Otras miradas

Una historia de las eléctricas con final feliz (menos para los ciudadanos)

 Juan Carlos López Díaz

Historiador y profesor de Enseñanza Secundaria

Sergio Riesco Roche

Profesor Asociado de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid

Quizá en estas líneas el lector no entienda mejor la factura de la luz, pero al menos pueda comprender algo más del origen histórico de por qué estamos donde estamos. Porque este asunto de la producción eléctrica y los oligopolios en España es un asunto muy viejo; es más, algunos de los duelos y quebrantos que ahora escuchamos de la patronal del sector vienen de muy atrás.

Esta historia consta de tres partes, con su planteamiento, nudo y desenlace y consiguiente final feliz, para los protagonistas, claro, no para los lectores del artículo. La primera de las partes tiene tintes de folletín decimonónico, con nobles, dinero y casamientos, y nos ilustra de forma muy pedagógica acerca de cómo la plutocracia teje su red de intereses jugando con tiempo en su favor.

En 1907, en un piso de la madrileña calle de Jorge Juan, propiedad de José Luis Oriol y Erigüen, su suegro, Lucas de Urquijo, a la sazón conde de Urquijo, y el ingeniero Juan de Urrutia, presidente de Hidroeléctrica Ibérica, crearon Hidroeléctrica Española S.A., conocida a posteriori por su contracción: Hidrola. Lo que se consagró aquella tarde en el piso del barrio de Salamanca, es algo más que la creación de una compañía; se selló la alianza del potente lobby capitalista vasco, representado en la figura de Lucas de Urquijo, y su asalto a un importante sector aún en ciernes, pero cuyo prometedor futuro no era desconocido para este grupo: el abastecimiento eléctrico a las grandes zonas poblacionales del país. Lucas de Urquijo encabezaba en Madrid a una serie de capitalistas vizcaínos y alaveses, previamente aliados para afrontar este proyecto a otro importante grupo de capital vasco capitaneado por Enrique Ocharán, director entonces del Banco Vizcaya. Para este lobby, como decíamos, no había pasado inadvertido el futuro prometedor de un negocio que empezaba a ofrecer la ulterior cara de sus beneficios.

Para asegurar el proyecto el grupo vasco buscó la unión con la modesta, pero clave para la estrategia, Hidroeléctrica Ibérica (que, apuntamos ahora, acabará por constituir una empresa clave para entender nuestro relato: Iberduero, en pleno franquismo, tras su fusión con Saltos del Duero), pues ésta contaba con un elemento necesario para la estrategia vasca. Y es que la empresa dirigida por el ingeniero Urrutia, conocedor por su profesión de la potencialidad del agua en según que orografía para crear electricidad, había adquirido la concesión de la explotación de los caudales de los ríos Tajo y Júcar, que serían claves por su situación para abastecer de energía eléctrica a dos de los mercados más atractivos: el de Levante y el de Madrid. Urrutia necesitaba capital y el grupo vasco, a su vez, las concesiones que Urrutia tenía; así que la creación de la nueva empresa, Hidrola, fue algo que se produjo de forma casi natural.

Pero además de capital y concesiones se necesitaban influencias. Y es aquí cuando pasamos a la segunda parte de la historia y al personaje clave en ella: José María Oriol de Urquijo, nieto de Lucas e hijo de José Luis de Urquijo. Si la primera parte tuvo tintes folletinescos, esta segunda sería propia de una Gigantomaquia, eso sí, de corte franquista. En 1941, Oriol de Urquijo (tradicionalista convencido, ex alcalde de Bilbao, jefe provincial de Falange y procurador a Cortes, todo eso con poco más de 40 años), llega a la presidencia de Hidrola, y demostrando que para las élites los proyectos y el beneficio están por encima del tiempo y las generaciones, retoma el asunto, estancado un par de décadas por una serie de circunstancias.

A esas alturas, los primeros compases de la década de la década de 1940, tampoco para el Instituto Nacional de Industria, el gigante público dirigido por Suanzes, muy próximo a Franco, había pasado inadvertido la importancia que para su estrategia industrial y autárquica podría tener la creación de energía eléctrica. Así que Suanzes y el sector del régimen más puramente intervencionista, se aprestaron a intentar nacionalizar la producción eléctrica. Se desató desde entonces una guerra nada soterrada entre lo que representaba Suanzes, la estatalización de la economía dentro de un proyecto totalitario, y el lobby eléctrico, representado a su vez, aunque no sólo, por Oriol de Urquijo, genuino garante del interés privado, que se lanzó sin disimulo alguno a defender su negocio y los beneficios que éste deparaba e iba deparar; eso sí con Franco y el franquismo como blasón. La guerra fue cruenta y dejo cadáveres políticos en ambos contendientes —el de Suanzes sobre todo, no sin antes cobrarse su derrota— pero se saldó con la victoria del lobby eléctrico, como era de suponer, pues no había ideología ni ideal político que pudieran con el caudal infinito de beneficios que prometía la creación y distribución de la electricidad.

En la década en la que ambos bandos se disputaron la primacía en el control de la electricidad, con el Caudillo concediendo y quitando, como era su costumbre, a diestra y siniestra, cada parte jugo sus cartas, aunque, como hemos dicho, la mano de unos y otros era desigual. Oriol desplegó su estrategia en dos frentes. En el estrictamente empresarial creó Hidroeléctrica del Tajo, una filial de Hidrola, y entre 1942 y 1943 adquirió con aquélla una serie de pequeñas empresas que tenían derechos sobre los aprovechamientos del Tajo (Hidroeléctrica del Oeste, Riesgos y Fuerzas del Tajo, etc) que unidos a los que ya poseía Hidrola gracias a los aprovechamientos aportados por Hidroeléctrica Ibérica, consumaban el práctico dominio sobre el tramo español del Tajo. En otro plano, el político del que era parte, Oriol de Urquijo solicitó al Estado en 1945 la concesión a Hidrola de los aprovechamientos del Tiétar y el Tajo, y los caudales de los desagües de los pantanos del Estado sobre esos mismos ríos, "cuando no tuviera utilización para el riego" (era el Estado quien construía el pantano y la empresa quien se aprovechaba, construyendo, eso sí, la central hidroeléctrica).

Fue en este punto cuando los equilibrios de poder del régimen jugaron una mala pasada a Oriol y al lobby eléctrico. Hasta mediados de ese año 1945 el ministro de Industria había sido Demetrio Carceller —prohombre catalán en los asuntos del refinado del petróleo, léase CAMPSA y CEPSA— quien había actuado como una suerte de barrera de contención para Suanzes y los intervencionistas.

Sin embargo, a mediados de ese año, en una de sus piruetas para preservar los equilibrios, Franco destituyó a Carceller (que pasó al poco tiempo al consejo de administración de Sevillana…) y puso en su lugar al propio Suanzes. Pero la partida ya estaba ganada entonces para el lobby. Antes de su cese Carceller había aprobado la Red General Peninsular, encargada de conjugar los sistemas regionales de producción eléctrica, y encargado su diseño a…José María Oriol de Urquijo, tal es, con nombres y apellidos, como apareció en el Boletín Oficial del Estado. Suanzes pretendió controlar la creación de electricidad con la Empresa Nacional de Electricidad S.A.(ENDESA), pero la correlación de fuerzas —y los vientos que venían y vendrían del exterior tras el final de la II Guerra Mundial— era demasiado favorable al lobby. Su mandato en el Ministerio sólo pudo dilatar lo inevitable. En 1956 una orden firmada por García de Sola concedía a Hidrola los aprovechamientos del Tajo y sus afluentes para la creación de energía eléctrica.

¿Y el Tajo y Extremadura? Pues el primero quedó como mero nicho extractivo y la segunda asistió atónita ante un expolio perfecto. Fijémonos, si no, en un dato. En 1940 el Plan Peña Boeuf, el de los pantanos de Franco, comprendía la construcción de dos pantanos en los afluentes del Tajo, supuestamente dedicados al regadío.

Sin embargo, dos meses antes de la Orden que concedía a Hidrola el aprovechamiento del Tajo, y en el sumun de su influencia, Oriol había conseguido en febrero de ese 1956 que el Consejo de Ministros aprobara un plan para la construcción de una serie de saltos en el río Tajo y sus afluentes. Así en 20 años se iban a construir más de media docena de embalses.  Se pasaba sin razón de peso alguna —no desde luego por la puesta en regadío y colonización de la provincia, que fue un fracaso, ni por las necesidades energéticas de la región— de dos pantanos a nueve.

Regiones como Extremadura tuvieron un papel secundario para los perpetradores de esta estrategia. El gran beneficiado fue el grupo empresarial de Oriol de Urquijo y la plutocracia de la electricidad que veían cómo el plan empezado a trazar más de 50 años atrás en el piso de la calle Jorge Juan se consumaba, seguramente con mucho más éxito del que pudieron imaginar sus iniciadores

El desenlace de esta dilatada historia se produjo en 1991, cuando Hidrola, entonces dirigida por Iñigo de Oriol, hijo de José María de Oriol y Urquijo, se fusionaba con Iberduero (la antigua Hidroeléctrica Ibérica) para dar paso a la creación de Iberdrola, haciendo así de iure una unión que de facto  data de 1907, y por la que unas pocas fortunas tienen bajo su control (con las incorporaciones de capital nacional e internacional que necesariamente se han ido produciendo) la gestión de las aguas del Tajo con la finalidad de la creación de electricidad. Prácticamente sin control y por un tiempo muy dilatado, porque gracias a la Orden de 1956 tienen el derecho de explotación de esas aguas por 99 años.

Si lo unimos al lento y farragoso proceso de privatización de Endesa no son de extrañar, y no dejarán de serlo salvo que algo se haga, las estampas con las que la empresa nos ha obsequiado este pasado verano del práctico vaciado de los embalses de Valdecañas y Torrejón para producir electricidad barata que luego es vendida a precios caros, para pasmo de los ciudadanos que pagan sin rechistar.