Se cumple estos días el año de vigencia del acuerdo conocido como Iniciativa de Grano del Mar Negro, pergeñado y pilotado por Erdogan bajo el amparo de Naciones Unidas. Este acuerdo es, probablemente, uno de los acuerdos más significativos alcanzados entre Ucrania y Rusia desde el comienzo de la guerra, tanto por sus logros materiales como por ser de las pocas vías diplomáticas que, junto con los acuerdos de prisioneros, ha funcionado a lo largo del año y medio largo de guerra.
El principal objetivo que se persiguió con este acuerdo era el de alcanzar la estabilidad de los precios de los alimentos y, de ese modo, evitar una crisis alimentaria mundial provocada por un más que seguro incremento de los precios de los alimentos en todo el mundo, algo que, sin duda, habría impactado de manera significativa en los países más vulnerables, especialmente en África y en Oriente Medio. Desde los tres principales puertos ucranianos del Mar Negro, Odesa, Chornomorsk y Pivdennyi, se ha exportado, durante el año de vigencia del acuerdo, a más de 45 países un total de 32 millones de toneladas de cereales.
Moscú nunca estuvo del todo satisfecho con este acuerdo. Siempre ha alegado que si bien las sanciones occidentales no están impuestas sobre los productos agropecuarios y los fertilizantes rusos, sin embargo, estos se encuentran atrapados por la conjunción de estas sanciones. De este modo, los rusos llevan meses reclamando la inclusión de su banco agrícola Rosselkhozbank en el sistema SWIFT, así como el levantamiento de las sanciones a la compra de repuestos para maquinaria agrícola o de los seguros de transporte a sus mercancías, cuestiones que impactan de manera directa a su economía.
Y es en este punto donde hay que fijar la atención. En el pulso que está echando Rusia a los países occidentales que han impuesto las sanciones, singularmente a la UE, con su posición de no renovación del acuerdo. Lo que pretende Moscú es utilizar este movimiento de presión par intentar levantar algunas de las sanciones impuestas y que comienzan a tener repercusiones en sus exportaciones y, por tanto, en la recepción de unas divisas que son esenciales para el país.
Estamos en momento geopolítico, pero sobre todo, geoeconómico sin precedentes, en un interregno, en el que los actores globales se encuentran en plena construcción de sus alianzas. Se está hablando "el lenguaje del poder" y cada uno está utilizando las herramientas que tiene a su disposición para alcanzar sus intereses. Sí, porque si alguien lo había olvidado, esta, como todas, es una guerra por intereses.
Con la renovación del Acuerdo del Grano, Rusia intenta conseguir tres objetivos. Por un lado, en el marco de la lucha por el relato, una potencial crisis alimentaria permitiría a Moscú influir, aún más, en los países africanos y asiáticos extremadamente dependientes de los productos básicos rusos. La oferta de exportación gratis de grano ruso que vimos tanto en marzo de este año como en esta ocasión es una buena muestra de cómo Rusia quiere reforzar sus vínculos con los países del Sur Global. Sin el grano ucraniano en circulación o con un precio más elevado, el único proveedor capaz de suplir las necesidades de esos países es Rusia, quizás en compañía de Brasil.
Pero es que, además, con esta maniobra, Moscú intenta conseguir otro de sus principales objetivos: arruinar a Ucrania convirtiéndolo en un país no viable económicamente. Para Ucrania la vigencia de este acuerdo es esencial para su supervivencia ya que es la manera que tiene el país de conseguir divisas que le permite, no sin dificultades, pagar las deudas derivadas de la guerra. Se trata de una cuestión existencial y por eso Zelensky insiste en intentar la salida del grano por el Mar Negro, a pesar del riesgo que entraña para los barcos, especialmente ahora que las compañías de seguros no están dispuestas a correr el riesgo de perder sus activos bajo un bombardeo ruso. Esto también explica los fuertes ataques a los que está sometiendo la artillería rusa a los puertos ucranianos del Mar Negro.
Y, por último, Rusia quiere enseñar su fuerza, mostrando su capacidad para desestabilizar los mercados, provocar efectos inflacionarios en las sociedades occidentales y, si persiste el bloqueo a sus exportaciones, provocar las hambrunas en los países más pobres haciendo recaer la responsabilidad en los países occidentales. De este modo, se refuerza el relato victimista de Moscú, un relato que cala entre su opinión pública sin duda, pero que también es comprendido por otros países, tal y como ha quedado puesto de manifiesto en la Cumbre UE-CELAC.
Sería sencillo achacar la negativa rusa a la renovación del acuerdo y los bombardeos a Odessa a una reacción ante lo que sucede en el campo de batalla, ante los ataques al puente de Kerch, pero a la luz de las distintas derivadas no parece que así sea.
Y ante esto, el bloque occidental apenas balbucea argumentos sin estructura que no convencen a los países del Sur Global. Unos países que, además, ven como las grandes compañías de productos básicos del mundo, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, y Louis Dreyfus, que oligopólicamente controla entre el 70 y el 90% del comercio mundial de cereales, continúan teniendo ganancias récord, mientras ellos se mueren de hambre como consecuencia del cambio climático y de la especulación con los precios de los alimentos. Unos alimentos con los que estas empresas nunca han dejado de especular, y a los que nunca se les ha pedido una rendición de cuentas, incluso cuando es de sobra conocido que cada vez, y especialmente, durante el último año, han incrementado sus márgenes de beneficio de manera significativa. Mucho se van a tener que esmerar los líderes en Bruselas y en Washington para conseguir convencer a los países del Sur de las bondades de un sistema que siempre les ha menospreciado y que, además, ahora pretende seguir haciéndolo.
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