Mario Rodríguez
Director ejecutivo de Greenpeace España

Hace 11 años, se me encogió el estómago y el alma al ver cómo el Prestige, esa chatarra flotante que nunca debió iniciar lo que sería su último viaje, se partía en dos y se hundía frente a las costas gallegas derramando desde sus entrañas 77.000 toneladas de chapapote. Durante seis interminables días lo marearon de un lado para otro, olas de varios metros azotaban su corroído casco, dejando un reguero negro que presagiaba un final trágico. Más de 2.500 km de costa afectados por el vertido, playas, dunas y acantilados anegados por el fuel; cientos de miles de aves petroleadas y los caladeros pesqueros diezmados.

La reciente sentencia sobre la catástrofe ecológica del Prestige evidencia que al medio ambiente aún le viene grande la acción de la justicia y abre en España un preocupante espacio de impunidad con los delitos medioambientales. La sentencia es una carta blanca a la industria petrolera que en España disfrutará de barra libre en lo relativo a costes derivados del impacto de las mareas negras.

Los gobernantes de entonces, que paradojas del destino son los mismos de ahora, fueron incapaces de gestionar con diligencia una situación superlativa. Un cúmulo de erróneas decisiones, fuera y dentro del país, tiñeron de luto las costas gallegas y buena parte de la costa cantábrica. Mostrando un absoluto desprecio a las personas que allí vivían y a la naturaleza, pensando erróneamente que el mar es un vertedero que todo lo aguanta, consumaron una tragedia ambiental sin precedentes en nuestro país. Ahora parece que  la justicia no encuentra a los culpables y ha tardado más de una década para llegar a  esta conclusión. Quizás sea porque los responsables reales no han estado sentados en el banquillo.

Lamentablemente, otro Prestige es posible. La posibilidad de una nueva marea negra como la que tiñó de negro 2.000 kilómetros de costa está hoy más vigente que nunca.

No se puede exigir responsabilidades a las empresas implicadas ya que la legislación internacional las ampara, y tampoco se puede demostrar negligencia o dolo en los responsables políticos porque no se pueden juzgar las decisiones de éstos.

El derecho penal no es capaz de defender el medio ambiente por estar muy limitado en casos con daños ecológicos de gran envergadura. Se acumulan actuaciones previas de múltiples empresas y posibles fallos en mecanismos de control y pasan largos años antes de que se desarrolle el juicio.

La existencia de un régimen de responsabilidad ilimitada para accidentes como el del Prestige continúa siendo una utopía.En la actualidad, el mecanismo de indemnizaciones vigente en Europa se basa en la responsabilidad limitada del propietario de la nave, de acuerdo con el tonelaje del buque.

La industria petrolera sigue transportando hidrocarburos de forma insegura porque ahorrar costes es la máxima que rige todas sus decisiones. Y a nadie se le escapa que el petróleo tiene un gran impacto ambiental desde su extracción inicial hasta su posterior consumo.

No hay que seguir eludiendo la realidad que se impone de forma tozuda: el origen del problema de la marea negra del Prestige viene del uso y  abuso de los combustibles fósiles. Es preciso un modelo energético que nos permita vivir tranquilos sin pensar cuándo una nueva marea teñirá de negro nuestras costas.

Por ello, hoy más que nunca es necesaria una modificación en el régimen de responsabilidad en el transporte marítimo. Esta responsabilidad debe ser ilimitada a lo largo de toda la cadena de transporte, incluyendo a los dueños de la carga. Así como la modificación en la normativa para asegurar que los Estados de pabellón cumplan estrictamente las normativas y que aquellos países que incumplan impunemente la legislación sean sancionados.

Y se antoja más que indispensable la creación de un cuerpo de peritos forenses ambientales que con carácter nacional puedan prestar ayuda técnica a los Tribunales de Justicia en  materias tan complejas como las catástrofes ambientales. Porque para poder exigir responsabilidades hay que demostrarlas. Y esto se hace basándose en pruebas periciales que son fundamentales, no sólo para determinar la responsabilidad penal, sino también para fijar la responsabilidad civil.

La pregunta que hemos de hacemos no es si habrá otra marea negra, sino cuándo y dónde ocurrirá la siguiente. Y cuando ocurra es más que probable que la justicia tarde otros diez años en llegar a la conclusión de que no encuentra culpables.