En el año 2007 Greenpeace presentó un informe sobre el potencial del desarrollo de las energías renovables en España, y por primera vez acuñó el concepto de un modelo energético 100 % renovable. La propuesta de ley de cambio climático pone, por primera vez, ese horizonte, entonces ampliamente denostado, en un texto legal en España.

Tras muchos años esperando, y en un contexto de pandemia sanitaria, el gobierno aprobará y por fin la ley de cambio climático llegará al Congreso. Se trata de una herramienta imprescindible que establecerá el marco normativo para impulsar la descarbonización y la transición energética. Su objetivo prioritario es cumplir con el Acuerdo de París de impedir un calentamiento superior a 1,5ºC

La propuesta de ley de cambio climático se propone unos objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones, participación de las renovables en el consumo de electricidad y eficiencia energética. Los objetivos serán siempre objeto de debate, pero la buena noticia es que establece la obligación de que su revisión siempre sea al alza. Es decir, esos objetivos se podrán modificar solamente para aumentar su ambición.

Llevábamos años esperando una Ley de Cambio Climático, y ahora lo importante es que por fin se va a presentar un proyecto para que, cuanto antes, el Congreso pueda acordar un texto ambicioso para hacer frente a la emergencia climática y la crisis ecológica que estamos viviendo.

La crisis sanitaria que estamos viviendo se puede quedar corta en comparación con las situaciones a las que nos puede llevar la emergencia climática, si no hacemos nada para evitarlo

La transición energética promovida por esta ley permitirá movilizar mas de  200.000 millones de euros a lo largo de la década 2021-2030. Con una creación de empleo neto de entre 250.000 y 300.000 personas al final del periodo. Estos datos cobran especial importancia en el actual contexto de crisis económica que vivimos, porque establece una hoja de ruta para una desescalada realmente verde.

En materia de producción energética se contempla un horizonte de 100% producción energética renovable, pero hay muchas otras medidas de interés en esta ley que podemos desgranar.

No se otorgarán nuevas autorizaciones, permisos de investigación y concesiones de explotación a hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial.

Esta ley dota a las ciudades de una cobertura legal para  abordar estrategias contra la contaminación urbana. Por ejemplo establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán introducir áreas de bajas emisiones, para garantizar zonas de baja contaminación. Es algo que se venía reclamando, especialmente desde la polémica con Madrid Central.

Se ha desarrollado, además, con el espíritu de no dejar a nadie atrás, y por eso establece los mecanismos para que la transición energética sea socialmente justa.

El clima está de hecho cambiando a gran velocidad, especialmente en la Península Ibérica, por ello aborda la necesidad de políticas de adaptación al cambio climático en todos los sectores.

También impulsa que la contratación pública incluya en sus criterios la reducción de las emisiones de CO2.

Establece la creación de un comité de expertos independiente que evalúe las políticas de cambio climático, algo que se viene reclamando desde la sociedad civil para dar continuidad a la lucha contra el cambio climático más allá de las diferencias políticas.

En definitiva, el gobierno aprueba una Ley de Cambio Climático que promueve la reducción de emisiones, un sistema eléctrico 100 % renovable e importantes inversiones en ahorro energético. Una ley necesaria, que puede guiar la reconstrucción del país hacia un horizonte verde.