una entrevista para El Español días antes de la manifestación que su organización había convocado en Barcelona bajo el lema "Contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento: Libertad". Esta semana, esta misma entidad se ha metido de lleno en el asunto de la escuela de Canet, donde una familia ha logrado que los juzgados obliguen al centro a impartir un porcentaje de las clases en castellano. Este caso, al contrario del de Alicante, lleva días ocupando tertulias y telediarios, centrando en gran medida el tema en la investigación de la Fiscalía de dos tuits amenazantes de dos personas ajenas al centro contra esta familia. La comunidad educativa del centro, así como padres y madres de los alumnos, se manifestaron esta semana contra la resolución judicial, que consideran un ataque a la inmersión lingüística ‘por motivos políticos’, y manifestaron su rechazo "a cualquier tipo de violencia y señalamiento, preservando por encima de todo los intereses de los niños y niñas de la escuela".

El caso ha servido para atizar de nuevo la campaña contra la inmersión o las políticas de normalización lingüística en los territorios bilingües, y acusar a quienes lo defienden de ser poco más que nazis. Nada nuevo, lamentablemente, para quienes a menudo somos habituales víctimas de estos relatos que ni los mismos que los enarbolan se creen, pero que los medios de comunicación se encargan de promocionar, y que hoy la ultraderecha y su comparsa nacionalista española transversal (de derecha a izquierda) acompaña a bombo y platillo.

Los mismos que acusan a quienes defienden la protección y promoción de las lenguas que se encuentran en situación de desigualdad de ‘politizar la lengua’, son quienes llevan décadas impidiendo su normalización. Quienes acusan de nacionalistas a los demás mientras despliegan banderas gigantes contra el nacionalismo y te recuerdan lo que pone en tu DNI cuando intuyen cualquier desviación identitaria. Lo vimos hace pocas semanas contra la oficialidad del asturiano, con manifiestos que advertían que, "detrás de cada lengua cooficial hay un proyecto separatista". Una campaña que se dedicó a recoger firmas y a inundar calles y redes de propaganda de odio afirmando que esta medida es ‘innecesaria, peligrosa e inasumible en lo económico’, y advirtiendo de que ‘mucha gente ha tenido que huir de Cataluña, País Vasco, Baleares, Navarra y Valencia’.

Cuando empecé secundaria a principios de los años 90, solo había tres institutos públicos en toda València que ofrecían educación en valenciano. Me recorría varios kilómetros cada mañana para poder recibir las clases en el idioma en el que me crie. La primera semana tuvimos un comité de bienvenida inesperado: los neonazis del barrio estaban en la puerta esperando ‘a los guarros de la línea’ (a quienes estudiábamos en valenciano). A uno de mis mejores amigos le rompieron la nariz. Otros recibieron varios golpes, e incluso humillaciones llenándolos de huevos y escupitajos. No vino ningún periodista al día siguiente. Tan solo una decena de antifascistas mayores que nosotros, miembros del Kasal Popular, el centro social que había en la misma calle, se presentó allí para defendernos y plantar cara a los neonazis.

Si hablamos de ‘politizar la lengua’, en València tenemos para una serie de varias temporadas. Lo de mi instituto es una de las miles de anécdotas que hemos vivido desde hace décadas, algunas tan graves como los atentados con explosivos contra escritores valencianos como Joan Fuster o Sanchis Guarner, los asaltos a la Universitat de València, los boicots a los conciertos de Raimon o la bomba contra el grupo Carraixet; las pintadas contra los pocos comercios que rotulaban en valenciano, o los innumerables ataques a la librería Tres i Quatre, que tiene el triste récord de ser la más atacada de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Y lo fue por vender libros en valenciano/catalán.

"En primer lugar os pido disculpas por si en algún momento me paso al valenciano. Es mi lengua materna y tengo ese defecto", dijo una vez la actual lideresa del PP valenciano cuando era alcaldesa de Torrent. Yo no pediré disculpas por hablar mi lengua. No lo hago por capricho. Pienso y hablo en valenciano. Y hablo y escribo también perfectamente el castellano, no se preocupen. Si a los políticos y a los principales medios de comunicación les interesa hablar de la ‘politización de la lengua’ o de nacionalismo intolerante, les invito a que hablemos con luces y taquígrafos. No solo sobre el caso de un niño en Catalunya, sino sobre todos esos niños y adultos que hablan otras lenguas (además del castellano, que lo sabemos hablar todos los habitantes del Estado español), y que tienen muchas otras historias que nunca merecen la más mínima atención en prime time. Cuando quieran, empezamos.