Dominio público

España descarrila, y no solo en Atocha

Ana Pardo de Vera

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) y la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. EUROPA PRESS/A. Pérez Meca
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) y la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. EUROPA PRESS/A. Pérez Meca

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo estuvo en La Hora de la 1 (TVE) este martes dando una entrevista y anunció el foco de la negociación de Sumar con el PSOE para apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2025: una reforma fiscal profunda que incluye cuestiones tan básicas como que la sanidad y la educación privadas dejen de pagar 0 euros de IVA. Yolanda Díaz ya hizo esta propuesta durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, en 2023, con un cálculo recaudatorio de 3.300 millones de euros más para el erario.

Lo de la reforma fiscal es el clásico de la izquierda, con nula receptividad por parte de la derecha y escaqueos constantes del PSOE, que apuesta por dar una de cal y una de arena, sobre todo, cuando vienen mal dadas, por ejemplo, en pandemia ... aunque no sólo: los socialistas plantearon esta medida hace diez años, durante una jornada sobre fiscalidad previa a la celebración de una Conferencia Política. De aquello, ni me acordaba. Aún estoy esperando, de hecho, el referéndum monarquía-república que pidió Felipe González antes de que se pariese la Constitución posterior a la ley para la Reforma Política (1977) con la que Adolfo Suárez -así lo confesó en una entrevista a Victoria Prego que conocimos muchos años después- encajó con calzador la Corona y nos hurtó el debate, porque ganaba la república: "Hacíamos encuestas y perdíamos".

Esta vez, sin embargo, me temo que no existe otra opción: o se pulen desigualdades y se gravan privilegios y lujo, se redistribuye riqueza con impuestos equitativos y se refuerzan servicios públicos para garantizar la igualdad de de derechos y oportunidades o este país revienta por la extrema derecha. Un repaso a la última semana, no más: vivienda, infraestructuras (trenes) o sanidad (enfermería, entre otros) no son sólo servicios públicos, son derechos que deben garantizarse a todos los/as ciudadanas a los que se jura con autobombo que viven en una democracia avanzada. Y en este momento, descarrilan para una mayoría considerable.

España ha cambiado tanto en 20 años -mínimo- que no la reconoce ni la madre que la parió, y no solo cuantitativamente con una población descompensada, sino cualitativamente con una sociedad muy diversa a la que se trata de ignorar desde la rancia derecha y sus sucedáneos monárquicos, ultracatólicos o terraplanistas, tanto montan. Parece que el PSOE ha asumido, aunque sea a la fuerza de la investidura, que somos un Estado plurinacional, que podemos ser federal, y que no todo tiene que pasar por Madrid. De hecho, ya va siendo hora de que la capitalidad desaparezca como plus de privilegio, exprimido y manoseado hasta la náusea por el neoliberalismo populista donde la libertad se mide en los codazos que das al de al lado para pedir una cerveza en la barra: gana el más agresivo e insolidario, el que se hace con el botín espumoso como sea. El de la fuerza.

En TVE, Díaz llamó "justicia fiscal" a su exigencia a Sánchez y al PSOE para apoyar las cuentas; yo le llamo supervivencia democrática, y no, no solo pasa por Madrid. De hecho, Madrid solo es una más.

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