Otras miradas

El juez contra el imperio de la ley ¡Arriba España!

Sergi Sol

Periodista

Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional. /EFE
Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional. /EFE

Jamás hasta la fecha se había visto con tanto ahínco a un juez intentando sortear la aplicación de una ley, de burlarse de ésta, con una inventiva digna de ser estudiada en las facultades de Derecho para cuando se empiece el curso de Historia del Derecho hablando de Rousseau y Montesquieu y la separación de poderes. 

No es función del juez socavar la voluntad del legislativo si no precisamente aplicar su voluntad cuando ésta se traduce en una ley aprobada por las Cortes Generales. Pero lo que hoy estamos viendo es justo lo contrario. Un juez que maniobra sin cesar para impedir los efectos de una ley, la de Amnistía, que se está gestando con luz y taquígrafos. Y sobre la que caben todas las opiniones. Tanto a favor como en contra. Porque esa es otra cuestión, como ocurre o ha ocurrido con tantísimas leyes llamémoslas divisivas. Por ejemplo, la del aborto. Nos debería importar un bledo si el juez simpatiza o no con una posición conservadora, restrictiva ante un derecho que muchos o pocos desearían achicar. El juez se debería limitar a aplicar esa ley. Le guste poco o nada. Pero si hace exactamente lo contrario, si maniobra para evitar que se apliquen los efectos de la ley, no hay duda que ese juez, como funcionario público que es, estaría prevaricando. 

Es por otra parte incluso sorprendente –pongamos por ejemplo al juez García Castellón- que se lleve a término una especie de pulso contra el legislativo cambiando el sumario que instruye en sintonía con lo que escucha o lee en la prensa. Además, es una actitud poco inteligente para llevar a término su cometido que, según parece, es evitar que aquellas personas a las que investiga –a menudo con cambios sorpresivos sobrevenidos en la tipificación penal del presunto delito- puedan beneficiarse de la ley de amnistía. Cuanto menos parece una pésima estrategia.

Si tu propósito es sortear la ley y descubres que ésta, en su redacción, deja cabos sueltos que abren una brecha para sortearla, ¿no sería más lógico callar para no advertir al legislador de su error? A no ser que se actúe movido por una pulsión estomacal que no te permite obrar con lucidez para salirte con la tuya. 


Hoy no hay periodista, salvo excepciones, que no pretenda ser un reputado experto en Derecho Constitucional proclamando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de Amnistía. El legislativo, obviamente, defendiendo la posición constitucionalista en sentido positivo. Y la derecha, PP y VOX, rasgándose las vestiduras por el atentado que esa ley supone a la Constitución

Lo que no es incompatible con justificar un atropello constitucional  como el que por ejemplo se hizo en la Operación Catalunya. Como nos vino a decir Ayuso, el fin justifica los medios. O como remató González Pons, poniéndose la venda antes de la herida para cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional, ni caso porqué este órgano, el TC, es 'el cáncer de la democracia'. ¡Combo y bingo! .

Y por si acaso ¡Arriba España!


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