Imaginen que yo tengo una hermana que es secretaria de Estado. Imaginen que una de las empresas públicas que dependen de su departamento lanza una oferta para un proyecto de comunicación sobre las consecuencias de no protegerse contra la covid –pongamos– en los aviones. Como es una oferta de emergencia en pandemia, se otorga sin más al mejor proyecto sin concurso público.

 Imaginen que yo tengo una colega con una agencia de comunicación y le digo que vamos a medias para la oferta, si la conseguimos, y que presente la oferta con su agencia porque la ley sí prohíbe que se presente un familiar. Imaginen que la logramos y sale mi nombre publicado, dejando una zona oscura tras de sí en la que se desconoce si mi hermana conocía mi proyecto y cuál fue mi papel en esa adjudicación. Solo se sabe que cobré una parte de dinero público de una empresa ídem que depende de la Secretaría de Estado que dirige mi hermana y a ustedes, ciudadanos y ciudadanas que pagan con sus impuestos la oferta que me paga a mí, se les exige que haga un ejercicio de fe sobre mi comportamiento y el de mi hermana en esa zona oscura que algunos dicen que no tenemos que explicar porque hay presunción de inocencia, pero parece que ninguna responsabilidad política por parte de mi hermana y moral por mi parte, profesional del periodismo. Todo ello, aunque los pagos a mi persona, con 25 años de experiencia también en administraciones y empresas, hayan sido confirmados por mi hermana en público y en la prensa, que hace escrupulosamente su trabajo denunciándolo.

Pueden imaginar mucho porque, de inicio, a mí no se me pasaría por la cabeza meter las narices -y la cartera- en una Secretaría de Estado que dirigiese mi hermana, comunicándoselo o no, bajo ningún pretexto y menos para obtener dinero público. Y pueden imaginar aun más porque mi hermana jamás me permitiría participar en semejante cosa, sin concurso o con él. Es lo que yo llamo una consideración exquisita por el dinero de todos y es lo que a mí me enseñaron a exigir y respetar; en definitiva, me enseñaron decencia. De tal forma que, como ciudadana y pagadora de impuestos, es lo que pido a mis gobernantes, a todos/as. Decencia sin matices con mi dinero y el del resto de compatriotas.

Todo esto lo traté de explicar, con poco éxito me temo, en la última tertulia de Las Claves del Siglo XXI, de TVE, este viernes, hablando del liderazgo del PP y de las informaciones sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con familiares de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sobre todo, con su hermano Tomás, pero también con un socio de su madre, como desveló Público.

 Tal vez, al Partido Popular y a sus votantes, les guste más esta cita del filósofo Fernando Savater: "La ética es la convicción humana de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación a otros". Efectivamente, el comportamiento de los empleados públicos, sean fijos o eventuales, como los cargos políticos, los partidos o todo organismo público y privado que establezca una relación con ellos, requieren un tipo de acción que no debe ser comparable al resto, sino que tiene que ir muy por encima de la legalidad y sus sanciones de todo tipo; tienen que ser tasados conforme a su ejemplaridad y su decencia. Conforme a una ética política que, desde luego, la contratación o negocio de familiares de responsables públicos no incluye.

Es imposible que España, un país de historia marcada durante siglos por su "corrupción patológica", en palabras de Giovanni Sartori o en muchas otras de Ortega y Gasset en idéntico sentido, evolucione en cualquiera de sus dimensiones -política, social, económica, territorial...- si no elevamos los parámetros actuales con los que concluimos que el comportamiento de un/a política es intachable. Alemania nos lleva mucha ventaja en esto, sin duda; allí dimiten los ministros por copiar tesis de hace 20 años o currículos de acceso profesional, pero en Hungría -que no es precisamente una democracia plena- dimitió un presidente en 2012 por plagiar unas páginas de su doctorado y en Reino Unido, un lord lo hizo "por vergüenza" al llegar dos minutos tarde a la sesión de la Cámara de los ídem. Una primera viceministra dimitió en Suecia por pagar poco más de 35 euros por dos chocolatinas y un vestido. ¿Imaginan estos casos en España? Rían, rían...

 Los controles públicos en nuestro país, en todas sus administraciones e instituciones, son muy mejorables, pero no solo eso; la cultura democrática de los y las españolas se ha instalado en niveles muy bajos. En Roma, desde donde escribo estas líneas, me contaba un funcionario español de nuestra embajada que el problema de Italia con Silvio Berlusconi, que la gobernó a su sonrojante antojo durante años, no era el control de la Justicia o la propiedad de los medios de comunicación, sino que la mayoría de italianos que le votaban quería ser como él. No lo veían como un corrupto de libro, sino como un ejemplo a seguir. ¿Les suena?

 Urgen las asignaturas sobre ética y cultura democrática en las aulas y sobran la religión católica y su apología de la desigualdad. La política como forma de vida y como negocio, el primum vivere, deinde filosofare, deben rechazarse con repulsión, incluso; como una amenaza contra nuestros intereses, que lo es e irreparable. Pero para eso, como para todo, primero necesitamos educación.