¿Cuál es la estrategia actual del gobierno socialista? Parece que durar, al menos, hasta el otoño de 2019, en que convocaría elecciones generales, si no se anticipan todavía más. En este periodo transitorio da por supuesto que, a pesar de la fragilidad de su representatividad parlamentaria, la gestión del poder gubernamental le va a reportar ventajas políticas y electorales: el ensanchamiento de su base electoral y su credibilidad política para afianzarse en el poder institucional. Pero el sendero para conseguirlo es estrecho e inseguro y dependiente del modo electoral en que se ha colocado ya. La decisión sobre la fecha electoral depende de la valoración del presidente Sánchez sobre sus expectativas en ese camino.

Al mismo tiempo, incrementa su indefinición respecto de la transformación sustancial que necesita España, especialmente la mayoría popular, así como sobre su política de alianzas y la orientación de sus políticas en los dos retos clave: socioeconómico y democrático-territorial. O sea, su prioridad estratégica se definiría en términos partidistas, de ampliar su posición de ventaja respecto del actual equilibrio de fuerzas: incrementar su superioridad representativa en relación con sus competidores directos (por su derecha y por su izquierda), para imponer mejor su hegemonía en la gestión institucional y desarrollarla en la próxima legislatura de forma más cómoda y según los equilibrios postelectorales.

Por tanto, hay que clarificar el sentido de esa voluntad instrumental de afirmarse en el poder: durar, ¿para qué?, cuando se subordina a su interés partidista electoral. Y aparecen una serie de interrogantes: ¿cuáles son los objetivos socialistas y su discurso legitimador? ¿cómo se están configurando los campos político-electorales y las expectativas ciudadanas de progreso? ¿cuáles son las consecuencias sociales, económicas y democráticas para la gente de la dinámica generada? ¿qué perspectivas ofrece para la gente progresista y las fuerzas del cambio?

Parto del contexto emergente con cuatro rasgos básicos: prórroga de los presupuestos del anterior Gobierno del Partido Popular, con gestión gubernamental vía decreto; continuismo de la política socioeconómica con limitados cambios; ligera distensión, pero con bloqueo de fondo en la cuestión catalana, y desvalorización del acuerdo político con Unidos Podemos y sus aliados. Los comento brevemente para contrastarlos con las tendencias sociopolíticas de fondo y las implicaciones para un horizonte de progreso para, así, clarificar la vía de la dirección socialista hacia las elecciones generales.

Una vez desalojado el PP del Gobierno y aplicar una mínima limpieza democrática a la corrupción y el autoritarismo imperante, la sociedad española aspira a un giro progresista en las políticas sociales y económicas que afronte las graves consecuencias sociolaborales de desigualdad, recortes sociales, discriminación y empobrecimiento que persisten y que la mayoría social todavía percibe que siguen consolidadas, tal como indican distintas encuestas.

Ejemplos contundentes de la indignación pública y la reivindicación ciudadana de mejoras socioeconómicas y democráticas concretas, así como de su influencia en la política gubernamental, han sido la movilización feminista contra la discriminación y el acoso a las mujeres y por la igualdad de género o la exigencia masiva de unas pensiones dignas o contra el pago de la gente de los gastos e impuestos de las hipotecas. Son evidentes la exigencia cívica de responsabilidades hacia los poderes económicos y la clase gobernante anterior, así como la expectativa ciudadana de cambio generada por la nueva mayoría parlamentaria de talante progresista que alumbró la investidura del presidente Sánchez.

El acuerdo político y presupuestario de progreso se diluye

El acuerdo presupuestario y político del Gobierno socialista y el grupo confederal de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem constituye un paso positivo como comienzo de la reversión de la dinámica precedente de austeridad y autoritarismo. Pero, parece que hay que hablar de él en pasado. Suponía mejoras nítidas para la gente (salario mínimo, revalorización de las pensiones...). Dificultaba el simple continuismo en la gestión de la crisis socioeconómica y el consenso neoliberal-conservador. Era un plan mínimo que apuntaba en buena dirección, una vía lenta, limitada y frágil pero un paso claro hacia la salida de la austeridad. Sería la versión española (a diferencia de la italiana) del comienzo del cuestionamiento gubernamental del modelo liberal conservador europeo, con lectura para sus instituciones y los países del sur. Las reticencias fácticas eran muchas, pero era creíble y beneficioso para la mayoría social.

Favorecía a ambas partes firmantes y estimulaba su confianza mutua. Ofrecía mayor credibilidad a la capacidad de gestión alternativa y unitaria progresista para neutralizar a las derechas. También aminoraba los riesgos, presentes en ámbitos socialistas, de una operación política de gran centro o de dependencia total con los grandes poderes facticos (económicos, institucionales, europeos), con aislamiento de las fuerzas del cambio e imposición de la ‘normalización’ neoliberal y autoritaria.

Pero, de confirmarse la incapacidad gubernamental para aprobarlo en el Parlamento, aun con su desarrollo parcial a través de algunos decretos-leyes, parte de esas ventajas como primer paso se diluyen todavía más. No constituye una fase intermedia para una finalidad clara y compartida: conformar una estrategia unitaria tras un programa y una alianza de progreso, con credibilidad ganadora, para implementar en la siguiente legislatura, tras vencer a las derechas en las próximas elecciones generales, y ser un referente de cambio para Europa (y la propia socialdemocracia).

Desde el ámbito socialista aparece, en primer plano, el carácter coyuntural y limitado del citado acuerdo. A pesar de ello, o precisamente por ello, consideran las dificultades surgidas para su aprobación una dinámica no incómoda para consolidar y ampliar su poder institucional y su legitimidad representativa. Se trataría de gestionar bien (para sus intereses partidistas) la justificación de su pasividad en su defensa y la adjudicación de las responsabilidades a otros por su fracaso. Y, además, recuperar la imagen de autonomía o distanciamiento respecto de sus socios preferentes que apoyaron su investidura, es decir, Unidos Podemos (y aliados) y nacionalistas catalanes y vascos.

Por tanto, se diluye la consolidación de una dinámica de cambio de progreso, la expectativa de ganar juntos, las fuerzas progresistas, para imprimir un giro social, democrático y ‘plurinacional’. El camino gubernamental resalta más el continuismo socioeconómico y territorial y busca mayor margen de maniobra o geometría variable para optar a posibles acuerdos por su derecha (el pacto con el PP sobre el Consejo de poder judicial, más tras el desprestigio del Supremo causado por su gestión sobre los impuestos hipotecarios que debía pagar la Banca, ha sido vergonzoso).

Es decir, la lógica de la dirección socialista (o una parte significativa de la misma) volvería a abrir la posibilidad de otra operación gran centro, previo incremento de su supremacía electoral, la subordinación de las fuerzas del cambio y la contención y actitud colaborativa de Ciudadanos.

El bloqueo catalán y su impacto

El proyecto gubernamental en relación con los dos problemas de fondo, lejos de las expectativas iniciales, sería de un continuismo renovado: por un lado, una gestión instrumental de algunas medidas sociales de fuerte impacto público, pero con la inercia de similar política económica, fiscal, laboral y productiva; por otro lado, algunos gestos simbólicos de apaciguamiento del conflicto catalán o una difusa reforma del Estatut y la Constitución, pero sin valentía para proponer una vía política y democrática que encauce una solución dialogada y pactada con el grueso de las fuerzas catalanas, incluido lo fundamental de las independentistas y la mitad de la ciudadanía que representan; el comienzo serio desechado: revisar la situación injusta de la prisión preventiva de los presos independentistas y la acusación judicial desproporcionada de rebelión.

En el primer aspecto socioeconómico se ha llegado a articular un acuerdo presupuestario razonable, a pesar de la oposición desmesurada de las derechas. Ahora no se implementa y su ejecución es unilateral, parcial e instrumental. Pero en el segundo, el territorial, ni siquiera ha habido determinación para afrontarlo seriamente. Y las fuerzas independentistas han priorizado sus propios objetivos partidistas: cohesionar su dividida y desconcertada base social y electoral debido al fracaso de su estrategia independentista unilateral; salir con mayor legitimidad social y menor impacto represivo del pulso judicial, y ganar poder institucional en las elecciones municipales (incluida la apuesta por desplazar a los comunes y Ada Colau de la Alcaldía de Barcelona).

En otros textos he comentado que el conflicto catalán exige una solución doble, en la cuestión social y la nacional. Se necesita, por un lado, un significativo giro socioeconómico y presupuestario para satisfacer las demandas populares y las políticas sociales, incluidas las catalanas; por otro lado, un camino claro de reconocimiento y articulación de la pluralidad nacional con una solución democrática, transversal e integradora en lo nacional y pactada, superando el inmovilismo centralizador y conservador y la separación en bloques identitarios.

Así, la indeterminación de la dirección del Partido Socialista, en este campo de la reforma territorial, ha constituido un pretexto para las fuerzas nacionalistas para no avalar los avances sociales presupuestarios, beneficiosos también para las capas populares catalanas. Han apostado por la deslegitimación de un proceso político, para ellos, insuficiente y normalizador de la hegemonía del actual Gobierno socialista. Pero también, de paso, por evitar el fortalecimiento de la credibilidad gestora y alternativa de Cataluña En Comú Podem que, junto con el PSC, son sus competidores electorales en Cataluña y con la expectativa de refuerzo de una tercera posición diferenciada de los dos bloques hegemonizados por ambas derechas.

La prioridad de las fuerzas independentistas, incluido ERC, a pesar de su actitud más social y realista: sacar ventajas partidistas claras, aun arropadas con reclamaciones democráticas legítimas y desconsiderando las mejoras socioeconómicas y simbólicas planteadas.

Un proyecto renovado de cambio de progreso

Para las fuerzas del cambio, aunque el pacto político y presupuestario con el Gobierno era un paso positivo, se ha truncado el sentido que lo ligaba a un camino claro de cambio y una gestión político-simbólica pactada con el Partido Socialista, con la expectativa de una colaboración y un horizonte más amplios. Esta encrucijada no determina un horizonte de continuidad para avanzar en el cambio compartido de progreso real o una nueva legislatura progresista para hacer frente a los retos históricos que existen en España y Europa. El futuro, incluido los acuerdos de progreso para la gestión autonómica y municipal, es más abierto e incierto.

La convergencia y la ampliación del espacio por un cambio real de progreso no es fácil. La realidad es compleja y ambivalente. Exige una estrategia y un discurso definidos en lo social y lo nacional y, al mismo tiempo, unitarios para alcanzar acuerdos democráticos mayoritarios. Se trata de consolidar una vía de derrota sobre las derechas y sus políticas liberal-conservadoras, autoritarias y centralistas, para abrir una etapa más democrática e igualitaria.

El acercamiento electoral imprime una mayor dinámica de competencia partidista. Pero ésta, para sumar y no dividir, debería articularse en torno a un proyecto renovado de cambio, igualitario en lo socioeconómico, democratizador en lo político y solidario-integrador en lo territorial, en este marco europeo de hegemonía liberal conservadora y ascenso de la extrema derecha y los nacionalismos excluyentes. Es, por tanto, más imperioso para las fuerzas progresistas desarrollar una estrategia firme y unitaria, de cambio sustancial, que venza a las derechas y alumbre una nueva etapa transformadora respecto de los grandes retos sociales y democráticos de este país de países.