Ariel Jerez y Javier Franzé

Profesores de Ciencias Políticas y vicedecanos de Estudiantes y Profesorado respectivamente en la Universidad Complutense de Madrid

A pesar del grado de evidencia científica existente en el conocimiento social y económico, el liderazgo sistémico insiste en las políticas de austeridad como salida de la crisis. Su objetivo sigue estando guiado por el manido eslogan de "dejar trabajar a los mercados", que con su mano invisible destruirían lo mal diseñado en el pasado, para que el futuro se construya sobre acertadas bases competitivas. La hegemonía implacable de este discurso ideológico pivota en el enorme poderío mediático que acompaña a estas ideas en nuestro país. Como viene demostrando el profesor Viçenc Navarro, los rasgos acríticos y antipluralistas de nuestros medios no tienen parangón en las llamadas sociedades avanzadas, ni siquiera en Estados Unidos.

En el sistema educativo en general, y en la universidad española en particular, estamos muy escasos de recursos si nos comparamos con cualquier país de la UE (incluso más periféricos y latecomers), como lo demuestra cualquier índice de gasto medio tanto en relación al PIB como per capita por estudiante. Sin embargo estamos siendo objeto de una profunda reforma económica e institucional, realizada a espaldas de las respectivas comunidades educativas. Con la excusa del "equilibrio" presupuestario público, se propone un modelo de universidad acorde a la nueva sociedad oligárquica y clasista que están organizando los gestores globales de la crisis financiera.

La marea verde viene movilizando importantes sectores de la comunidad educativa en el último año, con los grupos más activos del profesorado trabajando en amplia alianza con los estudiantes y con las asociaciones de las madres y padres. En la educación universitaria, en la medida en que la reforma parece ser más dilatada en el tiempo y auto-aplicada en virtud de la autonomía universitaria, la dinámica parece estar teniendo otro ritmo. Por razones sociológicas e ideológicas que bien cabría indagar, el profesorado está mayoritariamente desmovilizado y, por tanto, condicionando a la baja el margen de negociación de las autoridades rectorales. Es todavía el estudiantado quien lleva casi en exclusiva la batuta de la resistencia a las políticas neoliberales en la universidad, en buena medida porque está sufriendo en su propia carne biográfica las primeras consecuencias del tasazo del año pasado.

El encierro en el Rectorado de la UCM ha sido un primer síntoma de esta situación. Los sistemas de gestión de matrícula han demostrado tener muy poco tacto al comunicar la situación de retrasos en los pagos de las tasas de matrícula (a día afecta entre el 5-8% de los matriculados según centros). Escaso tacto que sería deseable que no vuelva a manifestarse al finalizar los plazos de prórroga recientemente conseguidos por la movilización estudiantil, cuando el impago implicará la expulsión de la vida universitaria.

Sin duda los docentes deberíamos hacer nuestra esta lucha del estudiantado, ya que las tasas es la punta de lanza de la estrategia conservadora de reconversión de la universidad pública, que es sabido que en Madrid cuenta con su principal baluarte privatizador.

En primer lugar, porque al aumentar desorbitadamente los precios de grados y posgrados, nos acerca a las tarifas de las privadas que así se hacen más "competitivas" (ocho en Madrid, que han conseguido, y conseguirán, importantes "ayudas" institucionales en forma de suelos, equipamientos, exenciones impositivas, etc.). La Comunidad de Madrid ha elegido el máximo precio de la horquilla ofrecida por el Ministerio: en Galicia hoy todavía se pueden realizar másteres por menos de 1.500 euros, mientras que en Madrid cuestan ya 3.900, lo que abre una movilidad de estudiantes perniciosa para las universidades públicas madrileñas.

En segundo lugar, previsibles aumentos de tasas en los próximos años implicarán una caída de alumnos que en un plazo no superior a dos años, ya estarán afectando de lleno al profesorado (que ya ha visto cómo su jornada laboral se recarga de tareas administrativas y con grupos de alumnos cada vez más grandes: Bolonia empezó recomendando 25 por clase/profesor y ya vamos por 60...). Afectará principalmente al profesorado más joven y precario (no funcionario), que al ser expulsado de la universidad pública podría ser fichado por la privada a precios bien inferiores, lo que implicará un enorme envejecimiento de las plantillas en la pública, lo cual constituye otro factor de mejora de la competitividad a favor de la universidad privada.

Ya estamos entrando en fase de exámenes, y posiblemente la resistencia estudiantil vaya cediendo. El Ministerio, como nos tiene acostumbrados, seguro que tiene reservada alguna de sus decisiones más trascendentales para mediados de agosto. Pero como los plazos para el pago de tasas se han prorrogado hasta finales de septiembre, es muy posible que el otoño empiece a calentarse con el fin del verano. Habrá una proporción del estudiantado que estará realizando unos exámenes sin saber si sus evaluaciones estarán presentes en su expediente académico al no haber podido pagar. Muchos de ellos empezaron cursando un master bianual que les iba a costar 1500 euros cada año y vulnerando su previo contrato se han visto obligados a pagar 3900 en el segundo. La huelga sectorial de educación del pasado jueves 9 de mayo ya mostró una mayor presencia de las universidades, que empiezan a sentir cómo los recortes también afectan la vida de la llamada "educación superior".

La movilización del profesorado es clave para que el movimiento universitario pueda resistir el ataque neoliberal, tal como está ocurriendo en la Sanidad. No se trata de mejorar la "marca España", como gusta decir el privatizado discurso neoliberal, sino de evitar la destrucción de uno de los baluartes de la igualdad social de nuestro país.