En octubre de 2012, el presidente madrileño y corrupto de toda corruptibilidad, Ignacio González, presenta su primer presupuesto autonómico, la ley más importante de cualquier gobierno, y además, anuncia el proyecto estrella de la legislatura: impone un euro obligatorio por receta médica y confirma que se emprenderá la privatización de la gestión de seis hospitales públicos -incluidos sus centros de especialidades- y 27 centros de salud. Como respuesta a esta embestida neoliberal contra la sanidad pública del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, liderado por el pupilo (acá, "rana") de Esperanza Aguirre, nace veinte días después la marea blanca de sanitarios y defensores de la sanidad pública, hermana de la marea verde que lucha por la educación ídem.

El euro por receta, un impuesto encubierto, es paralizado enseguida por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno de Mariano Rajoy, del mismo PP que González, así que imaginen cómo sería de disparatada la medida. Sobre el plan de privatización, se interesan varias empresas, que van como moscas a la miel al suculento negocio que es la salud de los madrileños. Entre tales empresas, está, por supuesto, Ribera Salud, que se hizo rica con la salud de los y las valencianas -sobre todo, pero no solo- y que no hace mucho, ha dejado tirados a varios hospitales concertados gallegos que le adjudicó el "buen gestor" Alberto Núñez Feijóo al venderse a un fondo francés sin avisar. Con la decisión privatizadora de González anunciada en 2012, quedan en el aire más de 3.000 empleos de sanitarios/as madrileños.

Fue en 2013, por primera vez, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paraliza el proyecto estrella de privatizaciones de González y de su consejero de Sanidad, cerebro auténtico de la operación, Javier Fernández-Lasquetty. Éste se viene arriba y garantiza públicamente que la privatización seguirá su curso, guste o no, y pese a las decisiones judiciales. Menos de un año después, en 2014, sin embargo, y con 15 mareas blancas arrolladoras y convocadas por el medio, el TSJM ratifica la suspensión cautelar de la privatización sanitaria pidiendo que se investigue hasta el último movimiento y alegando que los trabajadores de los centros pueden sufrir "perjuicios irreparables". Tres horas después de hacerse pública la decisión judicial, González anuncia que se frena su proyecto estrella privatizador definitivamente y la salida del Gobierno autonómico de Fernández-Lasquetty.

Con estos precedentes, es evidente que lo que está ocurriendo en estos momentos en la Comunidad de Madrid con la sanidad pública no es un fallo de gestión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, sino el deseo político de asfixiarla retorcidamente para poder llevar a cabo el proceso privatizador que frenaron los tribunales cuando se pretendió ejecutarlo directamente y sin complejos. Se ha repetido hasta la saciedad, pero no por ello hay que dejar de recordarlo: ustedes pueden llamar a la presidenta madrileña incompetente y otros términos similares, pero la frialdad de sus recortes y de sus declaraciones partidizando las protestas sanitarias y ciudadanas demuestra claramente que sabe muy bien lo que hace. Y no es, ni más ni menos, que aquello que le dicta el cerebro neoliberal de su Gobierno, el mismo que el de Aguirre, el mismo que el de González: Javier Fernández-Lasquetty, un hombre de la órbita de José María Aznar, exsecretario general de FAES, madrileño del Barrio de Salamanca y del colegio de Nuestra Señora del Pilar (como el propio Aznar) ... y actual consejero de Hacienda, Economía y Empleo del Gobierno Ayuso. La privatización de la salud pública madrileña solo es, pues, Fernández-Lasquetty sacándose la espinita de 2014. Y lo está consiguiendo.

El caos en la sanidad de Madrid desconcierta a los ciudadanos con centros de urgencias extra hospitalarias abiertos sin médicos ni enfermeros