Estos días los pasillos del Consejo Europeo en Bruselas están que arden, se está debatiendo el presupuesto de la Unión Europea (UE) para los próximos siete años, el primero desde hace mucho tiempo sin el Reino Unido, lo que deja un boquete difícil de tapar de unos 75.000 millones de euros. Una circunstancia que coincide justamente con un momento en donde, sobre el papel, se quiere hacer más que nunca con menos dinero.

Ha reaparecido el dilema de siempre sobre el montante total del presupuesto y las aportaciones presupuestarias de los diferentes miembros de la UE. En este sentido, los "grandes contribuyentes", países del centro de Europa y escandinavos, liderados por Holanda, reclaman, con el pretexto de no cargar sobre sus finanzas con el coste de la salida del Reino Unido, recortar las cuentas hasta el 1% de la Renta Nacional Bruta (RNB). Hay que recordar que en los anteriores presupuestos, correspondientes al periodo entre 2014 y 2020, los Veintisiete gastaron el equivalente al 1,16% de la RNB y que en este caso la mayoría del Parlamento Europeo estaba reclamando un aumento presupuestario hasta el 1,3% de la RBN. Para conseguir la reducción presupuestaria, Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria exigen recortes más contundentes en los fondos que nutren la Política Agraria Comunitaria (PAC) y en los destinados a la cohesión.

Hay que decir que el debate del presupuesto europeo en términos del dinero que aportan y reciben los países es bastante confuso y puede dar lugar a conclusiones erróneas. Los que tienen un alto nivel de renta por habitante, como Alemania, Holanda, Suecia, etc. son contribuyentes netos, mientras que otros, como España, son receptores netos que se benefician -a través de las políticas de cohesión y de la PAC- sobre todo del dinero de aquellos. Se entendería, desde esta perspectiva, la resistencia de los países más ricos, los que más aportan a seguir sosteniendo un presupuesto que les reporta tan poco. Una visión errónea y sesgada del asunto, y un debate tramposo que elude poner sobre la mesa cuestiones fundamentales.

¿Cabe afirmar que, por ejemplo, para Alemania u Holanda la pertenencia a la Unión Europea supone un coste? ¿Acaso se puede ceñir el debate sobre los costes/beneficios de la integración económica en términos estrictamente presupuestarios? ¿Es lícito utilizar en este debate la categoría "país" a la hora de identificar a los ganadores y los perdedores?

Nuestra contestación a estas preguntas es claramente NO. Alemania como en general, los países más competitivos, han sido los mayores ganadores de un proceso de integración crecientemente dominado por los mercados, que es lo mismo que decir las grandes corporaciones. La eliminación de todo tipo de barreras, arancelarias y no arancelarias, que se ha llevado a cabo a lo largo de las últimas décadas y la formación de la unión monetaria ha ofrecido grandes oportunidades de negocio a las firmas alemanas y centroeuropeas.

Oportunidades que han aprovechado, no sólo para colocar sus bienes y servicios en los mercados de los países socios. También han realizado un formidable negocio reorganizando y reestructurando su cadena de creación de valor; la desintegración del bloque excomunista fue, en este sentido, una gran oportunidad que reportó grandes beneficios a las empresas que intervinieron en la privatización de activos estatales y que realizaron inversiones en esos territorios. De nuevo Alemania estuvo a la cabeza de este proceso.

No podemos ignorar que una parte fundamental de los recursos que se redistribuyen a través del presupuesto, también los que teóricamente deberían servir para corregir las disparidades productivas y territoriales que no han dejado de aumentar en Europa, terminan en manos de grandes empresas, tanto del norte como del sur, que se mueven a sus anchas en el complejo engranaje comunitario.

Países como Holanda plantean reducir su aportación presupuestaria y centran el objeto del recorte en partidas de las que supuestamente no se benefician. Obviándose, al mismo tiempo, que son los principales beneficiados de políticas y acuerdos comerciales sumamente injustos. Tal es el caso del reciente acuerdo comercial firmado con Vietnam, en donde las multinacionales con sede en semi paraísos fiscales como Holanda, se lucrarán con la contratación pública y la privatización de servicios públicos en el país asiático; a costa de la producción europea de alimentos como el arroz, como denunciaba la Unión de Agricultores y Ganaderos.

A pesar de todo esto, los países centrales siguen agitando el fantasma de Thacher (la primera ministra británica ganó una reducción para el Reino Unido en la aportación presupuestaria al argumentar que pagaba desproporcionadamente más del presupuesto de lo que recibía) para justificar el mantenimiento de los descuentos presupuestarios. De hecho, el propio presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, ha presentado un plan para "correcciones a tanto alzado", con la pretensión de reducir las contribuciones de Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia.

Cualquier proyecto transformador pasa por señalar con el dedo acusador las negociaciones, el propio presupuesto de la UE  y las cifras que arrojan las consecuencias de las decisiones que se cuecen estos días en el Consejo Europeo. Es fundamental plantear un enfoque alternativo a los presupuestos de los recortes y la militarización de  Europa, para ello es ineludible apostar por enfrentar las desigualdades -crecientes, plurales, territoriales e interconectadas- interviniendo en las realidades que son fuente y reflejo de esa desigualdad, como la fiscalidad, la precariedad, la austeridad y/o el poder corporativo. En definitiva, volver a poner en el centro del debate la redistribución de la riqueza y de los recursos como eje central de un programa ecosocialista por otra Europa.