Hay informaciones para todos los gustos, que desde el Gobierno se niegan tajantemente con el argumento de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es un organismo autónomo, que pese a recibir dinero público por proyectos puntuales, como otros ídem, se financia autónomamente y, por lo tanto, no es quien el Ejecutivo para intervenir en su estructura, nombramientos y, en definitiva, cuestiones internas. Pese a estas buenas intenciones institucionales, disfrazadas de escrupulosidad, late una convicción pública ya refrendada por los hechos: al Gobierno de Pedro Sánchez le ha reventado en la cara su indiferencia ante la larga lista de escándalos (15, como mínimo, citaba por ejemplo El Correo) del presidente suspendido de la RFEF, Luis Rubiales. El arte de dejar pudrir los problemas que acaban afectando a toda la sociedad, sean de machismo o sean de corrupción, suele dar estos resultados.

Se ha escrito que porque Rubiales era un protegido del propio Sánchez; que su padre fue alcalde de Motril (Granada) por el PSOE y apoyó al presidente del Gobierno en su pugna contra Susana Díaz por el liderazgo del partido, algo muy a tener en cuenta en Andalucía; porque el Mundial 2030, por cuya sede pugna una candidatura vecina España-Portugal-Marruecos, lo había llevado muy bien Rubiales con los popes del fútbol marroquí (entre bomberos ...) y había que mantenerlo al frente; que si las supuestas grabaciones de Rubiales-Villarejo a miembros del Gobierno, los mensajes guardados (alguna conversación sin trascendencia con Sánchez apareció ya en los medios), ... Podría ser nada de esto, una parte o todo, pero lo cierto es que el Ejecutivo ha alimentado a un monstruo con su apoyo -o, como mínimo, con su no rechazo-, que ahora le deja en evidencia en un momento de crisis de la marca España en el deporte por culpa de la agresión pública de Rubiales a la jugadora y campeona del mundo Jenni Hermoso.

La impotencia de Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, el pasado viernes al dar a conocer la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, sobre Rubiales, calificando de "grave" y no de "muy grave" su comportamiento en la final del Mundial femenino en Sidney, fue la estampa más evidente de un Gobierno que se sabe responsable de engordar a la bestia; de un Gobierno que conoce perfectamente los lentos mecanismos institucionales y que ahora no puede hacer nada más por acelerarlos ni inclinarlos a su favor para inhabilitar a Rubiales. Todo esto, además, ante el enfado monumental de la inmensa mayoría de la opinión pública y la presión de un feminismo revolucionario.

Comisiones millonarias entre amiguetes, blanqueamiento de un régimen sanguinario como el saudí con el fútbol de España, orgías con adolescentes y con dinero de la RFEF, lujosos viajes ídem, un piso en Madrid pagado por la Federación, grabaciones mensajes de miembros del Gobierno guardados y filtrados ¿como advertencia?, quince jugadoras que salen por la puerta de atrás de la selección femenina tras un conflicto con el entrenador y humilladas públicamente por Rubiales ... La parte penal y administrativa de los presuntos delitos están en manos de Anticorrupción desde que fueron publicadas en El Confidencial y El Mundo, sobre todo. La parte siniestra de dudosa ética, como mínimo, en manos de nadie. Todo se conoce hace tiempo, prácticamente desde que Rubiales accedió a la presidencia de la RFEF en 2018 de la mano de Alejandro Blanco, presidente casi vitalicio del Comité Olímpico Español (COE), y bendecido por Pedro Sánchez. Cinco años de denuncias ignoradas, de olor putefracto a corrupción, y lloran ahora por la marca España. Menos mal que están las campeonas para salvarla y las feministas para auparlas.

Iceta lamenta que el TAD no considere las conductas de Rubiales "como muy graves"