En pleno siglo XXI y de la mano de un Gobierno socialista se detrae dinero público de todos y todas para un nuevo monumento religioso del santoral católico en la ciudad de León. En una de las capitales de la España el Gobierno municipal alega que así se honrará a los profesionales sanitarios del hospital de León que han luchado contra el covid durante esta pandemia.

El alcalde de León parece querer recuperar la medieval ocurrencia de que la sanidad y la salud deben estar bajo la cobertura divina, retrocediendo a la época de la magia y proponiendo sacar este nuevo santo católico a pasear cuando viene una pandemia.

Como si no tuviéramos bastantes efigies religiosas poblando las calles y lugares emblemáticos de nuestras ciudades y pueblos, recordándonos aún la herencia nacionalcatólica que se impuso con la dictadura. A pesar de las leyes de memoria histórica, lo único que se ha logrado es que fueran sustituidas algunas calles o monumentos dedicados a ensalzar la figura de destacadas figuras de la criminal dictadura. Pero ningún gobierno ha incluido la eliminación de todo el listado de figuras religiosas del santoral nacionalcatólico que, aprovechando la connivencia y colaboración directa de la jerarquía católica con la dictadura, se impusieron en todos los espacios públicos del Estado y que ahí permanecen.

A pesar de que España ha dejado de ser católica, gobiernos como el actual de la ciudad de León nos llenan de sonrojo y vergüenza ajena, empeñándose en alargar la lenta agonía del nacionalcatolicismo en nuestro territorio. El Alcalde debería consultar los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que demuestran que solo el 22,7% de la población acude a misa o a confesarse, mientras que los ateos, agnósticos o no creyentes superan a los católicos practicantes al llegar al 29%. Una cifra que, ocho décadas después, termina por dar la razón a Manuel Azaña ("España ha dejado de ser católica"), pero que algunos gobernantes están dispuestos a ignorar. Pero más grave es que se atrevan a incumplir el mandato constitucional de aconfesionalidad que tanta sangre costó conseguir contra una dictadura sanguinaria.

Como plantea León Laica, resulta escandaloso comprobar que el homenaje a los profesionales sanitarios que se han jugado la vida con su trabajo y su esfuerzo durante esta pandemia se vea reducido a colocar una efigie confesional de un personaje de la mitología religiosa católica, en vez de centrarse en destinar los impuestos públicos a incrementar las plantillas sobresaturadas y adecuar sus contratos de trabajo, o a honrar el recuerdo de grandes profesionales sanitarios que ha dado esta tierra, como la doctora Nieves González, por ejemplo, y otras muchas figuras de relevancia internacional pero desconocidas en su tierra natal.

La propuesta confronta abiertamente la aconfesionalidad que debe presidir una institución pública con la cofinanciación o la cesión de terrenos para instalar esa escultura gigante de un San Jorge "cabalgando sobre su caballo lucha contra los virus". Quedará, así como un homenaje retromedieval en el acceso principal al Hospital de León. Al entrar y salir del hospital los pacientes y los profesionales, tendrán que contemplar, con sensación de ridículo ajeno, cómo el actual gobierno de León instala una escultura religiosa de un personaje de leyenda católica como reconocimiento a quienes han utilizado la ciencia y los avances médicos para salvar vidas y no rogativas ni rezos taumatúrgicos. Las ayudas y las vacunas, lejos de venir del cielo, llegan desde gobiernos y administraciones públicas que defienden, apoyan y financian la sanidad pública.

Esta iniciativa, que parte de José Luis Díaz Villarig, quien fuera alcalde de León en los años 80 por Alianza Popular durante apenas un año y que actualmente es presidente del Colegio de Médicos y Enfermería, ha sido asumida por un consistorio que debería representar a toda la población y no solo a los sectores más conservadores y neoconfesionales. Un gobierno del PSOE con un concejal no adscrito electo por la coalición Podemos-Equo que debería garantizar la aconfesionalidad que establece la actual Carta Magna, que está por encima de cualquier otra legislación y, por supuesto, de cualquier costumbre u ocurrencia tardomedieval.

Tener que estar a estas alturas del siglo XXI recordando algo tan de sentido común parece un auténtico dislate. Pero en un país como España, que sigue siendo una anomalía en la Europa contemporánea, ya no sorprende. Un país donde el PSOE ha prometido por activa y por pasiva que derogaría el Concordato, impuesto por un estado extranjero (el Vaticano) en las postrimerías de la dictadura franquista, por el que se impone el adoctrinamiento católico en todos los colegios del estado y en todas las facultades de educación. Y, sin embargo, cuando ha gobernado nunca lo ha cumplido. En la ponencia marco del 40º Congreso del PSOE, a celebrar en el mes de octubre, se habla de una revisión de este Concordato, pero no de su denuncia y derogación.

Por el contrario, vemos cómo sus cargos públicos contribuyen al modelo clerical barroco de las ciudades, utilizando el espacio de todos y el sentido simbólico de las calles y las imágenes en ellas para consolidar procesos de disciplina social e individual de imposición de la mitología nacionalcatólica. Así como sorprende el silencio o la complicidad de quienes desde sus cargos en instituciones que representan a colectivos muy heterogéneos, como el Colegio Oficial de Médicos de León o el Colegio Oficial de Enfermería de León, deberían velar igualmente por una exquisita neutralidad en este tipo de acciones y homenajes que representan a todo el personal sanitario y no al de una determinada confesión, los católicos practicantes.

Deberíamos avanzar de una vez por todas hacia el siglo XXI en España y establecer un Estado laico con una clara separación entre el Estado y todas las religiones. El Estado debe ser neutro desde un punto de vista religioso y debe prohibir cualquier injerencia en la vida pública de las distintas religiones. De forma recíproca, la pertenencia a alguna religión de los funcionarios, los representantes y cargos públicos no debe interferir en el funcionamiento de los servicios públicos.

La laicidad no supone negar las religiones. Es la condición para que existan todas las opciones. Por lo tanto, es un principio relacionado esencialmente con la libertad y el respeto a las elecciones personales en una sociedad abierta, plural y democrática.