Dominio público

El peor terrorismo posible

Ana Pardo de Vera

Un niño observa mientras ciudadanos palestinos inspeccionan los daños de los ataques israelíes contra sus viviendas, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Un niño observa mientras ciudadanos palestinos inspeccionan los daños de los ataques israelíes contra sus viviendas, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Durante una entrevista con Bruno Cardeñosa en La rosa de los vientos (Onda Cero), el fotoperiodista y corresponsal de guerra Gervasio Sánchez explica con claridad meridiana por qué el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de detención por crímenes de guerra del primer ministro de Israel, su ministro de Defensa y tres integrantes de la cúpula de Hamás: "Hamás hace terrorismo e Israel hace terrorismo de Estado". El razonamiento de Sánchez para esta conclusión -y con conocimiento de una realidad tenebrosa, que cuenta en la entrevista de Cardeñosa- es tan certero que una se pregunta cómo es posible que haya gente que no lo vea o que pretenda que el resto no lo veamos; por ejemplo, Joe Biden, presidente de EE.UU.

A estas alturas, y con 35.ooo muertos en Gaza sobre la mesa, miles de niños/as incluidos, parece que los títeres de Netanyahu no van a entrar en razón, pero mensajes como el de Gervasio Sánchez deben difundirse y darse a conocer para que el resto de la sociedad sepamos a qué nos enfrentamos: a naciones que se dicen democracias avanzadas y, sin embargo, justifican el terrorismo de Estado, el peor de los terrorismos posibles.

Una organización como Hamás, financiada hace años por el propio Netanyahu para bloquear la influencia de la OLP en Palestina, como la Al Qaeda de Bin Laden por Bush, es terrorista -más allá de las razones de su surgimiento y crecimiento en tierras colonizadas, incluido el apoyo del Gobierno israelí- y se le presuponen el asesinato y la tortura como formas de actuación rechazable y condenable en todos los sentidos. A un Estado democrático, en cambio, se le presupone el respeto a las leyes internacionales a la hora de actuar contra otro Estado y/o pueblo, incluso, dentro de su derecho a la defensa, el respeto a las convenciones pactadas con otros países democráticos, el estricto cumplimiento de los Derechos Humanos.

Un Estado democrático que recurre al terrorismo para vengarse -que no defenderse- deja de serlo inmediatamente, aunque esa venganza disfrazada de "derecho a la defensa" se encuadre en la aniquilación de un grupo terrorista -hoy, Hamás va más allá de eso, como explica Olga Rodríguez en esta entrevista-. La Israel de Netanyahu es lo suficientemente sofisticada como para matar exactamente a los objetivos que quiere matar: lo ha hecho en infinidad de ocasiones, fuera de sus fronteras y sin que nadie píe a los asesinatos selectivos ("para prevenir") perpretados por el Mossad en sus 75 años de existencia, algunos reconocidos, como cuenta Mikel Ayestaran en un artículo de El Correo. No existe justificación alguna, ni siquiera en los crueles códigos de la guerra, para la matanza y tortura sistemática de gazatíes con los métodos más despiadados, incluida el hambre. Lo que practican Netanyahu y sus ministros ultrasionistas, supremacistas, fascistas, ... se llaman "crímenes de guerra" y lo hacen con los instrumentos institucionales, del Estado en el que depositan su confianza las personas -no solo los israelíes- para que actúen conforme a las reglas.


El terrorismo de Estado, sí, es el peor terrorismo posible, porque se ejecuta desde las instituciones que todos/as elegimos democráticamente, en teoría, y financiamos con nuestros impuestos, con nuestro dinero. Cuando un Gobierno como el de Netanyahu decide implicarse en la operación más sucia y cruel de la venganza indiscriminada con los medios de los que dispone gracias al poder que se le otorga desde el pueblo, aniquila a los palestinos/as y aniquila al propio Estado, en el que dejamos de confiar automáticamente. En España, salvando mucho las distancias, sabemos bien de lo que hablamos, aunque todavía no hayamos podido abordarlo en toda su amplitud gracias a una ley de secretos oficiales aprobada por el franquismo en 1968. Hay que denunciarlo, pararlo, llevar a sus responsables ante la Justicia y señalar a sus cómplices, se llamen como se llamen y tengan el poder que tengan.

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