Del no hay dinero al sí se puede. He aquí una frase que resume bien lo que significa en términos políticos el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Sánchez y Unidos Podemos.

"No hay dinero" ha sido el argumento del gobierno del PP, durante y tras la crisis, para blindar el desmantelamiento de los servicios públicos y la precariedad laboral. Ni siquiera la recuperación económica de la que Mariano Rajoy sacaba pecho hizo que cambiara el discurso: no hay dinero, no hay dinero para pensiones, no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad ni para combatir la violencia machista, ni para...

La narrativa de la austeridad y de la contención de gasto público ha sido tan reiteradamente defendida por las élites económicas que, a veces, parece un principio constitucional (bueno, lo es un poco gracias al artículo 135). Sin embargo, la política no solo es gestión de lo ya dado, es también transformación y voluntad política para hacerla.

Y esto es lo que ha demostrado el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Sánchez y Unidos Podemos. Un acuerdo verdaderamente progresista que rompe la inercia de los últimos siete años del Partido Popular y se propone comenzar a recuperar lo que la crisis se llevó por delante. Pone en el centro lo social, incrementa el bienestar, asegura derechos e incluye medidas para la adecuación del país al siglo XXI. Es decir: si se quiere, sí se puede.

Este acuerdo muestra, además, que es posible negociar de otra forma el apoyo a los presupuestos. Es decir, más allá del tradicional cambalache de partidas que hemos visto en los últimos años, el acuerdo se sustenta en un programa económico y político de largo recorrido con un hilo conductor: el bienestar ciudadano. Frente a pactos que sólo garantizan negocios para las grandes constructoras, la fuerza de 67 escaños han logrado materializar en políticas públicas las victorias del 8-M, de la Marea Pensionista o del movimiento por el derecho a una vivienda digna. Cualquier presupuesto que se proponga a partir de ahora no puede estar por debajo de estas conquistas.

Toca reconocerlo alto y claro: este acuerdo es bueno para Euskadi y la ciudadanía vasca. La mayor subida de la historia del Salario Mínimo, facilitará que miles de personas trabajadoras en Euskadi lleguen más fácilmente a fin de mes; las personas desempleadas mayores de 52 años estarán mejor protegidas; las familias y la industria vascas se beneficiarán de las medidas para rebajar la factura de la luz; las miles de familias en situación de pobreza energética estarán mejor protegidas y los más de 172.000 autónomos que hay en Euskadi verán mejoradas sus condiciones. Es un acuerdo que, además, da más competencias a los municipios para combatir efectivamente la burbuja del alquiler (recordemos que el alquiler medio en Euskadi ronda los 1.000 euros mensuales).

Nadie puede discutir que éste es un buen acuerdo para Euskadi, sobre todo para su gente. Responde a la agenda vasca del bienestar y los derechos, ésa que mejora la vida de las personas y reduce la desigualdad. No estamos ante un reparto de prebendas y favores, no habrá grandes infraestructuras ni millones en hormigón, pero hay una voluntad férrea de poner la política al servicio de las personas.

Aún queda algo de camino para que este acuerdo se plasme en la Ley de Presupuestos del Estado. Otro grupos políticos tendrán que dar su apoyo y tendrán que decidir qué es lo que piden a cambio de un voto favorable. Esperamos que la posición de los otros grupos políticos vascos en el Congreso permita que estas medidas se hagan realidad y que miles de personas se beneficien en Euskadi, sin poner condiciones que nada tienen que ver con la realidad vasca.

Pero ése es otro debate, el de la aprobación. A día de hoy, este acuerdo que demuestra que cuando se quiere, se puede. Y que hay una agenda vasca alternativa a la del hormigón que es perfectamente defendible en Madrid: la que pone a las personas en el centro de las decisiones políticas.

Nagua Alba y Rosa Martínez, Diputadas vascas de Unidos Podemos