"Vamos a poner en marcha los bonos del alquiler para jóvenes", anunciaba recientemente Pedro Sánchez. Es fácil intuir que es su respuesta a las recientes protestas en las calles por el derecho a una vivienda digna. La canción podría sonar bien en una primera reproducción, pero la realidad es que es una medida sin ritmo y que, en ningún caso, resulta innovadora. Las políticas pensadas para la juventud no deberían basarse siempre en bonos y cheques, sino en garantizar la construcción de un futuro digno. Este bono para el alquiler es un boleto premiado para los caseros, que sin una regulación efectiva de los precios de los alquileres -abordando los alquileres de habitaciones y temporales- difícilmente va tener efectos positivos a largo plazo para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda.

La canción del bono joven para el alquiler no es la primera vez que el ejecutivo español la entona, lo hicieron también en 2022, y en un análisis superficial, se podría asegurar que la medida tampoco ha tenido una utilidad real para la ciudadanía, viendo lo que a nadie se le escapa: la escalada de los precios del alquiler en estos últimos años. Hoy, en 2024, los jóvenes menores de 30 años con posibilidad real de independizarse, son minoría, y los desahucios invisibles son cada vez más comunes. Los precios actuales lastran su vida y su futuro, al verse obligados a destinar gran parte de su salario, el que puede, a pagar el alquiler. Porque de adquirir una propiedad ni hablamos, claro. Por ello, apelar a la "solidaridad de los propietarios" para bajar los precios de los alquileres, como hizo la ministra hace unos días, o a una especie de fe ciega de los inquilinos en que todo se va a solucionar sin intervención de ningún tipo, no puede ser la contestación a este clamor social.

Para legislar es necesario tener en cuenta la realidad de la problemática, sobre todo si lo que se quiere es dar soluciones efectivas. Este bono joven recoge como condición que para acceder a la ayuda el contrato de arrendamiento del piso completo no supere los 600 euros mensuales (900 euros en algunos casos), 300 euros en el caso de una habitación, ¿se ha dado una vuelta por "Idealista", o cualquier otra plataforma de oferta inmobiliaria, el presidente Sánchez o la ministra de vivienda? En Barcelona o Palma, por ejemplo, la oferta por debajo de los 600 euros es prácticamente nula. Y en ciudades más pequeñas como Valencia o Lleida, es también difícil de encontrar. Este requisito evidencia, o bien una ineptitud del gobierno para afrontar la situación en materia de vivienda, o bien una clara falta de valentía para enfrentarse a quienes están cronificando la precarización de la vida limitando el acceso a la vivienda.

La sociedad civil organizada, las asociaciones vecinales, los activistas en defensa del derecho a una vivienda digna, y las fuerzas progresistas y soberanistas del Estado con representación en el Congreso y el Senado hace tiempo que venimos advirtiendo que la situación de indefensión y vulnerabilidad de la mayoría frente a propietarios, grandes tenedores o fondos de inversión, está llegando al límite. Sin una intervención del mercado y el tope efectivo en el precio del alquiler, no hay solución posible ni duradera. La vivienda no puede ser un bien de mercado al que solo tenga acceso una minoría, por eso, hay que ser contundentes en esta legislatura. Evitarles a los jóvenes de hoy una situación parecida a la que ya vivimos nosotros tras la crisis económica de 2008, tiene que ser un objetivo indispensable de la izquierda.

Como digo, actuar con decisión y valentía debe ser el objetivo, porque la emergencia habitacional requiere de políticas sólidas. "Yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres", dijo Sánchez, entonces el camino es fácil: actuar y legislar para parar los pies a quienes quieren hacer negocio con la vida y el futuro.