El secuestro de la Justicia por la derecha política y judicial española cuestiona la salud de nuestro sistema democrático y muestra la actitud antidemocrática de una derecha empeñada en acabar con el Estado de Derecho.

Cuando al Partido Popular (PP) le interesa, sobreactúa acusando a los demás de incumplimiento de la Constitución, esa que ellos nunca votaron a favor, a la vez que la incumplen reiteradamente cada vez que pueden obtener ventaja política. El PP ha incumplido la Constitución al menos cada vez que no ha tenido mayoría parlamentaria. Así, ha organizado los tres bloqueos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que hemos vivido desde la llegada de la democracia. En 1995, ocho meses de bloqueo. En 2006, dos años. Y desde 2018 hasta hoy, más de cuatro años. Bloquear la renovación del CGPJ, coordinadamente con la derecha judicial, le ha permitido al PP mantener el control de la Justicia durante años, efectuando los nombramientos de los presidentes de audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas, controlando los nombramientos de los integrantes de las distintas salas del Tribunal Supremo, y ahora bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional (TC). El PP consigue así mantener una mayoría conservadora que no se corresponde con la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos.

Ahora el PP pretende controlar políticamente el TC para derogar o modificar desde este Tribunal la abundante producción legislativa del gobierno de coalición de izquierdas, leyes que han ido aumentando los derechos y libertades de los ciudadanos, y construyendo un escudo social desde el inicio de la pandemia hasta la actual crisis energética motivada por la invasión de Ucrania. Un escudo social que ha permitido que España tenga la inflación más baja de Europa y que no se hayan repetido los inmensos sufrimientos que soportamos en la anterior crisis, la del año 2012.

Hace seis meses que cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional cesaron en su mandato y debían haber sido sustituidos. Dos de estos magistrados deben ser elegidos por un CGPJ caducado hace cuatro años y que se niega a realizar esta elección. Los otros dos magistrados del TC ya han sido nombrados conforme a las normas constitucionales, pero el Presidente del TC García-Trevijano , -el ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos envuelto en numerosos escándalos de corrupción durante su mandato e incorporado al TC por elección del gobierno de Rajoy-  se niega a convocar el pleno para efectuar las nuevas incorporaciones, pleno en el que  cesaría como magistrado él mismo, al tener agotado su mandato.

Dominio Público - Estado de Derecho, 'lawfare' y sonrojo

El pasado 19 de diciembre el TC, máximo órgano de garantías constitucionales, tomó una decisión jurídica y políticamente injustificable, nunca adoptada en nuestra democracia: impidió a las Cortes Generales llevar adelante la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la norma que regula competencias y funcionamiento de ese tribunal. En una actuación que carece de sustento legal en nuestro ordenamiento, el TC incumplía el artículo 66.3 de la Constitución -que declara la inviolabilidad de Congreso y Senado- y su propia y reiterada jurisprudencia.

Que el TC haya adoptado este acuerdo, más propio de un estado de excepción,  sin oír a las partes afectadas -al Congreso y el Senado- y sin molestarse en escribir fundamentación jurídica alguna, también rompe las reglas más básicas del Estado de derecho y de una democracia. Por toda fundamentación, solo un párrafo que menciona, sin argumentar su aplicación, una norma de procedimiento no aplicable a las tramitaciones parlamentarias. Además, el TC ha decidido la suspensión  de un procedimiento legislativo sin tener ninguna competencia para ello. El denominado "recurso previo de inconstitucionalidad" se podía interponer contra procedimientos legislativos en curso hasta su derogación en 1985. El TC en sentencia número 66/1985 refrendó su supresión. Es decir, el TC solo tiene competencia para examinar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas o para verificar la constitucionalidad de procedimientos legislativos que afectan a tratados internacionales o Estatutos de Autonomía.

Que el riguroso escrito de los servicios jurídicos del Senado de España, que reclamaba al TC la reanudación de su actividad legislativa, haya sido rechazado con una sola frase en la que no se cita ni una sola norma, no solo incumple la legalidad, sino que evidencia la tosquedad y nula calidad jurídica de este "golpe de estrado" organizado por el PP. Una vergüenza para nuestra Justicia y un bochorno  ante la Comunidad Internacional.

No hay precedentes en cuarenta y cuatro años de democracia de una actuación por parte de un órgano jurisdiccional que atente tan gravemente contra la separación de poderes y, en concreto, contra las competencias de la sede de la soberanía nacional. Además, lo ha hecho un Tribunal con un tercio de sus integrantes con el mandato vencido, entre ellos el Presidente González-Trevijano y otro magistrado, Narváez, que habrían cesado de inmediato al entrar en vigor la reforma legal que ellos han impedido.

El TC ha admitido un improcedente recurso de amparo del PP que pedía se impidiera votar la reforma de la LOTC para, supuestamente, evitar la  vulneración del derecho fundamental de representación política de sus diputados, una minoría parlamentaria. Pero paralizando el proceso legislativo se ha privado de ese mismo derecho a los diputados de la mayoría parlamentaria. La  medida "cautelarísima" acordada es excepcional y no está prevista en la Ley del TC. Se ha adoptado sin permitir defensa jurídica alguna a la mayoría parlamentaria, a las Cortes Generales o a la Fiscalía. Un procedimiento sumario sin justificación, ya que entre la presentación de la demanda del PP y la  votación de la reforma en el Senado había nueve días, más que suficiente para convocar a una vista a las partes donde todas pudieran haberse defendido.

El TC ha causado un daño irreparable al Legislativo -el único poder del Estado elegido directamente por los ciudadanos- al impedir la actividad del Senado cuando  éste no había concluido el proceso de reforma de la LOTC y por tanto podían  haberse modificado, aprobado o rechazado nuevas enmiendas. Y lo ha hecho sin esperar el resultado de las impugnaciones presentadas por el PP en el Congreso.

El TC  rechazó las recusaciones de los magistrados González-Trevijano y Narváez presentadas  por Unidas Podemos y a las que luego se sumaron el PSOE y la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Como indican nuestras leyes, los dos magistrados debían haberse abstenido de participar en las deliberaciones por tener interés directo en el asunto. Han decidido sobre su futuro laboral ya que la modificación de la LOTC que han paralizado acababa con el bloqueo a la renovación de los cuatro magistrados con mandato vencido desde hace seis meses, y  procedía inmediatamente a sustituir a estos dos magistrados por los  ya elegidos en su lugar. Cualquier tribunal tiene que actuar con neutralidad e independencia, pero el TC ha actuado sin la apariencia de imparcialidad exigible. Ambos magistrados sabían que su abstención acabaría con la actual mayoría espuria de la derecha política y judicial en el TC. Debido a esta situación inconstitucional, Unidas Podemos también pidió al TC, instando una cuestión de prejudicialidad, que consultara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la apariencia de imparcialidad de los dos magistrados que tenían interés directo en el pleito, imparcialidad que es exigida por la Carta de la Unión Europea. Tampoco esta solicitud de opinión jurídica a la justicia de la UE fue acogida por el Tribunal Constitucional.

La derecha política -PP y VOX-, la mediática y la judicial justifican la utilización política de la justicia diciendo que estamos ante un intento ilegal de cambiar las leyes, como si acaso la mayoría parlamentaria no tuviera la legitimidad de modificar leyes o aprobar otras nuevas. Una mayoría parlamentaria surgida de un proceso electoral nunca puede ser ilegítima en democracia. Argumentan que no pudieron presentar  enmiendas en el trámite legislativo, cuando lo que ocurrió es que no se aprobaron las enmiendas que presentó el PP, en minoría parlamentaria. Denuncian un intento de este gobierno para perpetuarse en el poder, exactamente lo que ellos hacen en la Justicia desde hace cuatro años impidiendo la renovación del CGPJ y ahora del TC.

La derecha deteriora la democracia actuando al margen de la ley. Es un insulto a la inteligencia que el PP acuse a la actual mayoría parlamentaria de politizar la Justicia por exigirle cumplir lo que establecen la Constitución y la Ley, la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. A ese secuestro de órganos constitucionales mediante el bloqueo de su renovación han añadido ahora una vía de hecho judicial -una decisión que transgrede el orden jurídico de forma ostensible- para impedir a las mayorías parlamentarias aprobar leyes y gobernar cada vez que una ley afecte a sus intereses de clase o a sus históricos privilegios. Es el más grave ataque a la democracia desde el intento de golpe de Tejero en 1981. Frente a este ataque permanente a las decisiones emanadas de la soberanía popular por parte de una derecha acostumbrada en España a anular las instituciones democráticas cada vez que ha visto en riesgo su poder, debemos utilizar las armas de la ley, la justicia y  la democracia. Continuaremos recurriendo en los tribunales españoles y europeos decisiones a todas luces arbitrarias e inconstitucionales. Impulsaremos modificaciones legislativas para preservar la inviolabilidad de las Cortes Generales -la única institución que representa la soberanía nacional y es elegida por votación popular directa-; para impedir el bloqueo y apropiación de los poderes del Estado por quienes no han sido elegidos para dirigir esos poderes públicos; para impedir que esta actuación arbitraria consolide precedentes; y para que nunca más padezcamos una vía de hecho judicial que sustraiga las instituciones del control democrático.

Pedimos a los hombres y mujeres de este país, a las personas trabajadoras, a las organizaciones sociales y sindicales, a las instituciones democráticas, que se organicen para defender la democracia amenazada por una derecha sediciosa atrincherada en poderes del Estado sin legitimidad ni mandato para ello. Una derecha que actúa como si las instituciones fueran propiedad privada de las minorías poderosas y privilegiadas. El pueblo español valora la democracia porque nadie se la ha regalado, porque en los cortos periodos de nuestra historia en que hemos podido disfrutarla la hemos conseguido luchando contra la derecha conservadora que solo la ha aceptado cuando no ha tenido más remedio.