Lo fácil que resulta desalojar a la gente de sus casas por impago de unos cientos de euros, tenga o no donde caerse muerta; sean o no asociaciones del movimiento okupa que hacen uso de propiedades deshabitadas, y lo difícil que es echar de su sueldo de decenas de miles de euros y su poltrona a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este lunes se cumplen los cinco años de okupación judicial, y no quiero con este término ofender al movimiento de ese nombre, cuyo activismo y denuncia me parecen razonables en varios puntos. Este activismo anticonstitucional, ya que estamos, jaleado por el Partido Popular que nombró a la insurgencia togada, ha sido el centro de la conversación entre el ministro de Presidencia y Justicia y los responsables europeos capitaneados por el comisario de Justicia Reynders y la vicepresidenta de la comisión de Valores y Transparencia Jourová. Y no es que lo diga Félix Bolaños, que también, es que hace demasiado tiempo que la Comisión Europea nos saca los colores por no renovar el CGPJ conforme a la mayoría soberana que votamos (o no) usted y yo.

La ley de amnistía es una cuestión interna de España, nos ha dicho hasta el hartazgo Bruselas (como hizo con el procés en 2017, por cierto), pero el derecho a la justicia, un derecho ciudadano prioritario y vulnerado por el PP y su Poder Judicial, son palabras mayores en la Unión Europea. El desquiciamiento de Feijóo (ahora, pero antes Casado y aun antes, Rajoy) por gobernar España le ha llevado a fumarse las advertencias de la Comisión Europea, secuestrar el Poder Judicial y asimilarlo como su Poder Ejecutivo particular. Este jueves tuvimos dos ejemplos descarados de la impunidad con la que se mueve un CGPJ ilegítimo y anticonstitucional, ergo, ilegal: la negativa del Poder Judicial a reconocer como apto al fiscal general propuesto por el Gobierno, Álvaro García, y la del Tribunal Supremo al anular el nombramiento de Magdalena Valerio, exministra de Trabajo del PSOE, como presidenta del Consejo de Estado.

Es curioso que García le pareciera un buen nombramiento a ese mismito CGPJ okupa hace solo un año, cuando ascendió para sustituir a Dolores Delgado, a la que también ha vetado el Supremo como fiscal de Sala. Entonces, el Poder Judicial emitió un informe favorable a García, que aunque no es vinculante, ha llegado al mismo tiempo que la ofensiva del PP para secuestrar todo el poder judicial (con minúscula) al haber perdido el Poder Ejecutivo y la mayoría de los apoyos en el Poder Legislativo.

Más que controlar la Sala de lo Penal por la puerta de atrás colocando a Marchena, su presidente, de ídem del CGPJ (ahí se jodió el Perú, hace cinco años) para las cosillas de la corrupción, supongo, ahora Feijóo lo quiere todo. "O nosotros o el caos", que ya lo dijo Cospedal, la protegida amnésica de García-Castellón.

En este periódico hemos sido siempre muy críticos con las puertas giratorias, todas, pero aunque no son casos iguales los de García, Delgado y Valerio y, efectivamente, el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado inmediatamente después de cesar como ministra de Justicia y pese a su vinculación con José Manuel Villarejo, fue un disparate que creo que está pagando. Tampoco Valerio es jurista, por eso la rechaza el Supremo, aunque seguro que durante su paso por el Ministerio de Trabajo aprendió más leyes que José Manuel Romay Beccaría, letrado del Consejo de Estado por oposición franquista (1959), cuya dictadura, además, le dio varios cargos.

Romay Beccaría es eso que se llama un "poder fáctico" en Galicia y fuera de ella, que manejó resortes del franquismo y de la democracia poniendo y sacando peones de las instituciones. Hombre agradable, amable y risueño, nadie imaginaría a primera vista la vara de mando (de mando mucho) que guarda en su despacho: que Feijóo sea el presidente del PP no es casualidad ni solo responsabilidad de Rajoy. El presidente del principal partido de la oposición es beccarista puro, pero sin pulir. Por eso fue Manolo Cruz, el chófer de Romay, entre otros altos cargos de la Xunta, quien presentó a Marcial Dorado al hoy líder del PP; Cruz era socio y presunto testaferro del narcotraficante. Murió en un accidente ciertamente raro.

La competencia de nombrar al fiscal general del Estado y el presidente del Consejo del ídem es del Poder Ejecutivo que Feijóo no tiene y no asume. Que el Poder Judicial haga cinco años de anticonstitucionalidad el lunes 4 de diciembre es de nota antidemocrática también. El Gobierno debe pactar con Bruselas un sistema que fuerce esta renovación en proporción al poder soberano del Parlamento para pasar a emprender la reforma del sistema de elección del CGPJ y terminar con las puertas giratorias, donde una exministra no puede ser presidenta del Consejo de Estado y un exministro del PP y exalto cargo del franquismo genocida, sí. Todo coincide, incluido Marcial Dorado. Otra vez.