Aunque las elecciones están a la vuelta de la esquina, la emergencia climática está frente a nuestra puerta, a punto de derribarla. Es una paradoja en sí misma que tengamos la oportunidad de decidir tanto con tan poco, solo eligiendo y metiendo un papelito en la urna. Son las ventajas de las democracias que tienden a obviarse, pero que no se replican en otros países. Con este simple gesto, podemos perpetuar el modelo consumista y voraz tradicional o, en cambio, que avance una ideología en la que preservar el medio ambiente es sinónimo de beneficio socioeconómico para todas.

Por un imperativo ecológico inesperado y cientos de veces alertado, el marco mediático de esta legislatura se ha situado en parajes naturales tan claves para España como Doñana, el Mar Menor, el Canal Roya o las Tablas de Daimiel. Esto no es una casualidad, sino un aviso alarmante del riesgo de desertificación extremo y del momento de no retorno que estamos a punto de rebasar y que no podemos asumir. Sin ecología no habrá economía y la preservación de nuestros tesoros naturales dependen de las urnas.  

El primer paso para evitarlo es conseguir que las políticas verdes sean atractivas para los bolsillos de los votantes, no todos pueden estar medioambientalmente concienciados ni lo estarán jamás. Las propuestas energéticas son imprescindibles, empezando por las renovables que dilapidan el precio de la electricidad y nos permiten, además de ahorrar si gestionamos nuestros consumos a escala ciudadana, competir en igualdad de condiciones con países punteros en industria al conseguir una disminución de los costes energéticos. La electricidad barata es muy apetitosa porque permite mejorar la competencia de los productos nacionales.

Otro tema de vital importancia es el empleo, el gran cuello de botella de la transición energética. Falta profesional formado allá por donde se mire y no podemos acelerar sin los resortes laborales suficientes para empezar a implementar y materializar las ideas. En esta dirección, el Gobierno de España estima que en una década se crearán 468.000 empleos relacionados con la sostenibilidad, en todos sus ámbitos prioritarios. Esta es una palanca valiosa para regenerar la productividad y reforzar el mercado laboral español, para dejar de ser un mero prestador de servicios y pasar a convertirse en un foco de innovación eco social y de avance en la lucha contra el cambio climático. Queda mucho por hacer y esa es la gran ventaja que aprovechar.

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Y aquí es donde los municipios, al tener las competencias claves en urbanismo y medio ambiente, tienen un papel fundamental para materializar las directivas europeas y las políticas nacionales. Gran parte de los programas electorales de muchos partidos políticos incluyen estas virtudes y avances en sus propuestas, con diferentes matizaciones, visiones y contraposiciones argumentales. Esto es fruto de la perseverancia en las demandas de organizaciones de distintos ámbitos y el hecho de haber sido recogidas, tras procesos de diálogo y de debates abiertos, y reflejadas en los resultados.

Decenas de organizaciones ecologistas de la sociedad civil como Greenpeace, ECODES o la Fundación Renovables han planteado, desde su experiencia y conocimientos, una batería de propuestas energéticas que permiten intuir el futuro que podemos elegir el domingo 28 de mayo. Una premisa troncal es evidente: sin transición ecológica y mejora social no habrá cambio de modelo energético.

La sociedad, el medioambiente y la economía están estrechamente ligados. Son dependientes. Actuar en alguna línea de manera autónoma supondría un error porque reducir la desigualdad es inherente a la propia lucha contra el cambio climático. Un ejemplo es la obligación de situar a las personas más vulnerables y con mayor riesgo de pobreza en primer lugar para el acceso a las ayudas públicas y servicios sociales. El ritmo no es igual para todos y debemos acompasarlo, tender la mano al que menos tiene.

Aquí es donde la administración pública local puede atender, colaborar y proporcionar asesoramiento directo, sin intermediarios, piel con piel. Las nuevas oficinas energéticas ofrecen ese servicio para ser un foco impulsor y tractor de la ciudadanía, brindando asistencia en los trámites, facilitando la creación de comunidades de energía local y actuando en los focos de vulnerabilidad. Deben convertirse en la nueva normalidad en los municipios. También lo harán las empresas públicas de energía a nivel local o regional. De hecho, Galicia, Catalunya y Mallorca ya están en ello.

Los beneficios de políticas locales de transición energética son múltiples: la mejora de la disponibilidad de viviendas con condiciones óptimas de habitabilidad y de confort, adaptándolas a la emergencia climática; el incremento de la accesibilidad a los servicios y facilitar la mejora en la movilidad. Urge dejar de lado la supremacía y la dependencia del automóvil privado, recuperando el espacio público en las ciudades gentrificadas, con criterios sociales y verdes, para mejorar la salud física y mental de las personas. Además, generar, compartir, vender y almacenar nuestra propia electricidad puede y debe ser parte de la cotidianidad y la simiente de la vecindad perdida. Todo ello, priorizando la eficiencia y el ahorro energético.

Un tema irredimible es la implantación de renovables, al tener los consistorios las competencias de ordenación urbanística, por lo que pueden designar zonas óptimas, de rápida implantación o de exclusión para las instalaciones. La licencia social, al calor del diálogo, debe primar antes del inicio de la tramitación, analizando proyecto por proyecto en diversas reuniones de coordinación con los implicados, proponiendo condicionantes de mejoras, compensaciones a los afectados y beneficios a los vecinos. Condenar a las renovables es despreciar al destierro a las únicas soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un futuro en el que la electricidad será el vector energético primordial.

En resumidas cuentas, la conciencia ecológica se ha generalizado en la política más allá de los negacionismos dirigidos a preservar el pasado, pero es una victoria parcial. Falta votar en consecuencia y dotar de tangibilidad al ideario. En liza están los gobiernos de 12 comunidades autónomas, 8.131 ayuntamientos, 41 diputaciones para que trabajen en cambiar el modelo energético y todos los ecosistemas que los rodean. El voto verde es un voto social, por el vecino de al lado y por los que en un futuro disfrutarán de lo elegido este domingo. Supone apostar por mejorar la salud y la calidad de vida, no solo de nosotros mismos, sino de todos los demás y los que vendrán.