La Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA), que ha sembrado de polémica la regulación de internet, va entrando en su recta final con el 2023 marcado como el horizonte para su entrada en vigor. Concebida para en teoría controlar a las grandes tecnológicas y dar más poder a los usuarios, ha terminado por no contentar a esos pretendidos beneficiarios.

Podría decirse que la DSA viene a ser una renovación de la normativa que regulaba el comercio electrónico hace cerca de dos décadas, pero se ha hecho con trazo gordo, matando moscas a cañonazos. Uno de los puntos que más preocupación despierta es el sistema de filtrado impuesto para combatir el contenido ilegal.

La nueva normativa requiere que se elimine rápidamente de las plataformas cualquier contenido potencialmente ilegal, pues de lo contrario la plataforma será penalizada severamente. El caudal de contenido que los usuarios sube a internet es tan ingente, que sólo cabe la automatización –sí, los famosos algoritmos- para atajar la situación, con todos los problemas que ya ha dejado tras de sí; baste recordar el cartel de la película de Pedro Almodóvar Madres paralelas en Instagram.

Para curarse en salud, las plataformas y redes sociales censurarán más contenido, eliminándolo en base a estos algoritmos opacos con una rapidez inversamente proporcional a la que habrá cuando el autor de un contenido pida una revisión del veto. En los casos de falsos positivos, ¿quién resarcirá al autor/autora del contenido censurado, más aún si la publicación del mismo tenía sentido en un tiempo determinado?

Por otro lado, tendemos a llevar el concepto "plataforma" a las grandes redes sociales, pero hay muchos pequeños actores que mueven contenido en internet y que pueden verse afectados por la DSA, desde cooperativas, a microempresas y ONGs, para las que incorporar las herramientas de filtrado resultado financieramente inasumible... no digamos ya pagar las sanciones a las que se pueden enfrentar.

Son muchos los expertos que consideran que el plazo establecido para la eliminación de este contenido potencialmente ilegal es demasiado estricto, introduciendo demasiadas distorsiones en internet y, a la postre, beneficiando más a las grandes plataformas. La DSA no presta la debida atención a los procesos de apelaciones cuando un contenido es prematuramente eliminado por un algoritmo, así como tampoco a la transparencia de dicho algoritmo.

Al mismo tiempo, el escrutinio sobre todo cuanto publica un usuario ha encendido las luces de alarma de organizaciones como EFF y Access Now, que señalan choques con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) porque la DSA extiende su alcance a servicios de mensajería instantánea tipo WhatsApp, Telegram o Signal. En suma, muchas voces expertas en la materia temen que la DSA no sólo sea una oportunidad perdida de mejorar internet, sino que termine perjudicando a demasiados actores bajo el pretexto de proteger al usuario cuando, en realidad, no es del todo así.