La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que va a por los seis años caducado después del verano, estaría en marcha; tanto el PSOE como el PP están siendo muy cuidadosos con las negociaciones, porque, por pura lógica, nadie cree que fueran los calores del verano de 2024 quienes pudieran darle un empujón definitivo.

En realidad, en este momento, confluyen distintos factores que pueden acabar con esta aberración anticonstitucional que es un CGPJ cuya representación no se corresponde con la mayoría soberana (tu voto y el mío) del Congreso, lo más importante en democracia. Por un lado, el fin de un larguísimo ciclo electoral hace inexcusable ante la Comisión Europea que no se proceda a renovar el órgano de gobierno de los jueces; por otro lado, el prestigio de la Justicia está en sus horas más bajas, con una población que le da niveles de credibilidad muy bajos, como ya apuntamos aquí, conforme a la publicación del último barómetro de la Justicia de la Comisión Europea, con datos de todos los Estados miembros. España es uno de los seis países en los que menos confianza pública existe en la independencia judicial, lo cual, visto desde la distancia de Bruselas o de otros Estados, puede levantar suspicacias poco recomendables en una Unión Europea amenazada por los populismos autoritarios, aunque en el caso de España, la responsabilidad del bloqueo judicial resida en una oposición que no acepta su sitio, por más que hayan transcurrido procesos electorales a gogó.

El Tribunal Supremo ha sido el último en pronunciarse, quejándose de un bloqueo por parte del PP que le tiene tiritando al no poder hacer nombramientos tras la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno para presionar al PP ... sin éxito hasta ahora. El Alto Tribunal ha denunciado en un comunicado este lunes que no tiene presidente en tres de sus cinco Salas y que le faltan 25 magistrados. Quizás protestan por eso ... o quizás porque el presidente del Gobierno ha dado un ultimátum al líder de la oposición y le ha dicho en el Parlamento y en la televisión pública, TVE, que o desbloquea la renovación esta semana o tomará medidas como, por ejemplo, cambiar el sistema de elección de los magistrados del Supremo, alejándolos de la influencia partidista a través de su elección por parte del CGPJ. Pero no queremos malpensar.

Desde el Partido Popular y toda su estructura, el silencio es aun mayor que en Moncloa, Ferraz o el Grupo Parlamentario Socialista. Alberto Núñez Feijóo afronta la que puede ser su decisión interna más complicada, con una parte del partido que le insta a renovar y otra que lo presiona públicamente para que no ceda. El líder del PP sabe que debe independizarse de Isabel Díaz Ayuso y su corte mediática para asentarse, pues empieza a convencerse de que la legislatura va para largo y la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha hecho saber que la que marca la agenda del partido es ella, sea dando una medalla vergonzosa con un acto ídem al presidente argentino Javier Milei, sea diciendo a Feijóo que no renueve el CGPJ, porque entonces sí que nos vamos a una "dictadura". Como si Ayuso no fuera a decirlo igual, con o sin CGPJ constitucional.

El posible pacto entre PSOE y PP para renovar el CGPJ provoca desconfianzas en las izquierdas

Creer (otra vez) que el acuerdo está hecho pudiera parecer ingenuo por parte del Gobierno, teniendo en cuenta que, como ha trasladado el propio Ejecutivo a Bruselas, han sido 29 las excusas que se ha sacado el PP de la chistera para evitarlo. Pero en esta ocasión, y tras el enfado que se arrastra en la calle Génova por el último espectáculo de Ayuso en la Puerta del Sol al modo jefa de Estado, es Feijóo quien se juega su propia credibilidad como líder, del PP y de la oposición, también con un Vox -y ahora, un Alvise- que lo tachan de "cobarde" por pactar con el PSOE. Es posible que sea su última oportunidad de hacerse mayor y reafirmarse como máximo dirigente del PP para afrontar una legislatura, que sí, en cualquier caso, se le hará eterna.