Cuando este periódico publicó el vídeo que confirmaba que gendarmes marroquíes habían saltado la valla de Melilla para golpear a migrantes que estaban en suelo español y ayudar mediante la fuerza a policías y guardias civiles a realizar las devoluciones de estos seres humanos a Marruecos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo tachó de "falsedad".

 Su reacción nos habría provocado la risa en Público si el asunto no fuera un drama en el que habría muerto asfixiados, golpeados o asesinados 37 personas al intentar cruzar esa valla el pasado mes de junio, según han denunciado incansablemente varias ONGs (Marruecos cifra en 23 la cifra oficial de muertos). No nos reímos, por tanto, de la desfachatez de Marlaska, que estaba negando algo que todo el mundo podía ver en este periódico, que otros medios reprodujeron en España y fuera de ella y que suponía la constatación, una vez más, de que los responsables políticos de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado siempre defenderán a éstas por encima de la palabra -y hasta la imagen- de organizaciones pro derechos humanos, periodistas y personas comprometidas, en general, con la defensa de los más vulnerables. No nos reímos de la negativa de Marlaska, no; en realidad, se nos encogieron las entrañas con su frialdad.

El viernes pasado, el Defensor del Pueblo avanzó una parte de su investigación -que sigue en curso- sobre la matanza de Melilla e informó de que, efectivamente y como denunciaron supervivientes y las ONGs denunciantes, 470 de los migrantes que intentaron llegar a España a través de la frontera de Melilla fueron devueltos ‘en caliente’ por Interior, es decir, sin respetar la ley española ni los mínimos derechos humanos de los migrantes.

Es posible que el hecho de que este informe llegara a las redacciones un viernes por la tarde, en medio de la vorágine informativa en que vivimos, donde cada noticia es empequeñecida por la siguiente de forma inmediata, hizo que tuviera menos impacto del que se podría prever y esta semana apenas se hable de ello, pero el hecho, asimismo, de que una institución presidida por un exministro del PSOE y excandidato ídem a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se pronuncie de forma tan contundente e independiente contra las violaciones de derechos humanos por parte de un Gobierno "progresista" es un pequeño alivio en medio de tanto dolor que se va acumulando en España entre la desigualdad, la pandemia, la guerra, la pobreza infantil, la energética, alimentaria o la falta de vivienda y perspectivas vitales. Lástima que el Defensor llega a donde llega y no puede obligar a juzgar a nadie.

 Por supuesto, Marlaska se ha apresurado a desmentir los datos del Defensor del Pueblo, burlándose una vez más de investigaciones y pruebas, en este caso, además, institucionales. Desconozco durante cuánto tiempo se puede resistir tanta aberración junta contra los derechos humanos desde un Ministerio que se salta impunemente la ley, como todo apunta. Y presiento que no va a pasar nada, una vez más, porque la complicidad en la defensa de las fronteras por encima de las vidas y los derechos humanos supera el ámbito estatal y coloca a España al mismo nivel que Polonia, por ejemplo, en su maltrato a migrantes sirios o afganos que huían de las guerras donde los abandonamos a su suerte. Ni los sirios, ni los afganos de Polonia, ni los sudaneses que recalaron en Melilla son ucranianos, por lo que no merecen ni la más mínima consideración, ni siquiera, con arreglo a las leyes propias, que amparan en teoría a esos sirios, afganos, sudaneses, ucranianos o a cualquiera que escape de la persecución o la guerra.

 Fíjense si mi pesimismo está justificado que lo que ocurre en España o Polonia no es una improvisación, fruto de la mala suerte o de la torpeza, sino que forma parte de una estrategia europea que ha colocado la seguridad en las fronteras por encima de los derechos humanos y todas las vidas: un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha constatado que Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras, conoció y amparó devoluciones en caliente en alta mar, con la consecuente violación de los cacareados derechos humanos en migrantes y, encima, imponiendo situaciones de humillación y abusos a varios colaboradores de la agencia contrarios a estas prácticas. No es la primera vez.

 El Ministerio del Interior se ha convertido en el muro contra el que choca una realidad vergonzante que amparan las más altas instituciones de los estados miembros y de la Unión Europea. Marlaska es un mandado que ha aprendido a negar realidades dramáticas sin inmutarse, ese es el mérito prioritario de un titular de Interior ahora. Reventamos los derechos humanos mientras los nuevos fascismos campan a sus anchas propugnando lo mismo que hacen las presuntas democracias a escondidas y con la mentira descarada por delante. Es difícil digerir tanta repugnancia.