El día de año nuevo de 2014 empezaba a materializarse la idea de la conformación de una alternativa partidista al Partido Popular por la derecha, y así lo adelantó Público; otra entidad política que cubriese las demandas de un conjunto de dirigentes, militantes y votantes del PP muy descontentos con el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trataba, sobre todo, de reivindicaciones culturales e identitarias, relacionadas con el rechazo a los nacionalismos catalán y vasco, con la denuncia del trato injusto dado a las víctimas de ETA en cuanto Rajoy llegó al poder y a un afán recentralizador que convertía, asimismo, a los discrepantes en radicales nacionalistas españoles.

Tuve la oportunidad de entrevistar ya antes de la salida de Santiago Abascal del PP a Alejo Vidal-Quadras en un acto de la Fundación Denaes presidida por el hoy líder de Vox. Estos eventos serían el germen de la actual tercera fuerza parlamentaria, con muy poco éxito electoral en sus inicios. Vidal-Quadras iba acompañado de Iván Espinosa de los Monteros y el acto, aunque celebrado en el Husa Princesa, un hotel de Madrid, estaba a rebosar. Allí estaban también, me explicó Vidal-Quadras, los descontentos con la corrupción del PP en plena efervescencia del caso Bárcenas. 

Es positivo recordar estos momentos porque, en estos tiempos, una podría llegar a imaginar que, ante la creciente aunque lenta oleada de apoyos, el CNI podría haber decidido espiar entonces a estos dirigentes allí congregados como germen de la misma ultraderecha que este domingo salió a combatirse en Francia, con mensajes de "cordón sanitario" llegados de toda la Unión Europea y, seguro que en más de un caso, votando muchos/as franceses con una pinza en la nariz para lograr una diferencia mínima entre Macron y Le Pen.

No nos consta el espionaje en esos días exactos de 2013 (la entrevista) y 2014 (el acto con descontentos del PP), aunque, según informó El País la semana pasada, el CNI compró a NSO Group el sistema Pegasus "en la primera mitad de la pasada década", por lo que podría haberse efectuado aun antes que a los independentistas catalanes y vascos. ¿Por qué no? ¿Acaso no suponen Vox en España, Rassemblement national en Francia, Fidesz en Hungría, Ley y Justicia en Polonia o Liga en Italia los riesgos de autoritarismo y retroceso democrático en Europa contra los que nos alertan historiadores, analistas o defensores de los derechos humanos día sí, día también?

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Porque no. Porque no se espía a la gente desde las instituciones del Estado por sus ideas políticas, ni el CNI ni nadie, aunque sean tan antidemocráticas como las de Vox. Lo más grave de todo esto, y que dice mucho del virus contra la cultura democrática que se ha inoculado en una parte de la sociedad española, es que estos días, conocido el alcance del espionaje con Pegasus, hay quien dentro del Gobierno ha tratado de quitar hierro al asunto y solo vio las orejas al lobo cuando ERC amenazó con dejar caer la legislatura si Pedro Sánchez no toma medidas contundentes contra este asedio vergonzoso, incluidas dimisiones en su seno. Es, desde luego, lo mínimo que se puede hacer.

"Como son independentistas, no es tan grave", pensaban algunos, mientras otros se han dedicado estos días a justificar directamente ese espionaje amparándose en que el juez designado del Supremo podría haber autorizado a la inteligencia española a contaminar los teléfonos móviles con Pegasus conforme a la ley con la que nació el CNI, que recoge como una de sus funciones la de "prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España".

Más allá de que el espionaje se realizó después del procés, esta justificación es un disparate a poco que se piense en términos democráticos. Los demás razonamientos, claro, son otra cosa, porque si estamos justificando que una ideología legítima -y en el caso de Catalunya, con mayoría en el Parlament que le permite gobernar-, "es una amenaza a la integridad territorial de España", estamos poniendo en cuestión la esencia de la democracia misma, donde caben tanto los legítimos nacionalismos independentistas como la amoral negación de muchos derechos humanos por parte de la ultraderecha.

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De hecho, ésa es la diferencia entre los partidos democráticos y los antidemocráticos: los segundos caben en el país de los primeros, pero los primeros no caben en la concepción de país de los segundos. El Gobierno se enfrenta a una crisis institucional mucho mayor de lo que calibró espontánea e ingenuamente al principio de conocerse las informaciones sobre la magnitud del asunto Pegasus, y no solo porque ERC pida respuestas al máximo nivel para no romper con el PSOE. Sánchez tiene que demostrar a los independentistas y a la sociedad entera que sus votos no son de segunda, o directamente inválidos, frente a los no independentistas, como precisamente han cacareado Vox, Ciudadanos y el PP desde que la coalición progresista gobierna gracias al apoyo de la izquierda independentista y no independentista.

Si el PSOE deja algún resquicio de duda sobre la implicación de su parte de Gobierno en asunto Pegasus, acabará dando la razón por la vía del CNI al discurso de Pablo Casado y de Abascal: "Somos un Gobierno ilegítimo porque gobernamos gracias a una ideología ilegítima, y por eso ordenamos espiar a sus representantes". No sería la cuadratura del círculo, serían los socialistas en sus complejos históricos.