Cada vez que hay elecciones en España y el PSOE tiene posibilidades de ganarlas o de gobernar sumando -no digamos si lo hace-, la (ultra)derecha vuelve a la carga con los dos mismos argumentos: ETA y "España se rompe"; es cierto que con el desembarco de Podemos en 2014, incluyeron a Venezuela en el Pack Intelectual de Ataque contra el Diablo Socialcomunista para Patrioteros y Patrioteras, pero finalmente, los de Caracas se han venido a Madrid-Miami con sus millones y tienen a Isabel Díaz Ayuso muy feliz, incluida la cuota evangélica. Ya no se oyen, por tanto, tantos exabruptos contra Venezuela, que a alguno le puede sonar a xenofobia y la liamos.

Nadie se acuerda en el PP estos días de que tienen un candidato a la Presidencia del Gobierno, que se llama Alberto Núñez Feijóo y va a intentar ser investido los días 26 y 27 de septiembre en el Congreso. El expresidente de la Xunta de Galicia nunca fue un personaje brillante, sino un presunto buen gestor creado por el imaginario mediático gallego y nacional bien engrasado de euros, pero seguro que el hombre jamás se ha sentido tan gris e invisible como estos días: entre la citada Ayuso, el expresidente José María Aznar o el okupa presidente de turno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, le han montado una campaña electoral que ríete tú de los días posteriores a los atentados del 11-M, llamando a la prensa o a nuestros embajadores para que juraran y perjuraran que ETA era la culpable de la masacre de 2004 en Madrid.

El argumentario de la (ultra)derecha es muy claro y está muy manoseado; de hecho, llevo desde 1997 escribiendo sobre política nacional y no recuerdo otro: España se va a romper por culpa de las concesiones de Sánchez (pongan Zapatero también) a los nacionalistas y/o independentistas catalanes; lo de ahora es como lo de ETA (¡!). ¿Recuerdan esta confesión de Luis María Anson al periodista Santiago Belloch en la revista Tiempo, en 1998? "Para terminar con [Felipe] González, se rozó la estabilidad del Estado (...) La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a González con otras armas". ¿Quién lideraba al conocido como sindicato del crimen, ese grupo de periodistas y políticos del PP que pretendían expulsar a González como fuera? José María Aznar López. Y aquí sigue, dando la matraca con que si no gobiernan él o los suyos (PP y Vox) es antidemocracia, ETA, la antiEspaña y el Averno juntos.

La ley de amnistía (o como se llame) con la que Pedro Sánchez pretende culminar la desjudicialización del conflicto político de Catalunya poniendo el marcador a cero no está ni redactada en borrador, nos dicen. Hay consultas a juristas, ideas, puntos de acuerdo, de desacuerdo, unos que entran a aportar, otras que salen porque no lo tienen claro... De todo, como corresponde a una acción tan delicada y compleja. Pero para Aznar y para el presidente okupa del CGPJ, la norma ya está hecha y hay que dinamitarla.

Ayuso recoge el guante de Aznar y acudirá a una manifestación contra la amnistía en Barcelona

Vicente Guilarte es un abogado especializado en casos de registradores y -claro- persona cercana a la familia de Mariano Rajoy (dicen que el hermano del expresidente, Enrique, le seguiría mandando turrones por Navidad por un tema que le resolvió). Guilarte accedió al CGPJ en 2013, de la mano del PP -valga la redundancia- y ahí sigue, okupando ahora, por turno, la presidencia de un órgano caducado desde hace un lustro. Y no solo: también ha querido pagar los servicios prestados y, en lugar de rechazar un puesto anticonstitucional -y renunciar a una paguita de 151.186,20 euros-, Guilarte ha entrado en tromba contra la ley de amnistía inexistente: hay que cuestionarla. Y ha aprovechado, además, subido en su falso trono, para dedicar unas palabras a sus colegas: "Los ilusionistas del Derecho han aparecido de nuevo para convencernos de la bondad de la amnistía, algo que lo más prudente es cuestionar".

Lo que es cuestionable es que el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo se meta en política para hacer futuribles criticando posibles acciones del Ejecutivo o el Legislativo; más cuestionable aún es que lo haga desde una posición de larga okupación, pero que, encima, se crea que tiene una especie de puesto vitalicio que le permite cargar contra cualquier jurista que no sea él es pura fantasía sobre la impunidad con la que se mueve la (ultra)derecha en el Poder Judicial, solo comparable a la que gozó Luis Rubiales al frente de la Federación de Fútbol. Y aunque parecía imposible, acabó cayendo.