Una retirada debe hacerse por la puerta grande, para que los ecos de la gloria se mantengan el máximo tiempo posible y el mito no caiga. Tira por ahí, supongo, el pensamiento del magistrado Manuel Marchena, entregado a su tarea de limitar los movimientos ejecutivos y legislativos de un Gobierno de mayoría parlamentaria muy inestable, que precisa, sí, de votos independentistas catalanes. Pero no son los argumentos democráticos los que se juzgan en los tribunales porque no nos gustan, ¿verdad?

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó este lunes que no habrá amnistía para los malversadores que utilizaron dinero público para el lucro personal durante el procés en Catalunya, tal y como recoge la ley del Gobierno. ¿"Lucro personal"? ¿Dónde? ¿En qué cuentas y/o bolsillos, a qué patrimonio nos referimos? ¿Hablamos del rey emérito acaso? No le den más vueltas: nos referimos a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, los mismos a los que el Supremo negó el perdón en julio por la misma causa y cuyos recursos de súplica han sido rechazados este lunes.

El caso es que no encontramos el enriquecimiento por la malversación de caudales públicos en los bancos o bolsillos de los líderes independentistas condenados/a ni dándoles la vuelta, porque la cuestión no es que hayan acumulado dinero para su beneficio, sino que se lo han ahorrado, viene a decirnos el Supremo en su retorcida y pasmosa argumentación.

Marchena, el todopoderoso magistrado al que el PP quería colocar al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Supremo para controlar "desde detrás" (sic) la Sala Segunda, la de lo Penal, la de la corrupción política, abandona esta responsabilidad en un mes. Sería bastante ingenuo pensar que lo haría dando un volantazo a su objetivo -más político que judicial- de penalizar a los líderes independentistas e ir a la contra, primero, de su propia sentencia; segundo, del juez Llarena, y tercero, del mismo Gobierno Rajoy que se lavó las manos de su responsabilidad política con Catalunya y la depositó en las puñetas del mismo magistrado al que quiso colocar al frente del Poder Judicial. Casualidades, ninguna.

El jutge Llarena confirma que no aplica l'amnistia per malversació a Puigdemont, Comín i Puig

Hay quien habla ya del "último servicio de Marchena" a esa defensa de la unidad de España de la que una considerable parte de la elite judicial se considera garante porque sí y por encima de la separación de poderes y la democracia misma; no será esta plumilla quien lo discuta, a la vista de unos hechos tan evidentes, pero yo diría "penúltimo", por si las moscas, que ya aventuramos este desafío en julio y quedan cabos por atar.