Según la última encuesta del CIS, la ciudadanía considera que las principales cuestiones que les afectan a nivel personal son los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y con la vivienda. Casi un 40% asegura estar muy preocupado con el cambio climático y el 30% con la guerra en Oriente Próximo y nadie, absolutamente nadie, menciona el aborto como un problema personal, ni tampoco social. Y a las mujeres que abortan -el 42% tienen entre 20 y 29 años- les importa entre cero y nada la opinión de los grupos políticos al respecto y lo último que escucharás en una clínica de interrupción voluntaria del embarazo (allí acabamos la mayoría porque solo 2 de cada 10 IVES se practican en la sanidad pública) es que el Papa Francisco, de 87 años, considera homicidios estas intervenciones y sicarios a los médicos que las practican.

Sin embargo, la mesa del Senado, que tiene mayoría absoluta del Partido Popular, ha aprobado (mientras los senadores del PSOE dormían, supongo) la celebración de una cumbre antiabortista internacional en la sede de representación territorial que representa, supuestamente, la voluntad del pueblo español. Hay que recordarles a los senadores que el aborto voluntario es un derecho de las mujeres recogido en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1985, a pesar de lo mucho que se empeñen ciertos líderes políticos en cuestionarlo, semana sí y semana también, utilizando incluso las instituciones democráticas para organizar eventos antidemocráticos con personajes de la talla de Jose Antonio Kast, político trumpista chileno e hijo de un empresario colaboracionista de la dictadura militar de Pinochet.

Kast es el presidente de Red Política Valores la fundación ultraderechista encargada de organizar este sarao "provida" de la que también forman parte Javier Puente, senador del Partido Popular hasta el 2023, y el exministro Jaime Mayor Oreja, presidente de honor de la misma y fundador de Neos, otro chiringuito muy preocupado con la defensa de la vida y de la dignidad desde la perspectiva nacionalcatólica. De entre los muchos valores y objetivos de los que se hacen eco estas entidades -financiadas con supuestas aportaciones voluntarias y quién sabe si con el dinero que le sobró a Mayor Oreja de algún sobre de Bárcenas- no encontraremos referencia alguna a la pobreza infantil en España, aunque casi el 11% de los niños y adolescentes carecen de lo necesario para una vida digna. Tampoco mencionan los defensores de la vida el problema de la ratio en guarderías y colegios o la falta de pediatras en los centros de salud, el impacto del calentamiento global en los menores (Mayor Oreja rechaza la agenda 2030 y considera que su fin último es la destrucción de los fundamentos cristianos), ni mucho menos el drama de los niños ahogados frente a nuestras costas. Jaime Mayor Oreja tiene 71 años pero aparenta 202, que son los años exactos que han pasado desde que el aborto se introdujo por primera vez en el Código Penal español. La primera legalización tuvo lugar durante la Segunda República dando paso a 40 largos años de dictadura en donde, pese a las duras penas impuestas, las mujeres seguían abortando, que es lo que han hecho durante toda la historia de la humanidad. Unas, en condiciones dignas y con un océano de por medio por ser hijas de y, otras, jugándose la vida y en la clandestinidad. Por si fuera poco, las mujeres pobres, jóvenes, solteras y víctimas de violencia sexual que se quedaban embarazadas sabían que se arriesgaban a quedarse sin sus bebés en un contexto de desapariciones forzosas que el régimen ejecutó impunemente durante décadas, vulnerando todos los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos. Por cierto, Jaime Mayor Oreja es hijo de uno de los ginecólogos implicados en el robo de bebés durante el franquismo pero, por lo que sea, este tema no lo trata cuando habla de la defensa de la vida. Y tampoco le interesan a Mayor Oreja los abusos sexuales a menores por parte de curas pedófilos porque los embriones son mucho más importantes.

Es obvio que ni a Kast, ni a Mayor Oreja, ni a ninguno de estos señores (y señoras, que también las hay, como María San Gil, que compara el aborto con el terrorismo) les importan los niños ni la vida en absoluto, ninguno de ellos se ha posicionado en contra del genocidio gazatí (en donde han sido asesinados más niños y niñas que en cualquier otro conflicto armado en el mundo) y Kast, particularmente, se ha pronunciado a favor del Estado genocida. Las entidades que representan tampoco apoyan políticas ni medidas de conciliación para las familias ni para los más jóvenes más allá de la misa del domingo, ni luchan por los derechos humanos y el bienestar de la infancia de ninguna forma. Muchos de ellos no habrán cogido a sus propios hijos en brazos más que para la foto y, probablemente, el día del parto de su mujer estaban en una cumbre fascista o viendo el fútbol, y lo único que pretenden es vivir de la paranoia y del incendio, que da muchos votos y mucho dinero porque nunca faltarán ricos que quieran seguir financiando un sistema de castas que pone a sus hijas en aviones hacia clínicas premium y a las demás con una percha entre las piernas.

Mientras miramos para otro lado y nos reímos de este despropósito, el rearme de la ultraderecha en toda Europa es una realidad, vienen a por nosotras y quieren que nuestras hijas vivan como nuestras abuelas. Les interesa el control del cuerpo de las mujeres pobres porque eso significa también el control y la captación de sus hijos "para la patria" como ha sido siempre, y por eso estas iniciativas que atentan directamente contra nuestros derechos tienen que ser calificadas de violencia machista institucional y reparadas con todas las de la ley.