En Madrid, los datos sobre la desigualdad denuncian lo que el modelo de neoliberalismo rapaz de Ayuso quiere tapar: que Madrid es cada vez más desigual y menos libre.

Es evidente que la Comunidad de Madrid tiene un alto PIB y la mayor renta per cápita (32.000 euros). Históricamente ha sido así y se ha beneficiado, entre otros factores, de la capitalidad. Las estadísticas son muy útiles, pero ya se sabe, a veces encubren la realidad. Es conocido el ejemplo de que dos personas con hambre entran en el mismo bar y una consume un pollo entero y la otra un triste café. Encuestados a la salida sobre su consumo, la estadística dirá que cada uno ha comido medio pollo y tomado medio café.

Esto es lo que pasa en el Madrid actual, que siendo la comunidad autónoma más rica es, al mismo tiempo, la que tiene más desigualdades sociales. Hay tres elementos básicos para medir la salud de la justicia social: la pobreza, la redistribución de la riqueza y los servicios públicos. Con ellos se puede saber si avanza la equidad o la desigualdad. Veamos.

El informe de FOESSA-CÁRITAS de 2022 es impecable desde el punto de vista metodológico y analiza la situación desde tres enfoques: el económico, el ciudadano y político y el relacional. Concluye que avanza la exclusión social, eufemismo para llamar a la pobreza, que ha aumentado hasta el 24% en Madrid. Alcanza a un millón y medio de madrileños, 370.000 más que antes de la pandemia.

La realidad es un argumento irrebatible que tira por tierra el discurso de prosperidad de Ayuso. Por eso su gobierno tiene que negarla. Es lo que hizo el portavoz del gobierno, Enrique Ossorio, cuando quiso ironizar buscando por el suelo, como si no hubiera pobres en Madrid. Es evidente que no los puede ver: los pobres malviven en lugares que él no frecuenta. Tampoco quiere verlos y de ahí el rechazo visceral a una realidad que les rompe el relato idílico de un Madrid como tierra de oportunidades. Es la misma forma de desprecio a las personas vulnerables, que tuvo Ayuso con las colas del hambre llamándoles mantenidos para que nadie empañara su foto de colores.

Habrá que recordar que la pobreza no es una maldición bíblica o un fenómeno natural, como la lluvia o la sequía, sino la consecuencia de una política que busca concentrar cada vez más riqueza en menos manos. Es el resultado de 26 años de gobierno del PP en Madrid. De ahí el ultraje a los pobres porque recuerdan que no hay justicia social. Y ojo, que el siguiente paso es la aporafobia y el discurso de odio.

La desigualdad no dejará de crecer sin mecanismos de redistribución. Ese es el papel de los impuestos. Pero Ayuso defiende lo contrario a una política fiscal progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente. Propone con descaro que pague menos quien más tiene. Juega al dumping fiscal y perdona impuestos a los ricos por valor de más de 4.000 millones de euros por Patrimonio, IRPF y Sucesiones.

Cuando Ayuso habla de bajar impuestos, está pensando en bajárselos sustancialmente a los ricos y, como mucho, alguna migaja para las rentas bajas y medias. En paralelo, continuará apostando por un modelo low cost en la sanidad, la educación pública y los servicios sociales. Siendo la comunidad más rica. Madrid está a la cola de España en inversión en sanidad y educación pública.

Porque ésa es la cuestión. Si no hay redistribución de la riqueza, no existirán unos servicios públicos de calidad. Sin servicios públicos no se concretan los derechos constitucionales. Y sin derechos efectivos y equidad no hay libertad que valga y se pone en peligro la democracia

Qué prosperidad puede vender Ayuso cuando tenemos 1,1 millones de trabajadores con una precariedad insoportable (temporales y a tiempo parcial) o que están en paro (360.000 personas); graves problemas de acceso a la vivienda en un mercado especulativo; cuando sólo el 12% (115.543 personas) de la población que vive bajo el umbral de la pobreza recibe el Ingreso Mínimo Vital; y por si fuera poco, con el baldón de tener un tercer mundo -la Cañada Real- en el corazón de Madrid.

Está demostrado que la principal herramienta contra la desigualdad es avanzar en la igualdad de oportunidades y eso solo lo garantiza la educación pública. Pero el ataque sistemático a la educación pública convierte esa posibilidad en un espejismo. Como indican numerosos estudios, la educación en Madrid es cada vez más segregadora y, aunque parezca escolar, es en el fondo una segregación social. La palanca para ello es la privatización que supone la red concertada, a las que se destinan 1.164 millones de euros al año, el cierre continuo de aulas públicas y la negativa a atender la demanda de las familias de construir nuevos centros públicos. Solo dos datos para ilustrarlo: 1) El PP se jacta de que en Madrid capital, solo el 40% del alumnado está escolarizado en la educación pública; 2) Se cierra el ciclo de educación infantil de 3-6 años en las escuelas públicas de Madrid y se regalan 50,6 millones de euros en cheques escolares a los colegios privados para educación infantil. Es brutal.

Y si hablamos de pelotazos, hay que constatar que en el reino del liberalismo rapaz de Ayuso, las oportunidades las tienen los comisionistas, especuladores y lobbistas. Parásitos disfrazados de emprendedores a la rebatiña de contratos a dedo, desarrollos urbanísticos, y privatizaciones de lo público. Tomás Díaz Ayuso, Medina y Luceño, son personajes secundarios en este patio de Monipodio en el que Isabel Díaz Ayuso está convirtiendo Madrid. La responsabilidad es política, por permitir y sustentar delitos.

No son casos aislados de unos "pillos". Es el sistema, muy parecido a la tangentópolis, aquel sistema de corrupción que dominaba la política italiana y que se llevó por delante a los principales partidos políticos de gobierno. Aquí cuenta con importantes complicidades en los poderes fácticos y con la impunidad en la opinión pública. Algo que lleva a teorizar a los partidos corruptos: si gano en las urnas es que todo está bien. Una aberración democrática, porque ganar unas elecciones no debe eximir de las responsabilidades penales, políticas y morales.

Para que las fuerzas progresistas puedan ganar en la Comunidad de Madrid, necesitan saber a qué se enfrentan. Detrás de la indecente banalización del "Madrid es libertad", Ayuso está vendiendo desigualdad, impunidad para la corrupción y pacto con la ultraderecha: el robo a la sanidad y a la educación pública, y el retroceso de la libertad y la tolerancia. La izquierda debe espabilar sin demora. No puede jugar a mantener los espacios actuales y a esperar que el fuego amigo acabe con Ayuso o que el miedo a la ultraderecha le permita avanzar. La izquierda tiene que explicar que es inmoral una política que persigue que la mayoría de las personas acaben viviendo igual que cuando nacieron. Debe denunciar la injusticia social y la corrupción política. La izquierda debe unirse para entusiasmar y debe elaborar un programa que despierte esperanza y aporte soluciones que vayan al fondo de los problemas, aunque parezcan radicales. Pero también tiene que convencer a la mayoría social de que no es responsable de tanta corrupción y desatino por haberla tolerado por ignorancia, desidia o partidismo. Todos tenemos derecho a pensar que somos capaces de hacernos mejores.