Carlos Huerga
Ingeniero y activista de la PAH Madrid

Este verano tuve la oportunidad de conocer una de las iniciativas que se están llevando a cabo dentro de la campaña de Obra Social de la PAH, concretamente, la de Salt, Girona: El Bloc Salt. Ante la situación de necesidad habitacional de un conjunto de familias que ya había sido desahuciado, decidieron organizarse y, con la ayuda de la PAH Girona, reapropiarse de un edificio de quince viviendas.

De esta iniciativa me llamó mucho la atención su dimensión tanto social, como política.

La social. En este bloque viven 43 personas desde marzo de este año. Previamente a la reapropiación, se produjo un proceso de convivencia y reflexión colectivos sobre el proyecto que iban a llevar a cabo: conocerse entre afectadas (excepto dos matrimonios, son todas mujeres con hijos), ser conscientes de lo que significa reapropiarse de un edificio de un banco, etc. Esta fase previa ha hecho del Bloc Salt algo más que una solución habitacional para estas familias. Así me lo transmitió una frase que escuché a una de las afectadas: "No es un bloque de viviendas: es una sola vivienda, en la que vivimos todos".

En la convivencia, se reparten todas las tareas que conlleva vivir en el Bloc Salt. Incluso, en una de las parcelas adyacentes, han creado un huerto urbano, en el que tienen gallinas que, como las familias dicen, también han sido desahuciadas. Son un modelo de convivencia colectiva.

Esta forma de reapropiación del edificio ha facilitado un proceso de empoderamiento, yendo más allá de la mera generación de la necesaria solución habitacional. Ha propiciado una función psicológica en las familias desahuciadas, que han sido capaces de salir de la marginalidad social. Han sido capaces de construirse su propia dignidad.

La política. El Bloc Salt era propiedad del Banco Mare Nostrum. Actualmente es propiedad de la SAREB y llevaba tres años vacío.

La SAREB cuenta con un 45% de capital público (40.000 millones de euros). Es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (BFA- Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco - Banco Gallego y Banco de Valencia) y por las entidades en proceso de reestructuración o resolución según lo previsto en la Ley 9/2012 (Banco Mare Nostrum, CEISS, Caja3 y Liberbank). Su función es sanear el sistema bancario y maximizar la rentabilidad de los activos que gestiona. Dicho de otra manera: es un instrumento que dirige recursos públicos a las entidades financieras que acometieron malas prácticas en el contexto de la burbuja inmobiliaria.

Con la creación de la SAREB, muchas son las voces que defienden que ante una situación de emergencia habitacional como la que estamos viviendo, y al ser casi la mitad de su capital público, se cree un parque público de alquiler con su stock de viviendas. Ante la insensatez de tener viviendas vacías y familias sin vivienda, parece razonable que los recursos públicos se destinen a solventar este urgente problema social. Cabe destacar el artículo de Fernando de Miguel Lázaro y José María Díez–Picazo Giménez publicado el 16 de septiembre, en el que se demuestra viable (cumpliendo los propios objetivos de la SAREB) sacar estas viviendas en modo de alquiler con opción a compra, con un precio inferior al de mercado.

Pero en lugar de aprovechar el desembolso de dinero para empezar a constituir un parque de vivienda público, el stock de viviendas de la SAREB se está malvendiendo a los conocidos como "fondos buitres" extranjeros, renunciando a la función social que debería tener un patrimonio que se ha adquirido con fondos públicos. Un ejemplo de esto es la venta de una parte del stock de viviendas de Bankia a Cerberus, empresa de la que José Maria Aznar Botella es uno de sus asesores financieros.

Precisamente, el uso social de las viviendas de la SAREB es lo que se está reclamando desde el Bloc Salt. Poder quedarse en esas viviendas, que llevaban tres años vacías, pagando un alquiler social.

Pues bien, tras estos siete meses de vida de este proyecto, la jueza de la Audiencia Provincial de Girona ha accedido a la petición de la SAREB de desalojar el Bloc Salt. La orden de desalojo se llevará a cabo el 16 de Octubre.

Este desalojo no es un desalojo más. Muestra el enfrentamiento de dos proyectos: uno que pretende garantizar el derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución. Construir este derecho. Otro, quiere demostrar que las administraciones públicas harán todo lo necesario para minimizar las pérdidas bancarias, aunque esto suponga abandonar a familias en las calles. El día 16 sabremos cual de los dos proyectos vence.