El uso de las instituciones para fines personales o partidistas tiene un riesgo, no solo para la democracia, que por descontado. También conlleva ese riesgo para quienes ejecutan esa utilización, pues, en la impunidad de la que se creen propios para usar y manchar las instituciones, pasarse de frenada en algún momento -y en la era de las redes sociales- es altamente probable si el uso es abusivo.

Es de sobra conocido que a la presidenta de la Comunidad de Madrid le gusta usar su cargo y las herramientas que le proporciona para gobernar -muchas- para defender a los suyos y cargar contra quienes tratan de destapar sus comportamientos delictivos reconocidos, como el fraude fiscal de su pareja, o, como mínimo, éticamente cuestionables, como las jugosas ganancias de su hermano a cuenta de la pandemia, o sea, de una tragedia mortal y traumática para toda la sociedad, también la madrileña. Siempre surgen contradicciones en estos enjuagues, como decir que tu pareja es una ciudadano "particular" y utilizar el atril de presidenta autonómica para defenderlo, aunque sea mintiendo.

El caso que aquí esbozo es bien conocido y todavía está pendiente de juicio o de pacto, una vez admitida la estafa fiscal por parte de Alberto González Amador; asimismo, están pendientes de resolver las denuncias de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra el fiscal general del Estado por desmentir un bulo contra este ministerio público difundido por la Presidencia madrileña o contra el Ayuntamiento de Madrid, por difundir datos del expediente de obras (dudosas) del lujoso piso (o pisos) que Ayuso y González comparten en la capital. El alcalde Martínez-Almeida, claro, no ha dicho ni mu para defender a su institución, porque bien sabe él cómo se las gasta Ayuso cuando tratan de relacionarla a ella o a su gente con actuaciones poco claras. Aún se acuerda el regidor de Pablo Casado y su salida forzosa de la calle Génova.

A falta de conocer el desenlace del caso González Amador, aunque, como mínimo, el delito de fraude fiscal y falsificación de facturas durante la pandemia esté admitido, la propia Ayuso y la impunidad para manipular o mentir de la que hace gala se ha dado de bruces con los tribunales en un caso de una evidencia xenófoba abrumadora, aunque nadie la haya denunciado por este comportamiento. El caso es de una gravedad extrema, pues mezcla mentiras, denuncias que no existen, señalamiento de migrantes de un centro de acogida de Alcalá de Henares (Madrid), imputaciones falsas por violencia a esos mismos extranjeros o difusión de documentos policiales y confidenciales por parte de autoridades madrileñas. Además, demuestra la cobardía de dos altos cargos políticos, la propia Ayuso y la alcaldesa de Alcalá y presidenta de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), Judith Piquet (PP), imputada ya junto a su jefe de Prensa por la filtración de un documento policial ("infidelidad en custodia de documento público") que publicó en X el secretario general del PP y diputado madrileño, Alfonso Serrano: tanto Ayuso como Piquet, cuando fueron acusadas de querer criminalizar a los migrantes acogidos en Alcalá, echaron la culpa a otros, la presidenta a la alcaldesa y la alcaldesa al exjefe de la Policía Local. "De los amigos me guarde Dios, que de los enemigos me guardo yo ...".

La pareja de Ayuso pide al Supremo imputar al fiscal general del Estado por revelación de secretos

En definitiva, Ayuso fue a celebrar un Consejo de Gobierno en Alcalá y allí, durante un acto público, se inventó agresiones sexuales, brotes de "sarna", altercados y otras lindezas de las que los migrantes alojados por el Ministerio de Inclusión en el cuartel Primo de Rivera eran culpables, según la presidenta madrileña. Todo mentira, dijeron desde la Delegación Gobierno, pero fue cuando Ayuso culpó a la alcaldesa Piquet de contárselo y el secretario general del PP difundió un parte policial de una denuncia por violencia -que retuiteó la regidora-, aunque no constaba agresión sexual alguna, de un hombre negro a una mujer en un cementerio. Ni migrantes ni manadas de ídem ni violaciones ni sarna ni nada, aunque parece que el hecho de que el hombre sea "negro", como recoge la denuncia confidencial filtrada por Serrano, lo convierte automáticamente en migrante, ergo, en delincuente, según el PP de Madrid. ¿Quién dijo que Alvise o Vox eran el peligro?