Dominio público

Las incógnitas sobre las alianzas de Yolanda Díaz

Sato Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en la reunión en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 22 de diciembre de 2021, en Madrid, (España).- Carlos Luján / Europa Press

El tiempo se nos echa encima y ya acaba un 2021 histriónico en lo político. Para el Gobierno de coalición, termina bien: el Congreso ratifica los Presupuestos que garantizan al Ejecutivo terminar la legislatura y, además, el Consejo de Ministros aprueba la reforma laboral. Esta, un texto hoy a debate sobre la profundidad y alcance de sus medidas, es, sin lugar a dudas, un gran logro político para el Gobierno de Pedro Sánchez (sobre todo por juntar las firmas de patronal y sindicatos) y otro revulsivo para Yolanda Díaz (principal artífice de la reforma). Díaz ha sido una de las dos figuras políticas del año en España junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Si lo prometido es deuda, próximamente comenzará el proceso de escucha activa de Díaz a la sociedad, primer paso en su carrera a una candidatura presidencial. La vicepresidenta segunda del Gobierno quiso esperar a finalizar la negociación de la reforma laboral para iniciar la construcción de su proyecto político con el que se presentará a las próximas elecciones generales. Un sujeto político todavía por definir, aunque se sabe que aspira a superar a los partidos políticos y a aglutinar a las izquierdas y más allá, una oda a la transversalidad.

Y eso que, una vez finalizada la mesa del diálogo social, todavía falta el acuerdo parlamentario para ratificar la reforma laboral. De momento, ERC y EH Bildu se muestran distantes con el actual texto, todas las fuerzas políticas quieren dejar su sello en el caramelito de la reforma laboral. A las izquierdas independentistas les gustaría poner más trabas al despido y dar más fuerza a la negociación autonómica de los convenios. Más allá del contenido, dependiendo de cómo gestione Díaz esta negociación podremos reflexionar sobre cuál será la política de alianzas de la gallega.

Díaz y los suyos llevarán a cabo su proceso de escucha a la sociedad civil durante los próximos meses por toda la geografía española para, con las aportaciones recogidas, elaborar una propuesta programática en base a la cual articular, de cara al 2023, una candidatura. Será en ese momento final cuando está previsto que llegue el barrizal de nombres y siglas, de listas y coaliciones, y no antes.

El recorrido de Díaz será susceptible de modificaciones en base a un calendario político que ella no maneja. De momento, el 13 de febrero se celebrarán elecciones autonómicas en Castilla y León, unos comicios que la política gallega quiere separar de su plan y a los que se presentará Unidas Podemos con pocas esperanzas de obtener un buen resultado. Las elecciones andaluzas no tienen fecha todavía, pero han de celebrarse seguro este 2022. Quizás estas sean el estreno de Díaz como referente de un espacio electoral unido que, aquí sí, aspira a ser más amplio que Unidas Podemos, algo que no está fácil por las diferencias políticas y estratégicas de Adelante Andalucía (con Teresa Rodríguez al frente) y Andaluces Levantaos (con Más País, de Íñigo Errejón, dentro).

Cuando elabore el programa político de su proyecto, Díaz habrá de tomar decisiones de calado y posicionarse sobre temas de país sobre los que, hasta el momento, ha preferido pasar de puntillas para centrarse primordialmente en sus competencias del Ministerio de Trabajo. De especial relevancia (entre otros) será su planteamiento sobre uno de los aspectos atávicos españoles: la cuestión nacional. El espacio de Unidas Podemos presume de creerse la plurinacionalidad, pero dependiendo del momento la ha desarrollado de forma diferente. Y es que, dependiendo de qué lectura haga el nuevo proyecto de Díaz de la cuestión nacional, deberá diseñar su plantel de alianzas políticas y estratégicas con otras fuerzas.

Hagamos memoria. En la primavera del año año 2018 (tras los convulsos sucesos de Catalunya del otoño del 2017) se fraguaba en el Congreso una mayoría parlamentaria alternativa a la derecha española, la cual permitió expulsar al Gobierno de Mariano Rajoy de la Moncloa a partir de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. Una mayoría con dos características principales, es plurinacional y progresista, un punto de encuentro y de colaboración política entre fuerzas muy dispares.

Con matices en sus componentes, esta mayoría evolucionaría hasta la de la investidura que permitiría que el actual Gobierno de coalición tomara posesión a principios del 2020 y que ha facilitado que este saque adelante las principales medidas adoptadas en lo que llevamos de legislatura. Lo último, los Presupuestos del 2022, el martes 28 de diciembre.

Sobre esto, Pablo Iglesias teorizaba acerca de la construcción de una nueva dirección de Estado allá por diciembre de 2018, una reflexión que acompañaría buena parte de su acción política hasta que abandonara la primera línea. Según el exvicepresidente, frente a las tres derechas de marcado carácter nacionalista español (entonces PP, Ciudadanos y Vox; ahora los naranjas pintan poco) existía otra dirección posible a la que se habrían de incorporar fuerzas nacionalistas periféricas e independentistas, como ERC, PNV o EH Bildu, las cuales tendrían que asumir, antes o después, responsabilidades en la gobernanza del Estado. Una idea que dotaba a la mayoría parlamentaria de la investidura de la relevancia de un bloque histórico llamado a entenderse.

A este análisis teórico de Iglesias, Unidas Podemos le otorgaba un lugar central y, en el día a día, lo intentaba poner en práctica convirtiendo a los aliados de la investidura en socios preferentes para sacar adelante leyes en el Parlamento. De esta manera, conseguían frenar, en varias ocasiones, la constante tentación del PSOE de mirar al centro y dar relevancia política a Ciudadanos. Una estrategia del PSOE (la llamada geometría variable) que buscaba dos objetivos. Por un lado, apariencia de moderación tras los acuerdos con los independentistas; por otro, intentar resucitar a Ciudadanos tras la estrategia autodestructiva de Albert Rivera.

Hoy, si la reforma laboral no contara con los votos de los soberanistas de izquierdas, el Gobierno podría intentar sumar a Ciudadanos. Inés Arrimadas enmendaba hace unos días la estrategia de Rivera del 2019, atar la suerte del partido únicamente a alianzas con el PP, perdiendo el centro y la posibilidad de entendimiento con el PSOE. La reforma laboral, al contar con el apoyo de la CEOE, podría ser una buena pista de aterrizaje para un intento de cambio de estrategia naranja para el nuevo ciclo electoral que se inicia en Castilla y León, separándose del PP y acercándose a un centro olvidado.

Aunque de momento, ERC y EH Bildu aseguran que votarán ‘no’ a la propuesta de Trabajo, patronal y principales sindicatos, la negociación parlamentaria todavía no ha comenzado (Trabajo ha mantenido alguna reunión informativa con ellos mientras se desarrollaba el diálogo social) y esa es la propuesta de máximos de los soberanistas. En cualquier negociación política, la posición de salida es diferente a la de llegada. Los grupos del Congreso tendrán que ratificar el real decreto-ley para que este no decaiga en un plazo de 30 días hábiles (este jueves se publica la reforma laboral en el BOE) y después podrán pactar que se tramite en el Congreso la ley, para alargar la negociación y hacer sus aportaciones en la Cámara.

EH Bildu, que logró que PSOE y Unidas Podemos, mediante Adriana Lastra y Pablo Echenique, se comprometieran en marzo del 2020 a derogar "de forma íntegra" la reforma laboral del PP, busca hoy influenciar en la nueva norma para endurecer las condiciones de despido para los empresarios y diferenciarse así del PNV (partido que ve bien la norma, pero que quiere darle más importancia a la negociación).

La izquierda independentista vasca aspira a disputarle la hegemonía en Euskadi a los jetzales. Quiere ganarles en las urnas para hacerse, por primera vez, con la lehendakaritza. Los principales sindicatos vascos, ELA y LAB, han sido críticos con el texto negociado por CCOO y UGT. La situación de ERC es diferente, pues los sindicatos con más relevancia en Catalunya (y entre las propias filas republicanas) son, de hecho, CCOO y UGT.

Yolanda Díaz tendrá que diseñar, pues, en el proceso de construcción de su sujeto político, cuál será su estrategia de alianzas y cuál desea que sea su relación con los partidos soberanistas de las diferentes naciones del Estado. Con acento gallego, la vicepresidenta tiene buena aceptación demoscópica en estos territorios, en los cuales prima el voto dual (electores que se decantan por una opción en comicios autonómicos y por otra en estatales), del cual se podría ver beneficiada.

En estos territorios compite con ERC, EH Bildu y BNG, formaciones que miran de reojo el despegue de Díaz en las encuestas, pero que al mismo tiempo son posibles aliadas y han de entenderse. Ya se ve cómo estas fuerzas políticas son necesarias para la conformación de mayorías alternativas a las derechas en el Congreso. Al mismo tiempo, las izquierdas soberanistas han de explorar alianzas en sus territorios con las izquierdas de ámbito estatal si quieren ser alternativa de gobierno a las derechas nacionalistas periféricas (el espacio postconvergente y PNV). ERC ya se entiende con los comunes en diferentes niveles administrativos catalanes, y han pactado los Presupuestos de la Generalitat del 2022.

La negociación de Díaz con estas formaciones sobre la reforma laboral puede ser un aperitivo, un prólogo que ayude a descifrar cuál será su apuesta para el entendimiento con las mismas una vez desarrolle su propio proyecto político. Un proyecto político que es hoy una incógnita y que, con toda probabilidad, será uno de los protagonistas políticos del año que viene. Y las revelaciones que se vayan dando sobre las alianzas de Díaz, en definitiva, no será más que una simplificación de cuál será su visión y su proyecto sobre cómo gestionar la plurinacionalidad del Estado.