Dominio público

La reforma laboral y la izquierda española

Arnaldo Otegi

Coordinador general de EH Bildu

(I-D) El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparecen tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid (España).- A. Ortega. POOL / Europa Press

En mi anterior articulo, hacía una reflexión en torno a la necesidad de que el bloque de la investidura no se construyera solo como un freno al acceso de las derechas autoritarias al Gobierno del Estado, sino que debería servir para construir un bloque de izquierda plurinacional y antiautoritaria que liderara un programa claro de trasformaciones democráticas en términos sociales, económicos y territoriales.

En este contexto, el proceso sobre la derogación, o no, de la reforma laboral está siendo, es y va a ser, una especie de "prueba del algodón política" en una coyuntura de gran inestabilidad y fragilidad, para testar la relación de fuerzas reales y la capacidad de las izquierdas españolas para poner en marcha transformaciones democráticas de carácter cualitativo.

Para analizar adecuadamente la situación necesitamos recordar que la reforma laboral vigente entró en vigor como fruto de una decisión adoptada en 2012 por el Gobierno del PP, con el apoyo exclusivo de la CEOE. Rajoy y el PP utilizaron su mayoría absoluta para recortar derechos a los trabajadores/as del conjunto del Estado, facilitando una formidable transferencia de poder a los empresarios en las relaciones laborales, dando un golpe estructural a la ya de por sí desequilibrada estructura normativa entre capital y fuerza de trabajo en el Estado español.

Facilidades para la utilización de la precariedad como instrumento de explotación y acumulación de capital, facilidades para el despido y su abaratamiento, condicionamiento de la negociación colectiva con la derogación de la ultraactividad y la centralización de la misma eran, entre otros, los contenidos de una reforma laboral que tuvo el rechazo de la izquierda española (partidos y sindicatos) y en Euskal Herria de una mayoría sindical soberanista, que con el apoyo de la izquierda independentista, respondieron a la misma con movilizaciones de carácter masivo y con varias huelgas generales. A pesar de ese rechazo popular, político y sindical, el PP no dudó en imponer unilateralmente una reforma que, además de una enorme agresión a los trabajadores/as y a sus derechos, era una clara imposición al ecosistema político y sindical vasco.

Desde ese momento, Podemos, CCOO y UGT en el Estado han venido planteando como objetivo su derogación tanto en sus programas electorales como en sus posiciones políticas públicas y privadas. Mientras que el PSOE ha defendido la eliminación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. La derogación íntegra de la reforma laboral fue una cuestión central del acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos y, así mismo, lo fue en el acuerdo suscrito por EH Bildu con PSOE y Podemos.

En estos casi dos años, el inicial compromiso de derogación integral ha ido devaluándose ante las posiciones cerradas de la CEOE y las presiones de la UE dentro de un escenario pandémico propicio para especulaciones de todo tipo y naturaleza. En este tiempo hemos observado con preocupación cómo desde el Gobierno surgían sucedáneos lingüísticos como la "modernización" de las relaciones laborales, que empezaron a activar todas nuestras alertas.

Nuestras prevenciones y temores se vieron acrecentados por un modelo de negociación que ha primado el consenso en un marco de "diálogo social" (sin presencia de la mayoría sindical que representa a los trabajadores vascos) sobre el consenso entre las fuerzas políticas que dieron y siguen dando estabilidad a este Gobierno. Máxime cuando hemos percibido que la vicepresidenta de Gobierno, con su objetivo de consenso en ese marco de diálogo social, daba a la CEOE una capacidad de veto sobre sus contenidos que nos alejaba de una derogación de la reforma y nos condenaba a alcanzar  objetivos de mucho menor alcance.

Es decir, y lo decimos desde el máximo respeto político y personal, aquí se ha primado la foto de un falso "consenso social" sobre los contenidos de la propia reforma. O dicho de otra forma, Yolanda Díaz ha priorizado la firma de la CEOE frente a la posibilidad de apostar por la derogación de la reforma laboral en su integridad con la mayoría política de la investidura. ¿Por qué las derechas no tienen escrúpulos en legislar sin el apoyo de sindicatos y algunas izquierdas, sin embargo, tienen  enormes complejos en dejar a la Patronal fuera? ¿Alguien piensa que en el actual contexto político la CEOE va a firmar y a avalar una "contrarreforma" que neutralice estructuralmente lo que significó la reforma laboral de Rajoy?

El Gobierno de Sánchez y el Ministerio de Trabajo sabían que dar prioridad a la CEOE en un acuerdo significaba reducir radicalmente la dimensión de la derogación de la reforma laboral. Y así ha sido. ¿Ese condicionamiento era una "sugerencia" de la UE para el desbloqueo de los fondos europeos o ha sido una opción consciente del Ministerio de Trabajo desde el inicio de esta andadura?

Con todo, nos encontramos frente a un acuerdo con un alcance muy limitado y, desde luego, muy lejos del calificativo de "histórico". Es cierto  que algunos contenidos han sido rectificados, que podemos llegar a considerar que se ha producido una parcial recuperación de algunos derechos pero, desde luego, no estamos  ni ante la derogación íntegra de la reforma laboral, ni tan siquiera de sus aspectos más lesivos. Esta reforma no va a solucionar la precariedad, no toca la normativa referente a los despidos (ni a sus causas, ni al control administrativo, ni a las indemnizaciones) y, desde nuestra perspectiva nacional, socava estructuralmente la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos vascos nacionales y de clase que conforman la mayoría en nuestro país.

Y ahora, ¿qué hacer? Han cerrado un acuerdo con CCOO-UGT y la CEOE en unas negociaciones donde no hemos tenido ni la más mínima participación y escasa o nula  información. Las cosas se han hecho rematadamente mal si la apuesta era la de aprobar una reforma estructural con la mayoría de la investidura. En las próximas semanas se abre un periodo de oportunidad para rectificar algunas cuestiones que consideramos básicas para evitar un voto, que a día de hoy, es rotundamente contrario a esta reforma de la reforma. Para EH Bildu, la "desestatalización" de la negociación colectiva, junto al bloque que afecta a los  despidos, son cuestiones determinantes para evitar nuestro "no" a esta reforma.

Está en manos del PSOE y Podemos evaluar si vale más el apoyo de la CEOE que el de los socios que han venido apoyando o dando soporte a este Gobierno. EH Bildu va a llevar al debate de las enmiendas un programa de mínimos acorde con las reivindicaciones del sindicalismo vasco y las organizaciones sociales y populares. Seremos su voz en el debate de enmiendas, y nuestra posición final también será acorde, en lo posible, con el movimiento sindical y social vasco.

Somos conscientes de que en este debate se dirimen muchas cuestiones que evidencian que estamos ante una encrucijada clave en la presente legislatura y, como decía al principio, en un punto que podemos considerar como una especie de "prueba del algodón política" de la ventana de oportunidad que hemos impulsado y queremos seguir impulsando. La gestión en forma y fondo de esta cuestión nos preocupa mucho, pues nos va a señalar la "medida" de hasta dónde y cómo puede este Gobierno abordar otros temas de alcance en los próximos años.

Si se ha hecho esto con la reforma laboral, ¿qué pasará con las pensiones o cuál será la posición de este Gobierno en la transformación del agotado modelo territorial ante las múltiples presiones políticas y fácticas existentes también en este ámbito? Si se sucumbe al argumento de la "defensa de la unidad de mercado" para hacer prevalecer el ámbito estatal frente a la negociación colectiva provincial o autonómica, ¿qué márgenes existen para abordar la plurinacionalidad y su reconocimiento en el Estado? ¿No es acaso este un argumento similar al que se aduce para negar la plurinacionalidad y el derecho a decidir de los pueblos? La izquierda española debe de entender, y lo decimos con el máximo de nuestros respetos, que la plurinacionalidad se defiende y se ejerce respetando las diferentes realidades sociales, económicas y sindicales de las diferentes naciones del Estado.

EH Bildu va a actuar con  la máxima responsabilidad pero con la debida firmeza. Nosotros tenemos palabra y respetamos los acuerdos. Nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Sobre estas premisas hemos construido nuestra credibilidad en nuestro pueblo. O el acuerdo se modifica o no avalaremos esta reforma laboral. En cualquier caso, y pase lo que pase, EH Bildu seguirá manteniendo como premisa que en la vida, como en la política, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende.

No estaremos en la política de buscar y señalar los agravios, no tenemos interés en ello. No avalaremos esta reforma laboral, si no se modifica, pero no cejaremos en nuestro empeño de buscar espacios de encuentro y compromiso entre las izquierdas plurinacionales del Estado.