La sanidad pública es la columna vertebral de nuestro Estado de bienestar. La española, de hecho, ha gozado tradicionalmente de muy buena salud y en más de una ocasión ha sido denominada la joya de la corona. Un derecho de todas y de todos caracterizado por el gran valor de sus profesionales que es motivo de orgullo y estima. Y así lo ha sido durante muchos años. Sin embargo, en los últimos años, y con una pandemia de por medio, las cosas se han empezado a torcer y quienes aguantaban carros y carretas, tanto física y como mentalmente, han dicho basta.

Debemos remontarnos hasta la crisis financiera del año 2008 para ir a la raíz de la movilización que hoy, domingo 13 de noviembre, se está llevando a cabo en Madrid en defensa de la sanidad pública. La sanidad pública española sufre grandes niveles de infrafinanciación desde que, como salida a la crisis de 2008, se propusiera (sin ápice de amabilidad) desde la Unión Europea llevar a cabo políticas de ajuste del gasto público y de contención del déficit presupuestario. Los recortes en el gasto sanitario empezaron a notarse en el año 2010 y hasta justo antes de la pandemia no se habían recuperado los niveles de gasto previos a 2008.

El hecho de que la recuperación del gasto sanitario haya sido derivado casi en su totalidad a cubrir las necesidades vinculadas a la pandemia ha tenido como consecuencia la creación de grandes núcleos con importantes déficits de financiación, como pueden ser los relacionados con las residencias, la salud mental o la atención primaria. Es precisamente el estado de la atención primaria y el modelo sanitario del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo que ha puesto a miles de madrileños y madrileñas en pie de guerra. No olvidemos que tener que esperar más de una semana para poder ver a tu médico de cabecera o para encontrar un pediatra que pueda tratar a tu niño o niña es el día a día en la gran mayoría de barrios madrileños. Además, también se ha convertido en un problema de primer nivel el plan de reorganización de las urgencias extrahospitalarias que hace más de dos semanas inició el ejecutivo regional y que, al no contar con personal suficiente para prestar el servicio, han encontrado la respuesta en la consulta por videollamada. Es decir, mientras 46 Puntos de Atención Continuada cuentan con equipo completo, 34 disponen solamente de dos enfermeras (y celador) que podrán, mediante videoconsulta, contactar con el médico.

La movilización que hoy tiene lugar en Madrid es un llamamiento a reivindicar un sistema de protección y cuidados dignos frente al caos registrado en el sistema público de salud madrileño. Un llamamiento a los y las profesionales de la salud, médicos de familia y pediatras, pero también a los vecinos y las vecinas de los barrios y pueblos de Madrid. La situación madrileña no es extrapolable al total del territorio español. De hecho, es bien sabido que existen sistemas sanitarios más resilientes que el madrileño. Si analizamos la inversión sanitaria que cada CCAA realizará por habitante en 2022, observamos que la Comunidad de Madrid está a la cola —1.300,55€ por habitante—, seguida por Andalucía —1.388,86€ por habitante— y por Murcia —1.433,02€ por habitante. No es casualidad que las tres CCAA con menor inversión en sanidad por habitante estén gobernadas por el Partido Popular. En la parte alta de la tabla se encuentran Euskadi —1.991,21€ por habitante—, Asturias —1.932,83€ por habitante— y Navarra —1.915,56€ por habitante. Es evidente que existe una gran diferencia en términos de inversión que llega a superar los 600€ por habitante si comparamos la Comunidad de Madrid con Euskadi, Asturias o Navarra, y que ésta no es coyuntural, sino que se arrastra desde hace muchos años derivando en un importante déficit estructural.

Tradicionalmente, tanto Andalucía como Madrid han reivindicado que su menor inversión en sanidad se debe a que son mejores gestores. Es realmente difícil que una mejor gestión permita a Andalucía justificar una reducción de más del 30% en la inversión por habitante sin debilitar el sistema sanitario, pero se hace especialmente complicado demostrarlo en Madrid, la comunidad más cara del Estado español. No es justificable en términos de eficiencia. Entonces, ¿cómo lo hacen? Muy sencillo: mediante un incremento en la generación y producción de seguros privados y, sobre todo, a costa de una mano de obra especialmente barata —la Comunidad de Madrid es donde, a pesar de ser la comunidad más cara del Estado para vivir, menos se paga la hora de guardia de sus profesionales.

Pero aquí la magia no tiene cabida. Si no se invierte, el Estado de bienestar se debilita. La sanidad, la educación o las políticas sociales se agotan. No es casualidad que durante los tres años que Ayuso lleva como presidenta, y según los datos ofrecidos por el propio Portal de Salud del Gobierno de la Comunidad de Madrid, las listas de espera se hayan disparado un 43%. Pero no resulta sorprendente si analizamos el número de profesionales sanitarios de la atención primaria, la puerta de entrada al sistema de salud. El problema no son 34 médicos, como dice Ayuso. El problema es que la Comunidad de Madrid es la comunidad con menor número de enfermeras por cada mil habitantes en atención primaria (0,5) y la penúltima con menor número de médicas (0,65).

A la cola en número en el personal sanitario, pero a la cabeza en el gasto por habitante a los conciertos sanitarios junto a Catalunya y Baleares. No podemos obviar, además, del poder que tienen los lobbies sanitarios. En este caso, el 72% de las adjudicaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid son otorgadas a empresas vinculadas a lobbies. Como consecuencia, los lobbies consiguen concentrar un excesivo poder que les dota de la influencia necesaria para fomentar políticas sanitarias que potencien y beneficien la sanidad privada. Su sanidad privada. El debilitamiento de la sanidad pública y las políticas de privatización de los servicios públicos —que, por cierto, no son privatizaciones encubiertas, sino que se hacen a la luz del día gracias a que las leyes lo posibilitan y lo ponen realmente fácil— han tenido como consecuencia que los seguros privados de salud se disparen. En los últimos seis años el número de personas con un seguro de salud ha incrementado un 21%, pasando de nueve millones y medio de personas aseguradas a once millones y medio. Dos millones de personas más.

Lo que está claro es que las políticas sanitarias de los últimos años han beneficiado la privatización de la sanidad. No sé vosotros, pero yo, desde luego, no quiero que mi futuro sanitario se parezca a cuando llamo a una compañía de teléfono y tengo que pulsar el 1 si me duele la garganta, el 2 si tengo alguna rotura, el 3 si tengo síntomas de un ataque cardiaco o el 4 si quiero hablar con una enfermera. Porque, además, ya sé cuál será la respuesta: "manténgase a la espera, todos nuestros médicos están ocupados en otras videoconsultas".

En definitiva, la pandemia ha puesto en evidencia las deficiencias de nuestro sistema sanitario y si la superamos fue, en gran parte, por el sacrificio de sus profesionales. Tanto sanitarios como no sanitarios. El diagnóstico del sistema también lo tenemos bien claro: falta de personal, bajas remuneraciones, precariedad o privatizaciones son su día a día. Con el diagnóstico hecho, por tanto, debemos preguntarnos si unimos fuerzas para conseguir mejorar la columna vertebral de nuestro Estado de bienestar o dejaremos que le den la estocada definitiva. Sea como fuere, por favor, que no tenga llegar a una nueva crisis sanitaria para volver a hablar de ello.