PEDRO ARROJO

Con los problemas de agua de Barcelona, una vez más, resurge el debate hidrológico como un arma política y no como un camino para buscar soluciones. Vuelve a promoverse la discusión en torno a los trasvases del Plan Hidrológico Nacional (PHN), en lugar de profundizar el debate sobre la prevención y gestión de sequías, cuestión que el PHN ni siquiera se planteó.

De hecho los trasvases son pésimas herramientas para gestionar sequías. Sencillamente porque éstas suelen ser regionales. Cuando el Segura sufre un ciclo seco, el Júcar y el Ebro también suelen sufrirlo. El propio proyecto de trasvase del Ebro preveía, en la letra pequeña de los anexos, que uno de cada cinco años, cuando hubiera sequía, no podrían trasvasarse caudales. Si finalmente hubiéramos confiado en esa estrategia, habríamos asistido estos años a cortes de agua en el sudeste peninsular. Afortunadamente, el Gobierno optó por la desalación, que sí es fiable en sequía.

En el caso de Barcelona, paradójicamente, nos encontramos con graves problemas hoy, pero con un futuro en el que el abastecimiento estará holgadamente garantizado. La ciudad vive sobre dos acuíferos alimentados por el Besòs y el Llobregat. De hecho, tradicionalmente se han bombeado desde el metro millones de metros cúbicos para evitar su inundación. El problema es que tales acuíferos están contaminados. Pero en todo caso, pueden obtenerse caudales de calidad sin más que someterlos a un proceso de ósmosis inversa, similar al que permite desalar el agua de mar; aunque; eso sí, a mitad de coste. Tales acuíferos pueden y deben ser piezas estratégicas de sequía en el futuro. En la actualidad, el acuífero del Besós se está desalobrando a unos 0,25 euros/m3. En todo caso, estando en línea de costa, Barcelona dispone del mar. Hoy obtener un metro cúbico de agua de alta calidad, es decir 1000 litros, por desalación de agua marina, empleando las más modernas tecnologías, supone apenas 0,4 euros/m3. En esta línea trabaja de hecho la Agencia Catalana del Agua.

El problema es que la gran planta de desalación del Llobregat, actualmente en construcción, llega tarde para resolver la situación actual. Cuando esté en funcionamiento, con una producción de 200.000 m3/día, Barcelona tendrá garantizado su abastecimiento, incluso en ciclos de sequía extrema, a un coste muy inferior al que supondría ese otro famoso trasvase del que ha vuelto a hablarse estos días, el del Ródano. El coste previsto hace más de diez años, de 0,7 euros/m3, hoy no bajaría de 1 euro/m3; es decir, cuatro veces más que la desalobración del acuífero y más del doble que la desalación marina.

Aclarada esta perspectiva, lo que se necesita, en cualquier caso, son soluciones para la situación de emergencia actual. El enfoque propuesto por Cristina Narbona es sin duda el más razonable: organizar lo que en la Ley de Aguas se denomina un centro de intercambio (figura similar al Banco de Aguas de California), que negocie la adquisición de derechos de riego. La sequía de Sevilla a principios de los 90, que supuso cortes de agua a cientos de miles de familias, se acabó resolviendo con una oferta a los regantes de apenas 7 pts/m3. Las recientes transferencias de derechos de agua en sequía, bajo control público, en el Tajo y en el Guadalquivir, se han movido en torno a 0,2 euro/m3.

La Generalitat tiene, sin duda, una importante responsabilidad por no haber diseñado una estrategia de este tipo con tiempo. Sin duda, el temor a que el tema fuera usado como arma electoral por una oposición para la que todo vale, permite entender el porqué de esa aparente falta de previsión, aunque no la justifica.

La improvisada alternativa de un trasvase de emergencia desde el Alto Segre parece tan inconsistente como ineficaz, pues de hecho, también el Segre está en estrés hídrico. La única opción razonable, sería negociar la recuperación de caudales de riego desde un centro de intercambio para poder garantizar el abastecimiento a Barcelona, sin detraer caudales ambientales en la cuenca del Ebro y en particular en el Delta. En California, de los caudales adquiridos por el Banco de Aguas, se dejaba en los cauces una proporción equivalente al agua que volvía como retorno de riego y sólo el resto se adjudicaba a nuevos usuarios en emergencia, que pagaban los costes correspondientes.

Aplicando esta estrategia, el Delta recibiría, cuando menos, los mismos caudales, pero en mejores condiciones, al no quedar contaminados por nitratos y pesticidas. En todo caso, mientras no se garantice el régimen de caudales ambientales del Delta establecido por el equipo de expertos designado por la Administración, es difícil que este tipo de opciones sea aceptada en el Bajo Ebro. Aquí entran en juego otras responsabilidades: las de los Gobiernos de Aragón, Navarra e incluso de la propia Generalitat, que mantienen proyectos de nuevos regadíos tan irracionales desde el punto de vista económico, como insostenibles desde las perspectivas vigentes de cambio climático.

Pedro Arrojo, Dpto de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza

Ilustración de Enric Jardí