Juan López de Uralde y Julià Álvaro Prat

Estos días se está celebrando en Bonn (Alemania) la 23ª Cumbre del Clima con la participación de la mayoría de los países del mundo y de una nutrida representación de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los graves problemas que plantea el cambio climático y comprometidas en la lucha por frenarlo.

En esta COP23 nos jugamos mucho. El Acuerdo de París de 2015 despertó grandes esperanzas, porque por primera vez se adoptaba un compromiso mundial serio en el que las Partes se comprometían a evitar un aumento de más de 2ºC de aquí al 2100, e incluso llegaron a acordar que lo deseable sería que dicho aumento no superara los 1,5ºC.

Pero... después de París llegó Trump, y el pesimismo volvió a resurgir, por más que la UE y otros países ratificaran su compromiso irreductible con la causa del clima. También llegó la "realpolitik" y la presión de los poderosos para evitar que los estados adoptaran políticas que pudieran lesionar sus intereses económicos.

La ralentización de las acciones contra el cambio climático ha vuelto a ser la tónica dominante en muchos países y los compromisos no se adoptan y ejecutan a la velocidad necesaria, lo que nos aboca a un callejón sin salida (o a buscarnos otros planetas, como ya ha pronosticado Stephen Hawking).

España, desgraciadamente, es un buen ejemplo de inacción, un Estado que incumple los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea con la comunidad internacional.

Los efectos de esa inacción son ya palpables. Europa ha entrado en una era de fenómenos meteorológicos extremos. Así lo ha anunciado un informe presentado en enero de este año por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) en el que se afirma que las olas de calor, inundaciones, sequías y tormentas serán cada vez más frecuentes e intensas en todo el continente como resultado del cambio climático. Además, el documento señala que las variaciones en el clima global ya han comenzado a tener un impacto negativo en la salud, la naturaleza y la economía comunitaria.

Los expertos y la comunidad científica advierten de que el sur del continente europeo, y por tanto España, será un "punto crítico", una de las zonas que sufrirá con más intensidad las consecuencias del cambio climático.

Las regiones meridionales ya están registrando un mayor aumento en las temperaturas máximas y menores niveles de precipitaciones, así como una disminución del caudal de los ríos. La combinación de estos factores incrementa sensiblemente la aparición de sequías, lo que se traduce en más daños en los cultivos, deterioro de la biodiversidad y un mayor riesgo de incendios forestales. Lo hemos visto en este pasado mes de octubre con los devastadores incendios de Galicia y Asturias que no tenían precedentes históricos en estas fechas.

Esta situación es la que viene anunciando año tras año la comunidad científica, y uno tiene la sensación, como apunta el dicho, de que no hay más sordo que el que no quiere oír. En las estimaciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014), se plantea que de mantenerse la tendencia de emisiones que ha prevalecido entre 1990 y 2012, la concentración de CO2 en la atmósfera a finales del presente siglo será superior a las 900 partes por millón y la temperatura media aumentará alrededor de 4,5ºC.

La cuenca mediterránea ya ha superado el grado y medio de aumento de temperatura. En el último año las emisiones mundiales de CO2 han crecido después de años de comportamientos más moderados. Las perspectivas para 2017 no son buenas. Las emisiones volverán a crecer. El uso continuado de los combustibles fósiles explica lo que está pasando. Eso quiere decir que los compromisos no se cumplen, que los grandes discursos no se concretan en decisiones políticas coherentes.

Sabemos lo que hay que hacer, lo dicen los científicos, lo defienden las organizaciones sociales y ambientales, lo plantean muchos gobiernos nacionales, regionales y ciudades de todo el mundo: hay que actuar ya, sin dilaciones y con la responsabilidad que la situación exige. No hacerlo es mucho peor para todos. Y no solo por razones ambientales. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó Nicholas Stern en su informe de referencia hace ya más de una década, en 2006: el clima no sólo es un aspecto fundamental del entorno; es un factor clave en la economía y el desarrollo. Su estudio tuvo un gran impacto. Desde entonces, se ha avanzado mucho en el análisis económico del cambio climático y el propio autor ha actualizado su análisis en sucesivas publicaciones que han demostrado que los negativos efectos económicos del cambio climático son mucho más graves de los que anunció en su primer informe.

El mundo no puede esperar (y las personas tampoco) a que los grandes Estados y sus grandes estadistas nos dicten lo que debemos hacer. No podemos esperar siquiera a que se pongan en acción, a que demuestren que han entendido el valor de lo que nos jugamos.

Desde las instancias administrativas más cercanas a la población es necesario actuar. También desde las organizaciones sociales. Pero los ayuntamientos, las administraciones autonómicas y regionales han de trabajar para pasar de las palabras a los hechos en los compromisos ambientales. La figura de Jerry Brown, gobernador de California, que se ha convertido en "ese americano que es todo lo que Trump no es", nos traslada ese mismo mensaje: "olvidemos a Trump, no nos preocupemos de quienes no hacen nada o no tienen interés; trabajemos en aquellos ámbitos donde lo podemos hacer". De eso se trata. De no esperar; de actuar de una vez por todas. Si no es así no conseguiremos cumplir los compromisos de París.

Así lo han entendido los gobiernos regionales progresistas y los ayuntamientos del cambio en España, en los que participamos, que están adoptando políticas (en el marco de sus competencias) de eficiencia energética en viviendas, gestión sostenible de residuos, urbanismo y protección del territorio, movilidad sostenible, fomento de la agricultura ecológica...

Porque es imprescindible reconocer que no nos van a salvar las fórmulas mágicas que los más interesados en defender las energías fósiles nos plantean. Es preciso cambiar el modelo energético. Es más, debemos ser más precisos, modificar los modelos de crecimiento, de negocio, en definitiva, cambiar el modelo de desarrollo. El mito del crecimiento ilimitado es una trampa todavía más grande que la de firmar grandes tratados para luego incumplirlos.

De Bonn no podemos salir con las manos vacías. Y como apunta "ese americano que es todo lo que Trump no es", pase lo que pase, nosotros debemos actuar, y se hace imprescindible que transitemos por los siguientes caminos:

1. Debemos definir sendas de des-carbonización, hojas de ruta más concretas y más precisas, en el horizonte 2030 y 2050.
2. Una apuesta decidida por la eficiencia energética. Constituye el modo más rápido y seguro de reducir emisiones, facilitando una mayor competitividad en la producción industrial y generando efectos sociales positivos en los hogares.
3. Generalizar el empleo de tecnologías renovables. Las renovables siguen representando el conjunto de tecnologías que experimenta un mayor crecimiento relativo y cuenta con mejores expectativas. Sin embargo, todavía permanecen muy por debajo de su potencial debido a que se enfrentan a importantes barreras como el impuesto al sol de Rajoy.
4. La economía circular es la respuesta a un nuevo modelo de desarrollo que permita cerrar los ciclos de la producción y consumo, impulsando políticas de reducción, reciclaje y reutilización en materia de residuos, e implementando sistemas de depósito para los envases.
5. Establecer un precio para el carbono, ya sea a través de instrumentos fiscales o mercados de carbono.
6. Eliminar los subsidios a las energías fósiles. En 2014, la Agencia Internacional de la Energía calculaba que el total global de dichos subsidios superaba los 543.000 millones de dólares. Añadía que su eliminación reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero entre el 6 y el 13 por cien de las emisiones globales en 2050.
7. Promover y fomentar la agricultura y la ganadería ecológica, y los modelos de producción, comercialización y consumo de proximidad como mecanismos para reducir las emisiones y la contaminación de las tierras y las aguas.
8. El que contamina, paga. Los países desarrollados han de cumplir con el compromiso de ayuda financiera y garantizar que el fondo de 100.000 millones de dólares esté disponible para los países en desarrollo, en especial para los más vulnerables y frágiles. Los estados pobres no pueden esperar más. Las primeras víctimas están siendo justamente quienes menos han contribuido a la degradación del planeta. El fenómeno de los refugiados del cambio climático (sequías, pérdida de cosechas, hambrunas, epidemias, lucha por los recursos energéticos...) es imparable y dramático, y todos tenemos la obligación de mitigarlo.

La Unión Europea ha de ser más exigente y comprometida. Nuestro nivel de desarrollo, nuestra economía y la tecnología de que disponemos lo hace posible. Los europeos hemos demostrado que podemos descarbonizar y que sabemos cómo hacerlo sin que ello suponga un impacto negativo en la vida de las personas. Los resultados son tangibles: al finalizar 2013, las emisiones fueron un 19% menores que las del año de referencia, 1990 (en ese período el PIB de la UE se ha incrementado un 45% en términos reales). Los compromisos deben de ser más fuertes y para ser creíbles los compromisos nacionales tienen que ser evaluados año a año.

La única manera de que los compromisos nacionales sean considerados como un suelo sólido sobre el que construir la política climática internacional es que existan garantías suficientes sobre el control y la evaluación de las emisiones. Es fundamental, en consecuencia, que haya mecanismos legales de verificación por parte de terceros independientes sobre los respectivos inventarios nacionales. De lo contrario, el sistema carecerá de suficiente credibilidad y, como consecuencia de las inevitables desconfianzas, a la larga fracasará.

Uno de los cambios más significativos de los últimos tiempos es haber entendido que una respuesta adecuada al cambio climático es parte imprescindible de las aspiraciones al desarrollo y la cohesión social en todos los países. La seguridad climática es hoy considerada un factor clave para el bienestar de las sociedades y la justicia global. En un mundo que avanza hacia los 9.000 millones de habitantes a mediados de siglo, la energía, el agua dulce y la seguridad alimentaria constituyen elementos indispensables para la vida y el desarrollo. Que desaprovechemos otra oportunidad, y no nos quedan muchas, para garantizar nuestra supervivencia no parece una opción muy inteligente.

*Juan López de Uralde es coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, y Julià Álvaro es coportavoz de Verds Equo y Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Generalitat Valenciana