Parece ser que el empleo, el mundo laboral, va a ser definitivamente la puerta de entrada de la discapacidad en la política. Es la primera, que yo sepa, vez que este colectivo exige estar en una mesa de negociación tan generalista como la Comisión Asesora sobre el SMI. Esto, en principio, me parece positivo, nos libera del apartheid asistencial donde estábamos metidos, un apartheid del cual nuestras propias organizaciones asistenciales tienen la culpa al rechazar todo tipo de implicaciones políticas al grito de: "política no", algo que me han respondido miles de veces siempre que intentaba introducir el debate político o sugerir reuniones con algún partido político, bien fuera como parte de una federación de asociaciones o de una Ejecutiva Provincial. Afortunadamente el tiempo me ha dado la razón, en mi faceta como columnista he podido sacar varios temas políticos que afectan a la discapacidad a debate. Sin embargo, me asaltan varias dudas: ¿Quién ha pedido entrar en esa Comisión? ¿Qué intereses representan? ¿En qué lugar deja esto a los sindicatos?

En primer lugar, hay que decir que las entidades que han pedido formar parte de esta Comisión son organizaciones que representan al Tercer  Sector y a los Centros Especiales de Empleo.

Así ha pedido entrar CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), la organización que agrupa a todas las asociaciones asistenciales de personas con discapacidad, lo cual, hace que, de facto, se sume a esta negociación una patronal subvencionada de la discapacidad. Me temo, por ejemplo, que estas organizaciones harían depender el aumento del SMI en sus Centros del importe de las subvenciones recibidas y el mantenimiento de sus infraestructuras.

Por otro lado, también pide sumarse el CEDDD (Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia). Esta organización, según su página web, tiene entre sus "miembros más representativos" a la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) y el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAP`s). Las únicas organizaciones de trabajadores trabajadoras que participa en este proyecto son la UTCEE (Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo) y USO (Unión Sindical Obrera), una organización de tradición religiosa que no se ha caracterizado nunca por ser un sindicato combativo ni de clase, siendo benevolentes puede representar al catolicismo obrerista, o al sector de la llamada Iglesia de la Liberación. Resumiendo, esta organización representa directamente al sector empresarial relacionado con la discapacidad y la dependencia, con un tinte filántropo y de responsabilidad social, una especie de Rotary Internacional de la discapacidad y la dependencia, lo cual merece todos nuestros respetos, pero no se corresponde a nuestra tendencia ideológica.

La postura de la UPADD (Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia), tiene muchas más coincidencias con la de los compañeros y compañeras de UGT que, en el punto cinco de las medidas de su Guía Sindical de la Discapacidad en el Empleo apuestan por medidas como, aumentar la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad y acotar la aplicación de medidas alternativas mediante convenio colectivo, por ejemplo. En esa línea, nosotros/as añadiríamos estas medidas en ese punto concreto:

Que el 70% de la plantilla de las ONG`s sean cubiertas por personas con discapacidad por Ley.

Que en los proyectos que se presenten a subvención pública, por parte de las ONG`s contemple que un 50% de las contrataciones deberán ser de personas con discapacidad.

Que los Centros Especiales de Empleo cumplan legalmente con la función con la que originalmente fueron creados, siendo un paso intermedio al empleo ordinario, no como una forma de contratación permanente para aprovechar las ventajas que llevan implícitas. Ventajas que según el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) dice en su página web son las siguientes:

"La subvención se destina a financiar costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida o temporal de duración igual o superior a 6 meses de los trabajadores de estas unidades de apoyo. La cuantía de la subvención se establece en 1.200 euros anuales por cada trabajador con discapacidad que se encuentre en el apartado destinatarios finales.
La subvención de 1.200 euros se reducirá proporcionalmente en función de la duración de los contratos, así como en función de la duración de la jornada en el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.
Estas subvenciones se concederán por períodos máximos de un año y estará condicionada a la existencia de disponibilidades presupuestarias para dicho fin, según lo consignado anualmente en los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Para financiar parcialmente proyectos generadores de empleo (creación de centros o ampliación de los mismos. Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998).
Subvenciones de:
12.020,24 euros por puesto de trabajo creado con carácter estable, si el CEE supera el 90 por 100 de trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla; o,
9.015,18 euros por puesto de trabajo creado de carácter estable si el número de trabajadores con discapacidad del CEE está comprendido entre el 70 por 100 y el 90 por 100 del total de la plantilla.
Se podrán conceder las subvenciones anteriores siempre que el centro especial de empleo justifique adecuadamente la inversión que implica el proyecto para alguna o alguna de las siguientes acciones:
Subvención para asistencia técnica (estudios de viabilidad, auditorias...).
Subvención parcial de intereses de préstamos de hasta 3 puntos de interés.
Subvención para inversión fija en proyectos de reconocido interés social.
Apoyo al mantenimiento de puestos de trabajo en CEE (Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998).
Las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo consisten en:

Dada las circunstancias que se están presentando de que tanto CERMI como CEDDD quieren estar presente en la negociación del SMI, pues estamos ante empresas que como bien indica su nombre son "trabajo protegido" y reciben las subvencione que están contempladas en el R.D. 469/2006, de 21 de abril.", así mismos los CEE están representados principalmente por miembros de la clase empresarial, bien sea abiertamente o en forma de ONG`s asistenciales subvencionadas que se otorgan funciones propias del Estado mediante "subcontratas" en forma de subvención, lo que les impide "meterse en política" para no hacer peligrar dichas subvenciones.

Desde nuestra asociación discrepamos en dicha presencia por los siguientes motivos:

1. La discapacidad no confía en los sindicatos, y dichas entidades están representadas como hemos comentados por empresari@s bien directamente o indirectamente. Y no deberían pertenecer a esa mesa de negociación, el SMI debe ser igual para tod@s.
2. Ya es conocido por todas y todos la precariedad laboral existente en los mismos, así mismo se venden como modelos de éxito de inserción socio laboral del colectivo, donde se retienen a trabajadores que deberían estar en el mercado ordinario y dejando fuera de los mismos a los gravemente afectados que son los que deberían estar ocupando esos puestos, pues tienen más difícil el acceso al mercado ordinario.
3. La categoría por excelencia en los mismos es la de OPERARIOS, la escala más baja de la tabla salarial del convenio colectivo. Así mismo, hay muy poca PCD en cargos de responsabilidad.
4. El convenio colectivo expiró en el 2016 y hasta el 2019 no fue firmado, habiendo discrepancias entre las patronales del mismo, pues no estaban de acuerdo con la subida salariales.
5. El XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, contempla varias discriminaciones con respecto a los trabajadores con discapacidad:
   A). Articulo 29.- Retribuciones: Dependiendo si el CEE es de iniciativa social o no social, el trabajador recibe diferente remuneración realizando el mismo trabajo.
   B) Articulo 95 y 96.- Jornada Laboral: Los CEE tienen una jornada laboral superior al de los Centros Asistenciales.
6. Cada vez que hay una subida del SMI, los representantes de los mismos lanzan el mensaje de que peligran puestos de trabajo, y que necesitan más financiación para hacer frente a esa subida salarial, no entendemos tal situación, pues las ayudas que reciben no pueden poner en peligro puestos de trabajo, pues una de ellas es que reciben el 50% del SMI, si el salario sube la subvención automáticamente sube.

Si los puestos peligran que creemos que no, no es por la subida del SMI, se debe a la gestión que se lleva de los mismos.

Los trabajadores y trabajadoras con discapacidad merecen que estén representados por una entidad como UPADD que no depende de subvenciones que es un ente totalmente independiente del Gobierno y que nació para defender los intereses del colectivo, es decir, de las personas con discapacidad.

Por eso UPADD pedirá al Ministerio de Trabajo participar en ella.