El proyecto de la ley del suelo y rehabilitación urbana es un texto solvente, que aporta seguridad jurídica y desburocratiza, si compramos que las leyes son neutras y existe un poder equilibrado. Pero, la realidad es bien distinta. La herencia inmobiliaria representa un 76% de la desigualdad en España, los fondos buitre compran nuestras ciudades y los apartamentos turísticos expulsan a las familias de sus barrios. 

El impulso de la norma nace de dos premisas falsas y de una gran omisión. 

La primera premisa es que promover más vivienda bajará mágicamente los precios. No obstante, sabemos que no será así. Basta con recordar la resaca onanista de cuando construíamos más vivienda que Alemania, Francia e Italia juntas y los precios no dejaban de subir, hasta que la burbuja nos estalló en la cara y los de siempre pagamos la fiesta, una fiesta a la que no habíamos sido invitados.  

La segunda es el mantra de la seguridad jurídica como si no hubiera intereses (legítimos) contrapuestos. Claro que lo complejo es farragoso y lento. Mucho más sabiendo el impacto que tiene en nuestra calidad y esperanza de vida el diseño de nuestros pueblos y sus ciudades, por no hablar de su impacto en las generaciones futuras.  Pero, en España, justo en España, ya no les cuento en el caso valenciano, no podemos asumir el marco repetido por el bipartidismo que los ecologistas, federaciones de vecinos y los progresistas podemos con mucha facilidad tumbar grandes proyectos urbanísticos.  Esto es obviar, David contra Goliat. Lo siento, soy honesto, con esta correlación de fuerzas y más recordando lo que ocurrió en los noventa, no me parece prioritario querer ser pulcros procesal y técnicamente como si nada. Una pulcritud que, por cierto, luego no se exige a grandes promotores y constructoras. Ellos, poderosamente, pueden dormir y despertar proyectos zombis sin más prioridad que sus intereses mercantiles o expectativas urbanísticas sin cumplir con plazos comprometidos. En un mundo así, recortar la participación ciudadana es tomar partido.  

El Gobierno retira a última hora la ley del suelo ante la incapacidad del PSOE de reunir apoyos en el Congreso

Aunque no sorprende siendo un texto heredado de Rajoy, alarma la omisión de cualquier avance en la lucha contra el cambio climático y la adaptación de nuestras ciudades a lo que ya es no reversible. 

Ayer conseguimos una victoria ecologista, veremos lo que tarda el viejo bipartidismo en ponerse de acuerdo. El PSOE sabe que no nos encontrará en su pretensión de regresar a los 90: 'liberalización del suelo', 'ampliación de aeropuertos' o 'promoción del turismo de masas'.  

En cambio, sabe que nos encontrará en ampliar derechos y crear horizonte. En apostar por echar a los fondos buitre de nuestros barrios, restringir los apartamentos turísticos, regular los alquileres indefinidos, que, como los contratos laborales, aporten certeza a las familias, arraigo a los barrios y frenen la escalada de precios. Vaya, cualquier cosa que entienda la vivienda como un derecho y no un bien de mercado. 

En resumen, la violencia contra el gobierno es fruto de subir el SMI, pero, sobre todo, para que nos flaqueen las piernas para frenar la especulación. Afortunadamente, en democracia, el voto de un señorito que acapara expectativas urbanísticas, apartamentos y tierras vale lo mismo de quienes sobreviven ahogadamente a su alquiler. Seamos valientes y gobernemos para la mayoría.