"Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron"

Poco después de que se hiciera pública la rendición del PP ante las exigencias de Vox relativas a recortes de derechos fundamentales para las víctimas de violencia de género y las víctimas de la dictadura militar franquista, once organizaciones de memoria histórica castellanoleonesas nos pronunciábamos contra este pacto de retroceso y vergüenza.

Como se puede comprobar, el Partido Popular no solo ha renunciado a su propio trabajo, políticas y compromisos aceptando disiparlos en leyes que insultan al fundamento de temas tan sensibles, sino que además ha adoptado el discurso de la extrema derecha. Todo ello, claro está, con la intención de anteponer su continuidad en el poder a dichas políticas.

Paralelamente, los efectos y los retrocesos generados por esta decisión ya se están sintiendo. Por ejemplo, varios medios de comunicación empiezan a preguntarnos por qué somos reticentes a admitir una ley de concordia, como si el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en general y los de las víctimas en particular estuvieran por detrás de una supuesta necesidad de concordia. No tenemos un déficit de concordia, sino de justicia.

La vuelta al discurso de los dos bandos y las cantinelas del franquismo sociológico acompañan estos discursos que olvidan los nombres en las iglesias de cada pueblo de las víctimas que lucharon al lado de Franco, las pensiones, la asignación de estancos, gasolineras o administraciones de lotería a sus viudas, las misas y homenajes anuales, las beatificaciones, los lugares de memoria o la Ley de 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos firmada por Serrano Suñer por poner algunos ejemplos del complejo de reconocimiento de sus héroes y víctimas. La democracia (que por definición debería ser antifascista) debería hacer lo propio con los suyos. Pero además, para tener un mínimo de coherencia, debería reivindicar a las víctimas de crímenes contra la humanidad. Algo a lo que, por cierto, estamos obligados, ya no solo ética, sino legalmente. 

Aquí hay que reconocer el éxito del juego trilero de la ultraderecha sembrando la discordia en forma de discurso de odio y poniendo solución a su propia ficción. De un golpe se desmoronan buena parte de los avances que se habían conseguido en materia de memoria histórica e igualdad. Pero ya se sabe que detrás de la demagogia sobre la concordia, lo que se busca es ocultar los crímenes contra la humanidad del fascismo español. Y es que la cuestión de fondo que se obvia es si en la España democrática se respetan o se ignoran los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Eso es lo único en lo que la memoria histórica puede dividirnos: en estar a favor o estar en contra de los derechos humanos. Una cosa es el retroceso del discurso público y otra que eso nos haga perder el norte.

De la misma manera, una cosa es que el limitadísimo Decreto 9/2018 de 12 de abril, de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León se anule y otra muy distinta que el movimiento memorialista retroceda. Sirva como ejemplo –referido únicamente a los 15.000 asesinatos de civiles (obviando los otros terribles tipos de represión) en Castilla y León–, que las exhumaciones modernas con carácter científico comienzan en el año 2000 mientras que el decreto sobre memoria histórica no se aprueba hasta 2018, aun habiendo sido la comunidad autónoma donde más exhumaciones se han llevado a cabo. Esto ha sido así siempre gracias al esfuerzo personal y económico de los voluntarios de las entidades memorialistas. Un esfuerzo y compromiso que va a continuar a pesar de que se pervierta el marco legislativo de los últimos cuatro años. Precisamente este esfuerzo y compromiso son los que han conseguido hacer avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del fascismo español forzando al propio Partido Popular a aprobar ese Decreto sobre memoria histórica y democrática que ahora quiere anular para complacer a sus socios de la ultraderecha.

Al final, las asociaciones memorialistas acabamos apareciendo en los medios defendiendo normativas como el Decreto 9/2018 que está a años luz de las exigencias en materia de derechos humanos que hacen las autoridades de Naciones Unidas. El Decreto, así como la ley de memoria histórica estatal, la 52/2007, son dos iniciativas (sin acabar de desarrollar, por cierto) que surgen ante el clamor social y los avances del movimiento ciudadano memorialista pero que no se acercan, ni de lejos, a las necesidades y derechos de las víctimas y sus familiares. En aspectos como el acceso a la justicia de las víctimas, ni siquiera la futura (si llega) Ley de Memoria Democrática, que tantísimos titulares ha provocado, proporciona una solución digna del legislador en un país en el cual, como se pudo ver en la Sentencia del Tribunal Supremo en la causa de los maestros de Soria o la del Tribunal Constitucional por las torturas sufridas por Gerardo Iglesias, para las víctimas de la dictadura militar ni hay justicia ni se la espera.

Desde luego este retroceso en la lucha por los derechos humanos y la justicia para las víctimas del fascismo español no puede justificar que perdamos el tiempo con su debate falsario sobre concordias y negacionismos. De ninguna manera los avances de los últimos años van a venirse abajo por un ejecutivo casposo. Sería como pensar que las conquistas del feminismo y la aceptación social de las mismas se van a derrumbar por la vuelta a la caverna de la Junta de Castilla y León.

No existe concordia ninguna que pueda sostenerse con quienes defienden a los victimarios frente a las víctimas, con quienes niegan los graves delitos contra los derechos humanos perpetrados por éstos en la guerra, la postguerra y la dictadura franquista, con quienes impiden la investigación de esos delitos y les niegan a las víctimas todos sus derechos. Esto es lo que nosotros reivindicamos desde hace décadas y no existe ninguna otra vía que no sea conseguir los derechos reconocidos por la justicia internacional sobre derechos humanos para las víctimas del fascismo español: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ahora que los micrófonos van a sustituir a los tuits borrados va a haber que empujar, trabajar el doble, con el temporal de cara y teniendo, quizás, que volver a ganar espacios que estaban ya de nuestro lado. Aun así, seguimos teniéndolo mucho más fácil que quienes nos precedieron en la lucha por la justicia y la libertad.