La geolocalización de millones de estadounidenses estaría siendo utilizada por algunas de sus agencias de seguridad (NSA, CIA, FBI...) sin contar con la mediación de una orden judicial. Lo ha denunciado la Electronic Frontier Foundation (EFF) tras una exhaustiva investigación en la que revela que la compañía Fog Data Science recopila masivamente todos estos datos a partir de las aplicaciones que las personas, ajenas a esta práctica, utilizan en sus teléfonos móviles.

La investigación llevada a cabo por EFF denuncia cómo Fog Data Science adquiere datos de geolocalización sin procesar recopilados a partir de las aplicaciones móviles (apps) que las personas usan cada  día desde sus teléfonos móviles y tabletas. El organismo estima que a partir de unas decenas de miles de apps se habrían comprado datos de geolocalización de alrededor de 250 millones de dispositivos al mes, recopilando diariamente 15.000 millones de señales.

El funcionamiento es muy sencillo. Imaginen que se descargan una aplicación para conocer el tiempo que hará durante el día; al otorgar el consentimiento para que la app conozca su ubicación se abre la fuga de información, porque sin conocimiento del usuario esos datos son vendidos por el desarrollador de la aplicación a un corredor de datos que es quien termina vendiéndoselos a Fog.

Los corredores de datos, llamados data brokers, tienen campo abierto en países como EEUU donde las leyes de privacidad son mucho menos restrictivas que en Europa, pudiendo llegar a recopilar hasta 1.500 datos de una única persona. Estos data brokers procesan la información, la enriquecen y terminan vendiéndosela a terceros, como Fog Data Science. Se estima que este mercado oculto de información mueve alrededor de 200.000 millones de dólares al año, con alrededor de 4.000 empresas como Experian, Equifax, Acxiom y Epsilon dedicadas a intermediar con esta información. Privacy Rights Clearinghouse ha recopilado los nombres de todos estos data brokers, pudiendo ser consultados en su base de datos.

Reuniendo toda esta información, las agencias de seguridad pueden rastrear la movilidad de una persona determinada durante meses o, incluso, años. Hasta la fecha, para poder trazar la situación de una persona era preciso recurrir a las operadoras de telefonía y resultaba imprescindible contar con una orden judicial. En este sentido, EFF denuncia la violación de la Cuarta Enmienda que protege derechos fundamentales como la privacidad y no sufrir invasiones arbitrarias.

Fog dispone de una base de datos prácticamente en tiempo real, lo que le permite comercializar un servicio por suscripción, con precios que pueden alcanzar los 9.000 dólares al año, que permite a las fuerzas del orden buscar datos de ubicación específicos en cualquier momento, realizando búsquedas por áreas o por dispositivos concretos. Entre los temores apuntados por estas prácticas, destaca la posibilidad de identificar a las personas que acudan a una manifestación, por ejemplo. Asimismo, en una coyuntura en la que muchos Estados están prohibiendo el derecho a la interrupción del embarazo, la policía también podría geolocalizar a quien visite una clínica donde se practiquen abortos.

La polémica está servida, porque mientras que Fog Data Science afirma que esos datos de geolocalización son una suerte de fuentes abiertas facilitadas voluntariamente por los usuarios de las aplicaciones móviles, EFF denuncia que éstos no los entregan ni a las fuerzas del orden ni a Fog. Cualquiera que en los últimos cinco años –desde junio de 2017- haya descargado una app permitiendo que ésta conozca su geolocalización ha podido ser víctima de esta invasión de la privacidad en EEUU.