En la Comunidad de Madrid, la política del Partido Popular de Ayuso tiene como objetivo conseguir que la población madrileña acabe siendo la que más paga de su bolsillo por acceder a servicios que ya deberían estar cubiertos. La mano visible de Ayuso se mete en el bolsillo de la ciudadanía por distintas vías, ya sea haciendo pagar por algo por lo que ya se está pagando, ya sea por sobrecostes, ya sea por causar molestias y hacerle la vida más complicada a la gente. Este expolio se paga en dinero y en tiempo, en dinero y en salud. La retórica de la responsabilidad y la libertad individual, en realidad, es un eufemismo para decirle a la gente que si quiere algo va a tener que pagarlo porque las instituciones no se lo van a ofrecer y si lo hacen es para fomentar la fuga hacia el sector privado. Lo hemos visto claramente con la ausencia de plazas públicas en la FP, que tenía como objetivo incentivar la oferta privada. La secuencia es la siguiente: lo público no oferta plazas, se genera mercado de plazas en centros privados y la administración ofrece becas para subvencionar con dinero público a los centros privados. En definitiva, lo que provoca su falta de oferta de plazas públicas es que le hacen pagar a la gente de su bolsillo por una plaza privada y además hace pagar a todos los madrileños la subvención al negocio privado.

La Comunidad de Madrid tiene la renta media más alta (también la que tiene más diferencia entre el salario medio y el salario que cobra la mitad de la población), pero no el ahorro más elevado, entre otras cosas porque la gente tiene que meter la mano en su bolsillo para pagar muchos servicios que en otras regiones no tiene porqué. Este es el resultado del infierno fiscal madrileño, donde el impuesto que vacía los ahorros de los madrileños y madrileñas es el derivado de tener que pagar por sus servicios públicos no prestados y sobrecostes generados por la inacción de un gobierno cuyo foco e interés va dirigido a aquellas personas que no necesitan de un gobierno.

El mercado se genera por incomparecencia de la función pública, permitiendo así que desaparezca la libertad de elección porque no existen otras opciones. Lo dijo claramente una diputada del PP en la Asamblea de Madrid, cuando se debatía sobre incorporar el servicio de óptica en el sector público: "no vamos a perjudicar al sector privado" ¿por qué? Porque si las gafas quedan cubiertas por lo público, entonces el sector privado tendría que competir bajando los precios ya que se podría elegir una opción diferente. La política del Partido Popular tiene como objetivo garantizar el negocio privado haciendo que los madrileños paguen más. Ocurre lo mismo con su negativa a incorporar en la sanidad pública a nutricionistas, o un mayor número de dentistas, fisioterapeutas, financiar los audífonos etc.., que si estuvieran cubiertos por lo público los profesionales tendrían más salidas laborales, la ciudadanía tendría más garantías y se ahorraría dinero de su bolsillo. Del bolsillo de los madrileños salen las subvenciones que reciben los centros privados para que estudien las rentas más altas, así como el dinero para pagar a la empresa subcontratada que gestiona ese latrocinio; aquí es dónde va el dinero que no va a la sanidad, a vivienda, a plazas de FP o escuelas infantiles De su bolsillo también sale el dinero que tendrán que pagar para costear el comedor escolar, ya que solo puede acceder a una beca parcial, nunca completa, quien ingrese menos de 4.260 euros anuales, es decir, está diseñado para que la inmensa mayoría de las familias se queden fuera. Este es un impuesto propio de la Comunidad de Madrid: sacar el dinero del bolsillo de las familias madrileñas para subvencionar la educación privada de las familias ricas, lo cual provoca que las familias tengan que acabar pagando para costear sus propios servicios. Así se entiende que Madrid sea la región donde la población se deja más dinero en pagar la sanidad y en la educación y que seamos de las regiones que menos invierten en sanidad y educación. Esto se traduce en que la Comunidad de Madrid es la segunda con menos médicos de Atención Primaria por cada 1000 habitantes siendo la más rica y a la vez la más desigual entre el 20% más rico y el 20% más pobre.

Pero el problema no es solo la poca cantidad de dinero invertido, el problema es también a qué se destina lo invertido y aquí el infierno fiscal se recrudece. No solo se le hace pagar a los y las madrileñas en tiempo de espera, no solo se empuja a que se hagan seguros privados, además, en los hospitales construidos con dinero público y de gestión privada, el sobrecoste en comparación con uno de gestión pública por hacer lo mismo se multiplica por 11. Se invierte poco y de lo que se invierte una gran parte va para pagar sobrecostes. Lo peor no es solo que sea un modelo caro para la administración y caro para el bolsillo de la gente, también es un modelo disfuncional que se paga en vidas.  Un reciente informe publicado en la revista The Lancet, indica que la privatización de servicios del sistema de salud en el Reino Unido, impulsada por los conservadores hace una década, ha provocado un "aumento significativo" de la tasa de fallecidos por causas tratables. El motivo es claro: la pérdida de calidad de la atención.

Punto y aparte merecería el análisis del impuesto más confiscatorio de todos y el que más deteriora la vida y la economía de las familias, a saber, el impuesto del alquiler que no deja de subir; los altos precios de la vivienda son una aspiradora que vacía el bolsillo de la gente. Un habitante de Madrid que viva de alquiler, pagará más a su casero de lo que paga de IRPF. El PP de Ayuso nos coloca a la cola de Europa en vivienda social y toda su política se centra en subir los precios, malvender el suelo público y blindar la rentabilidad inmobiliaria. Ya sea en sanidad, en vivienda, en educación y en tantos otros sectores, la receta del PP es siempre la misma: hundir el servicio para que los madrileños acaben pagando más por aquello que deberían tener cubierto. Si entre todos ponemos un poco, al final pagamos menos y tenemos mejor servicio, pero si cada uno va por su lado, al final pagamos más y tenemos peor servicio. Que vivan mejor quienes más tienen a costa de que viva peor la gran mayoría, es la forma social y económicamente menos rentable de gobernar.