Desde el 29 de septiembre está en vigor la Ley 7/2023, de protección de los derechos y bienestar de los animales. Es la primera ley, de carácter estatal y aplicación en todo el país, que reconoce derechos a los animales en España.

Pero lejos de estar festejando este hito para el Derecho Animal español, otro más en pocos años, es tal la porquería informativa y los bulos que se han vertido sobre ella que parece que tengamos que estar dándonos el pésame. Cabe preguntarnos, entonces, qué hay de cierto en todo esto. ¿Es una ley perfecta? ¿Alguna lo es? ¿Esto va de si me van a quitar o no el periquito? ¿Qué hay detrás de la ametralladora de información sensacionalista y banal sobre una cuestión técnico-jurídica?  ¿Por qué se simplifica hasta el absurdo lo complejo?

El fenómeno de las estrategias de la manipulación mediática (Timsit, Chomsky) quizá podría ayudarnos a entender por qué se ha intentado negar la necesidad de esta ley, impuesto el discurso de los bandos al tildarla de podemita o se le ha puesto tanto esfuerzo en infantilizar el debate.

Lo primero que se intentó, por todos los medios, es que esta Ley no saliera adelante. No podemos obviar que los lobbies de cabecera de la explotación animal y sus aliados, poderosos intereses económicos sectoriales y políticos, que se sienten amenazados cada vez que avanzamos en derechos, no lograron tumbar su tramitación.

Entonces, en segundo lugar, se pasó al siguiente objetivo: se pusieron manos a la obra para mermarla y recortarla lo máximo posible. Infinitas campañas difamatorias y alarmistas filtradas durante su tramitación que a nadie dejaron indiferente. Y es cierto, consiguieron algunas vergonzantes mermas como el dejar fuera de su protección a los perros utilizados en actividades cinegéticas, ganaderas y de trabajo.

Esto tampoco era nuevo: durante la tramitación de la ley que reformó el Código Civil y que descosificó legalmente a los animales en España, reconociéndoles a todos ellos la condición de seres sintientes; durante la tramitación de la reforma del Código Penal que ampliaba los delitos de maltrato animal; o durante la ratificación de la adhesión de España al Convenio europeo de protección de los animales de compañía; pasó exactamente lo mismo. Se intentó, por todos los medios, que sólo los animales de compañía dejaran de ser cosas, que los animales salvajes no tuvieran protección penal frente al maltrato o que a los perros de caza o de raza se les pudieran seguir practicando amputaciones de miembros (orejas y rabos). Pero no lo consiguieron.

Por desgracia, esta vez, los lobbies feroces de explotación animal sí consiguieron esa merma del alcance de la ley, importante pero no insalvable legalmente hablando. Permítanme que no haga públicas aquí las estrategias legales para revertir esa deshonrosa excepción que excluye de la protección de esta ley a los animales utilizados para cazar, pastorear u otras actividades humanas.

No obstante, lo anterior, sí me gustaría dejar claro que estos perros siguen estando protegidos frente al maltrato y abandono tanto por el Código Penal como por las leyes autonómicas de protección animal que resulten de aplicación, así como por las ordenanzas municipales y el resto del Derecho Animal vigente. No están desamparados ni sus responsables tienen impunidad. Decir lo contrario es otra falsedad más.

En tercer lugar, una vez aprobada la Ley, el tratamiento informativo sobre ella, salvo excepciones, sigue siendo vergonzoso. Se la ha calificado de innecesaria, de acientífica, de carecer de asesoramiento técnico, de ser fruto de sentimentalismos (ojo al tufo machista) y se ha querido rebajar el nivel del debate y de la información sobre ella para convertirla en foco de enfado y falso alarmismo. Se han ondeado todo tipo de banderas para cercenarla y se han hecho alianzas de lo más curiosas. Sectores de la explotación animal que ven todo avance en derechos de los animales como una amenaza a sus intereses económicos,  grupúsculos de científicos que acostumbran a etiquetar de mascotista, peluchista o magufo  todo lo relacionado con el movimiento social de defensa de los animales o animalista y sus postulados y que hacen mofa, sobre todo, incidiendo, soterradamente, en el hecho de que es un movimiento social abanderado principalmente por mujeres, defensoras "sensibleras" de los animales de compañía. Es curioso que este mismo argumento del sentimentalismo femenino era el que se aducía para impedir la entrada de las mujeres en las sociedades científicas hace un par de siglos.

En estos meses he leído y acumulado mucha documentación sobre el tratamiento informativo recibido por esta Ley que, en mi opinión, sólo ha sido superado en ruido, bulos, odio y menosprecio por la llamada Ley del solo sí es sí.

Lo más triste es que incluso dentro del movimiento de defensa de los animales, en vez de criticar estas estrategias de manipulación y de ataque y derribo a la Ley, se sumaron a ellas porque no era la ley 10, según ellos. La tormenta perfecta para debilitar, dividir y confundir a la sociedad civil.

Y a pesar de todo lo anterior, aquí estamos con la Ley en vigor e intentando sobrevivir a tanto fango. Cabe, entonces, preguntarse: ¿tenemos que alegrarnos o preocuparnos de su entrada en vigor?

Llegados a este punto, y sin poder olvidar los múltiples ataques a muchas bandas y con grandes altavoces mediáticos dispuestos a contribuir a la propaganda de minusvaloración y ridiculización de la Ley, se nos ha repetido machaconamente que en realidad esto no iba de avance social en derechos (sí amigos, los animales también son sujetos con intereses y derechos propios al margen de los intereses netamente humanos) ni de justicia social, sino que iba de quitarle el hámster a tu hijo, o de si se van a poder seguir aniquilando las plagas bíblicas (especialmente si se va a poder envenenar ratas o gatos como toda la vida de Dios) o por cuánto nos iba a salir la broma y el gasto de dinero público (tan necesario para fomentar la tauromaquia o la caza).

Ya sé que no tengo una tarea sencilla, pero voy a intentar subir el ánimo ante tanto desaliento forzado y resumir algunos, sólo algunos, de los aspectos que, en realidad, y casi de puntillas, mientras el ruido mediático nos causaba confusión y desánimo, desde este pasado 29 de septiembre, han cambiado nuestro país y, con ello, la vida de millones de animales. Vamos a ello:

1. Además de reiterar el reconocimiento de la sintiencia animal, da un paso importante más: el legislador asume la capacidad de los animales de ser portadores de derechos legales que han de ser respetados y tenidos en consideración.
2. Su aplicación se extiende a los animales domésticos (de compañía y a los no destinados a producción o consumo) y a los animales salvajes en cautividad. No son pocos y el resto tienen sus propias legislaciones especiales.
3. Debe realizarse una interpretación amplia de animal de compañía compatible con la definición dada por el Convenio europeo de protección de los animales de compañía (en vigor en nuestro país desde el 1 de febrero de 2018 y que establece un marco mínimo de protección animal que no puede ser contradicho ni empeorado por la Ley), es decir, como aquel animal destinado a otorgarle esparcimiento o compañía al humano con independencia de la especie.
4. Siempre tendrán la consideración de animales de compañía los perros, gatos y hurones.
5. Termina con el sacrificio de animales masivamente porque las perreras están saturadas.
6. Prohíbe el uso de artilugios de inmovilización y castigo para someter a los animales.
7. Pone fin a la explotación de los animales salvajes en circos.
8. Permite el acceso general de animales a espacios públicos y transportes públicos.
9. Crea órganos públicos de protección animal.
10. Crea una red de Registros públicos de protección animal. Se acabó la clandestinidad. Para poder proteger a los animales hay que poder tener conocimiento de su existencia.
11. Dispone un marco legal de las colonias felinas y su control ético y financiado por la Administración. Se acabó que los Ayuntamientos miren hacia otro lado.
12. Pone fin al tráfico, cría y venta clandestina de animales.
13. Pone fin a la venta de animales (perros, gatos y hurones, los más abandonados) en tiendas.
14. Fomenta la adopción de animales.
15. Fomenta las campañas de sensibilización, tenencia responsable y lucha contra el maltrato animal.
16. Prohíbe el abandono de animales en coches, balcones, terrazas, patios, garajes, etc.
17. Prohíbe el uso de animales en ferias si hay condiciones meteorológicas adversas o se hace uso de pirotecnia.
18. Regula y establece el control de las profesiones que afectan al comportamiento animal.
19. Establece listas (positiva y negativa) de tenencia que evitará la tenencia clandestina de animales que pueden resultar peligrosos, venenosos o de especies exóticas consideradas invasoras o protegidas, etc.
20. Acaba con los encadenamientos a perpetuidad de muchos animales condenados a cadena perpetua por tener la desgracia de caer en malas manos.

Se podría seguir ampliando el listado de todo lo bueno, y el cambio radical y sustancial que esta Ley puede suponer para frenar el maltrato y el abandono en este país, pero creo que con los ejemplos citados se puede entender que tenemos motivos para estar emocionados pensando en la poderosa herramienta legal que se nos ha puesto al servicio de la protección animal. Ojalá se pongan los medios para hacerla efectiva y para aplicarla con rigor. Que no nos cuenten milongas: en este país se ha hecho la vista gorda desde hace décadas a la hora de hacer cumplir las leyes que protegen a los animales. El problema no es que multen mucho, es más bien el contrario. Dejadez absoluta. Ahora todo lo anterior es Ley de obligado cumplimiento y, si alguien considera que ha sido injustamente multado, ya saben, para eso están los recursos administrativos y judiciales.

Hoy, sin duda, este país es un lugar mejor para los animales y para todos los que los respetamos, queremos y protegemos.  Seguimos avanzando y ese es el camino por pedregoso que sea. Invito a los que siguen negando los derechos a los animales no humanos, a que lean el artículo 1 de esta Ley, porque, afortunadamente, en un Estado de Derecho quien otorga derechos reales es el legislador, no el cuñado.