Lo que antes parecía un runrún hoy se hace real: ¿Permite o facilita la Xunta de Galicia chivatazos para avisar a ciertas empresas dedicadas al sector residencias de mayores de visitas de la inspección? Todo ello para que cuenten con el tiempo de reacción adecuado para tapar las irregularidades habituales: incumplimientos de ratios de personal, menús inapropiados, sobremedicación, etcétera.

Cuando Feijóo presidía el Gobierno de Galicia, el Consello de Contas informaba de que la Xunta no hacía cumplir las normas y protocolos existentes para las residencias de mayores. Poca y débil inspección, entramado de relaciones entre el Gobierno y empresas privadas, fallido sistema punitivo que hacía más rentable pagar multas que cumplir las normas, debilitando las garantías para los mayores residentes en muchas residencias...

Coincidiendo con la hecatombe motivada por la pandemia sin precedentes que convirtió a estos centros en la zona cero del covid, supimos que la inspección era una de las claves para blindar los derechos de las personas mayores. Hace unos días la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servicios Sociales lanzaba un grito desesperado, a sabiendas del coste laboral y personal que les puede suponer.

Los propios inspectores de la Xunta de Galicia rompieron su silencio hace unos días, dejando el miedo atrás, por la impotencia que les supone, según sus propias palabras que "la conselleira permite que las visitas de las inspecciones conozcan de antemano en las residencias de mayores a inspeccionar".

Esa generación de personas que son hoy mayores no lo tuvo nada fácil en el pasado para luchar por los derechos que hoy disfrutamos, ya que trabajaron desde la infancia cuando los derechos de la infancia no existían en nuestro país, para sus padres y hermanos/as, para sus hijos o hijas y finalmente, para sus nietos y nietas, convirtiéndose en el máximo exponente de la conciliación que permitió el ascenso laboral de las mujeres todavía por alcanzar en igualdad. Sin los abuelos/as no habría sido posible en una gran mayoría de casos.

Es urgente romper la perversa fórmula que conjuga un número de plazas privatizadas excesivo, con una de las peores ratios de número de técnicos de inspección de toda España en una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas mayores.

Es urgente incrementar el número de plazas públicas y de gestión directa así como disminuir el tamaño de muchas residencias y mejorar las condiciones laborales. Por las personas mayores, por la salud mental y física de las trabajadoras del sector y por la competencia desleal que se crea contra las residencias que sí invierten en hacer las cosas bien aportando cuidados de calidad, que haberlas, haylas.

El asunto es de tal gravedad que no sirve un simple desmentido por parte del Gobierno gallego, ya que la palabra de los técnicos no puede en ningún caso ser cuestionada sin hechos demostrables. Con lo que sólo queda que el Ejecutivo liderado por Rueda y hasta hace poco por el presidente del PP, Feijóo, inicie una investigación rigurosa para esclarecer los hechos que denuncia la Asociación de Inspectores/as de servicios sociales de Galicia, ya que, de ser cierto, sólo cabe que el Presidente de la Xunta destituya a la conselleira de Política Social, si no dimite antes.

No puede haber connivencia ni dejación ante estas graves denuncias. El presidente de la Xunta debe aclararlo. Esta es una causa de toda la sociedad, el activismo que hagamos por los derechos de las personas mayores de hoy tendrá sus frutos en los mayores de mañana. Nunca olvidemos que el modelo de atención que decidamos hoy  será el que disfrutemos mañana.