Vender una prórroga presupuestaria (otra) como una no-derrota es complicado para un Gobierno, el que sea. Realismo obliga y aunque la puesta escena vaya a ser la de siempre, según confirmó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, tras el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones, o sea, el inicio del curso político 2024-2025, Sánchez y su equipo tienen asumido ya que los Presupuestos para 2025 tienen el 90% de posibilidades de no ser aprobados este año.

Todavía queda tiempo, no obstante, para ponerse nerviosos y alcanzar a los ya famosos presupuestos Montoro, 889 días en vigor, tres añitos desde 2018, incluso, con Pedro Sánchez ya en La Moncloa, gobernando en solitario tras la moción de censura a Mariano Rajoy que acabó con el segundo ciclo del PP en el Gobierno. En 2020, María Jesús Montero, que ya lidiaba con esto de las cuentas en el Ministerio de Hacienda, logró lo que parecía imposible e in extremis (diciembre de 2020, en plena pandemia): 188 síes de 350 escaños para la ley presupuestaria de 2021. Por eso, insisten los socialistas, conviene no subestimar a la ahora también vicepresidenta y dejar ese 10% de posibilidades de aprobar unas cuentas para 2025, incluso, en el transcurso de 2025; un margen raquítico, en todo caso, porque aunque pareciera imposible en 2020, el escenario parlamentario de este curso -salvando la tragedia del covid- parece más endiablado aun.

Montero presentará su proyecto antes del 30 de septiembre, un plan que tiene muy avanzado porque viene de los fracasados presupuestos de 2024 y más de la mitad del trabajo está hecho. ¿Para qué tanto esfuerzo, si es tan difícil que salgan? Sobre todo, cuentan, para recordarle al PP de Alberto Núñez Feijóo, que contra la "financiación singular" de Catalunya -de la que desconocemos todo menos lo político, o sea, el acuerdo de investidura de Salvador Illa- se vive muy bien, pero el líder de la oposición está negando a sus presidentes autonómicos y alcaldes 6.000 y 4.500 millones de euros respectivamente si no hay ley de presupuestos 2025.

Como siempre, pese a la negativa del PP, con quien Hacienda no prevé ni sentarse a negociar (a Vox ni se le cita), la china en el zapato derecho del Ejecutivo se llama Junts y se apellida Puigdemont. En el calzado de la izquierda, también está ERC, que ni mucho menos garantiza un apoyo incondicional a las cuentas del Gobierno. Los independentistas catalanes, inmersos cada uno en sus procesos de recuperación con congresos previstos en otoño, apuntan más bien a un rechazo de los presupuestos de corte reivindicativo ante sus filas: ERC, porque ya ha apoyado a una Presidencia catalana de Illa y anda con la mosca detrás de la oreja por la negativa del PSOE a llamar "concierto" catalán a la pactada "singularidad fiscal". Junts, porque ya tumbó el techo de gasto en julio y aquél era un escenario menos complicado de asimilar que el de ahora, con Puigdemont fuera de España otra vez, sin amnistía por imperativo Supremo, liderando la oposición en Catalunya y con un cónclave orgánico a celebrar en semanas. El apoyo de los de Euskadi (PNV y EH Bildu) y Galicia (BNG) parece hecho si los PGE de Montero no son un disparate, que por lo que sabemos de 2024, no lo son para ellos, al contrario, pero sin los grupos catalanes, los vascos y mis paisanos ya pueden hacer la ola al Gobierno, que las cuentas no salen.

Más allá de este bache -que lo es, aunque menos de lo que habría sido para Sánchez perder la Generalitat y no se puede tener todo-, el Gobierno empieza a inquietarse mucho más por lo que se viene a medio plazo, o no tan medio: el acercamiento de PP y Junts, con la ultraderecha al fondo, tan sutil ahora que no lo notan sus respectivos votantes, argumentan los socialistas, pero que Feijóo se trabajará con fruición este curso, Foment del Treball mediante; por si los presupuestos de 2026 tampoco salen y se produce el fatídico empate Montoro-Montero con adelanto electoral incluido. Eso dicen.