Dominio público

La no ilustre Begoña Gómez

Ana Pardo de Vera

Isabel Díaz Ayuso. EUROPA PRESS/Diego Radamés
Isabel Díaz Ayuso. EUROPA PRESS/Diego Radamés

Tras el despiste del juez Peinado hace unos días -angelito-, que olvidó incluir documentación imprescindible sobre la causa que tiene abierta a Begoña Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid se ha pronunciado al fin sobre esta investigación y ha pedido a Peinado que deje de una vez al margen sus indagaciones (un decir) sobre el rescate a Air Europa (Globalia), que ahí no hay nada y ya se lo había pedido en junio; que se centre en lo demás, que algo habrá.

Para sorpresa de nadie, la Audiencia madrileña no archiva la causa contra Gómez, como le había pedido ésta, y da la razón a Peinado, aunque parezca que le da una colleja al calificar de "genérica e imprecisa" la explicación del instructor cuando argumentó que había que investigar el trabajo de Gómez desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno ("Los hechos objetos de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno"). Es decir, que según el juez, Gómez es sospechosa de delitos de tráficos de influencias y corrupción por ser la pareja de Sánchez, no porque haya algún indicio de que lo sea.

La Audiencia de Madrid le ha pedido a Peinado, pues, que se corte un poco con sus razonamientos para justificar el lawfare, pero que siga con él (alargar una causa con despistes, olvidos, lo que sea ... es una de las tácticas principales de ese acoso judicial), que da igual que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil diga (dos veces) que no hay ninguna irregularidad en los contratos investigados por Peinado, firmados entre el empresario Juan Carlos Barrabés y distintas administraciones públicas, pues esa "perfecta adjudicación de las licitaciones no impediría la comisión previa del delito de tráfico de influencias", aunque no haya pruebas de ese delito, según la UCO. Y así todo.

En una perfecta sincronización entre la Audiencia Provincial de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), además, al poco de conocerse la decisión de no archivar la causa contra Gómez, el PP de Isabel Díaz Ayuso decidió que iba a llamar a la esposa de Sánchez a declarar a la Asamblea, quizás también al presidente, porque hay que restaurar el nombre y la imagen de la Complutense, puesto que el máster de Gómez sigue bajo la investigación de Peinado por decisión de la Audiencia. Pero el máster ya no es, pues según denunció la propia esposa de Sánchez, la UCM se lo ha cancelado alegando poco interés al no haber apenas suscriptores. Gómez asegura que los preinscritos -que pagan por esa reserva 40 euros- son más de 50, entre presenciales y semipresenciales, al tiempo que fuentes cercanas a la mujer de Sánchez sostienen que la cancelación se hizo fuera de todo cauce habitual, este lunes y con un escueto comunicado de la Escuela de Gobierno de la Complutense a la dirección del máster, que sería quien tendría que cancelarlo si esa falta de inscripciones fuera real.


Resulta cuando menos fascinante cómo se resuelven las cosas en las instituciones autonómicas madrileñas, rápido y sincronizadamente, con gran preocupación siempre por el Gobierno de España, si es que quien lo representa es un okupa, o sea, del PSOE. Fíjense que tan preocupada está Ayuso por la imagen de la Complutense, un organismo que financia la Comunidad que ella preside, que ella misma fue nombrada Alumni UCM Ilustre en 2023, en plena precampaña electoral. Había que echar a Gómez de la UCM y cerrar sus dos másteres, uno en septiembre, y ahora, el máster de dirección en captación de fondos (frundaising), aunque llevara once años funcionando con total normalidad y, según la UCO, no esté bajo sospecha de nada. Así se cierra el círculo perfecto del lawfare, con la destrucción profesional y personal del señalado, en este caso, señalada por ser la esposa de Sánchez; un daño colateral que encima, sirve para tapar otro más numeroso: la muerte de cerca de 7.291 mayores en residencias madrileñas durante lo peor de la pandemia a los que se impidió ir a hospitales. A ver quién da más.

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