La situación actual de la vivienda en España muestra que hay una crisis estructural con este tema, la crisis está marcada por el aumento gigantesco de los precios de alquiler y compra, los fenómenos de gentrificación, el auge de los pisos turísticos, la especulación inmobiliaria y la falta de inversión en vivienda pública. Todos estos factores afectan a diferentes sectores de la población; jóvenes, familias o personas mayores, pero también afecta de manera diferencial a las mujeres, especialmente a las supervivientes de violencias machistas.

De estas últimas se ha hablado menos, pero es fundamental señalar que la vivienda es, sin duda, una medida contra las violencias machistas.

La vivienda es una de las condiciones esenciales que deberíamos tener todas las personas para el desarrollo personal y la agencia propia, sin un hogar seguro es imposible desarrollar estas capacidades y ejercer la libertad. En este sentido, si las mujeres en situaciones de violencias machistas no tienen acceso a la vivienda, les será más difícil poder protegerse y reconstruir sus vidas lejos de sus agresores.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el 70% de las mujeres que sufren violencias machistas no denuncian a su agresor por miedo a perder su hogar o por miedo a quedarse sin lugar donde vivir. Por ello, podemos afirmar que sin hogar estable las mujeres no solo están más expuestas a la violencia machista, sino que también tienen menos recursos para escapar de ella.

Para que las mujeres tengamos el acceso a la vivienda garantizado hay varias medidas que deben tenerse en cuenta. La primera es la reducción de la brecha salarial. La segunda y la tercera son medidas calcadas a las necesidades de otros sectores: reducción de los precios del alquiler y fomento de la vivienda pública. En la Comunidad de Madrid no se cumplen ninguno de estos tres aspectos.

La gestión del PP es una catástrofe para las mujeres. Bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la venta de viviendas públicas a fondos buitre, la reducción de programas de vivienda social y la falta de inversión en vivienda pública ha empeorado la situación habitacional para miles de mujeres en esta región.

Uno de los casos más sonados de gobiernos del PP fue la venta, en 2013, de más de 1800 viviendas del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) a fondos buitre. Esta operación fue promovida por el Gobierno de Ignacio González y dejó a miles de familias y mujeres sin opciones habitacionales asequibles. Además, la consecuencia de estas ventas se tradujo en encarecimiento de alquileres en zonas que eran accesibles.

En la actualidad, Ayuso ha implementado políticas que favorecen tanto la especulación inmobiliaria, como la liberación del suelo y se ha negado de manera constante a regular los alquileres aumentando con ello la vulnerabilidad de muchas mujeres supervivientes de violencias machistas.

Toca poner pie en pared a estas políticas regresivas. Es fundamental abordar el acceso a la vivienda desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. Las políticas de vivienda deben tener una mirada puesta en la creación de espacios seguros y accesibles para las mujeres, especialmente para aquellas que huyen de situaciones de violencias machistas.

En este sentido, es imprescindible pedir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que cumpla con sus obligaciones. Por un lado, que regule los precios de los alquileres para que todas las mujeres tengamos el acceso a la vivienda asegurado (recordemos que cobramos entre un 17% y un 19% menos que los hombres en Madrid). Por otro, aumentar la oferta de vivienda pública destinando un porcentaje de esa vivienda de manera preferente a las mujeres supervivientes de violencias machistas.

Y pedirle al Gobierno de España que sea valiente y que elija en qué lado de la historia quiere estar: si en aquel que apostó por el derecho a la vivienda o si prefiere quedarse del lado de la especulación.

El acceso a la vivienda no es solo un derecho humano, recordemos que es también, una herramienta para prevenir y acabar con las violencias machistas.