Con el asesinato masivo ante nuestros ojos de decenas de miles de personas (tantos niños y niñas ...) y la destrucción en vida de cientos de miles; con la impotencia que genera la visión de esos crímenes brutales, la desolación de un pueblo y un dolor inabarcable en una cárcel sin techado, Gaza, todo lo que hagamos, gritemos, pataleemos desde los cuatro puntos cardinales de la denuncia (instituciones, prensa, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil) es poco; es nada, en realidad, porque no hemos impedido el genocidio del pueblo palestino desde que el sionismo se empeñó en 1948 en rechazar los dos Estados (Israel-Palestina) y en destruir tal posibilidad para siempre.

El Gobierno de España lleva delantera con respecto al resto de la Unión Europea, es indiscutible; y, no digamos, de EE.UU., esa vieja democracia que es, en realidad, democracia vetusta, innoble y secuestrada por el sionismo, el fentanilo y Trump; secuestrada por su propia arrogancia de potencia global. ¿Cuántos muertos hay que tener en nómina para que te bloqueen, boicoteen o te prohíban actuar en Eurovisión? Porque en este sentido, la Rusia de Putin ya ha sido sobrepasada con creces.

El Gobierno de España lleva delantera, digo, pero va jadeando, no llega. En estas horas que escribo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, estará a punto de embarcar hacia Washington, a explicar el proyecto de España que dé a Palestina el estatus oficial de Estado (hace muchos años que lo tiene para los y las demócratas no impostadas). Viendo las movilizaciones sociales, parece que se lleva el apoyo mayoritario de Europa, las razones son aplastantes y se resumen en el compromiso número uno de las sociedades democráticas: el respeto a los derechos humanos, que incluye el cumplimiento de los tratados internacionales, de su Derecho ídem; aquello que el Gobierno del genocida Benjamin Netanyahu, acosado por la corrupción, se ha pasado por el forro de las bombas y el ejército con sus asesinatos en masa en Gaza y Cisjordania.

En medio de esta tragedia, de nuestra impotencia, asistimos perplejas a la reacción desmesurada y pública, dentro del propio Gobierno de coalición, por la iniciativa del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de enviar una carta a las empresas españolas advirtiendo sobre sus obligaciones para con los derechos humanos. Teniendo en cuenta que Israel se mueve ante el mundo con la impunidad más absoluta y grosera, mientras le son disculpadas acciones criminales que en otros gobiernos serían carne de sanción y boicot, es una buena noticia que a Bustinduy y su equipo -parte de un mismo Gobierno- se les haya ocurrido poner sobre la mesa los principios rectores sobre Empresas y DDHH (principios Ruggie, 2011) de la ONU, advertir de que Naciones Unidas también cuenta con las empresas, el sector privado, para evitar violaciones de las leyes tan obscenas como las que estamos viendo a diario en Gaza.

Nada genera más desafección entre el votante progresista que la batallita interna por apuntarse el tanto, por salir el primero en la foto, por dejar de respirar hasta que los tuyos te den la medalla ... "Es que Israel se enfada ...", dicen. Es un orgullo para el Gobierno que Netanyahu se enfade con él; lo contrario sería lo indecente ante la masacre del apartheid en Gaza. La desautorización pública al ministro Bustinduy por parte del PSOE, siendo la de aquel una acción noble y de justicia, siempre insuficiente, obedece a intereses partidistas difícilmente asimilables en un plano internacional tan duro, tan impactante, tan desgarrador y frustrante. La gente no sabe qué hacer frente a tanta desolación en sus televisores, radios o periódicos y la (ultra)derecha aliada de Netanyahu se regodea con un reproche público del PSOE a Sumar que resulta un sinsentido cuando los objetivos son los mismos: parar esta colonización con todos los medios disponibles y reconocer a un pueblo masacrado. Parafraseando al expresidente prosionista de la farsa del 11-M, "el que pueda hacer que haga". Lo importante, cómo preguntó este jueves en TVE la periodista Silvia Intxaurrondo al ministro de Economía, Carlos Cuerpo: "¿Pero las empresas están cumpliendo los principios rectores de Naciones Unidas o no?". Pues eso.