Llevamos pocos días de septiembre y las noticias en relación con el aumento de los precios de la vivienda no dejan de sucederse. Parecen haberse acabado, de golpe, todos los anuncios relacionados con la okupación de viviendas que, como saben, es un fenómeno estival (nótese la ironía), y ahora las noticias de los digitales las acaparan las subidas de precios de la vivienda.

"Los precios llevan subiendo 41 trimestres consecutivos, la evolución de los precios de las habitaciones, en lugares como Madrid, han subido más de un 70% en una década, la diferencia entre el porcentaje de jóvenes que pueden emanciparse en este país, un 16,3% con respecto al 31,9% de media de la Unión Europea, el precio de la vivienda de obra nueva y segunda mano se ha disparado y supera ya los precios pre burbuja". En definitiva, que los precios de la vivienda no dejan de crecer día sí y día también y que la situación es cada vez más insostenible.

En paralelo, mientras la cascada de noticias se sucede y las mayorías sociales, efectivamente, tienen cada vez más complicado acceder a la vivienda, es cuanto menos llamativo ver cómo el Partido Popular hace casus belli con la cuestión – como si estuvieran exentos de responsabilidad- y achacan todos los males a la Ley de Vivienda estatal. Da incluso un poco de cringe.

Llegados a este punto, conviene aclarar que, si bien los límites de la Ley de Vivienda son múltiples, no en vano no han dejado de denunciarla - pero por su tibieza- los movimientos en defensa del derecho a la vivienda. El principal obstáculo han sido precisamente los Gobiernos autonómicos del Partido Popular que son quienes ostentan la competencia directa y plena en materia de vivienda y que se declararon en rebeldía frente a su aplicación (incluso antes de que entrara en vigor la legislación). Y lo hacen, no porque no les guste técnicamente la Ley o consideren que convendría reformar algunos aspectos para ganar en eficacia, sino porque los intereses especulativos que merodean o incluso cohabitan en sus gobiernos son tantos que hay quienes les denominan -no en vano- el Partido Inmobiliario. Y hay que reconocérselo, no los hay mejores para defender el capitalismo rentista.

No obstante, si sólo fuera eso, es decir el Partido Popular ejerciendo de Partido Popular, de portavoces y garantes del rentismo y la especulación, pues no habría novedad ni noticia. Eso lleva sucediendo desde que tenemos uso de razón.

El problema principal reside en la parálisis del Gobierno central en relación con el asunto de marras. Hay quien dice que no pueden hacer nada porque ya sabemos cómo están las mayorías parlamentarias y hay quienes decimos: ¿ y entonces cuál es el plan? ¿Seguir "luciendo" una cartera ministerial llamada vivienda y permanecer en una especie de día de la marmota que se dedica a poner en marcha, cada cierto tiempo, grupos de trabajo? Supongo que conocen el dicho que asegura que "si no tienes voluntad de resolver una cosa entonces lo que tienes que hacer es crear un grupo de trabajo". La parálisis institucional.

O, ¿es que acaso el plan pasa por pretender acostumbrarnos a escuchar periódicamente grandilocuentes declaraciones del Presidente del Gobierno que asegura que los fondos buitre les tendrán en frente, mientras fuentes de Moncloa aseguran que ni siquiera pretenden aprobar nuevos Presupuestos? La escena cada vez recuerda más al típico tío que te regala flores cada dos por tres mientras te promete cambiar y no lo hace. Ya sabéis, huid.

Y todo sucede mientras organizaciones como el Sindicato de Inquilinas destapan que empieza a haber grupos de especuladores profesionales organizados para sortear la aplicación de las leyes e intercambiar trucos y poder así seguir especulando sin miramientos ni tapujos. La picaresca rentista.

Entre tanto despropósito debemos ser conscientes de la necesidad imperiosa de hacer políticas públicas de vivienda a la altura de las graves circunstancias. Esto es: aprobar unos Presupuestos Generales que aumenten cerca del 2% el gasto del PIB que se destina a vivienda; regular de una vez el alquiler de temporada y de habitación para que dejen de ser coladeros para la especulación; poner en marcha medidas radicales contra la proliferación de viviendas turísticas que destrozan el territorio y que hasta el gobierno griego se ha atrevido a anunciar; restringir la compra de vivienda a no residentes; modificar la Ley de Vivienda para garantizar su aplicabilidad o eliminar las rebajas fiscales y avales públicos que sólo provocan aumentos de precios, etc Hay visos de esperanza que toman cuerpo en las diferentes movilizaciones que se sucedieron al inicio del verano en diversos territorios como Palma, Alicante, Málaga, Barcelona, Bilbao, Cantabria o Canarias y que debieran continuar este otoño inundando el país. De hecho, esta es la tecla que debemos pulsar con más fuerza.

Sólo conjugando movilización social y organizaciones populares fuertes que planteen un escenario de políticas públicas valientes podremos dejar de estar a la defensiva, dejar de hablar de cómo combatir la picaresca rentista mientras destrozan nuestros barrios y ciudades. Pasar a la ofensiva, con audacia y sin complejos y empezar a garantizar derechos. Y eso, pasa necesariamente por dejar atrás la parálisis institucional.