Estuve trabajando en Barcelona el 1 de octubre de 2017. Vi y entrevisté a muchos que por votar se llevaron palos. Aquel día no me dieron pena los policías que los golpearon. Seis años después no lo tengo tan claro. Todavía hay 45 policías nacionales sentados en un banquillo por aquello, a pesar de que la fiscalía pidió el archivo.

El juez Francisco Miralles –el instructor del caso– no solo se negó a archivarlo; los ha procesado por lesiones y deja la puerta abierta para que los heridos presenten acusaciones por torturas y delitos contra la integridad moral, además de la física.

Sin embargo, en cinco años de instrucción, no ha podido determinar si existió una orden directa del Ministerio del Interior o de alguna otra autoridad para que se actuara como se actuó –con violencia– en los colegios electorales.

Ninguno de los agentes investigados ni de los mandos policiales y políticos que han testificado ha aclarado cuándo o cómo se decidió actuar o por qué las cargas policiales desaparecieron al mediodía.

Parece que quieren hacernos creer que lo que ocurrió fue decisión de forajidos uniformados, miembros de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en día tan señalado decidieron unirse en un contubernio anticatalán e incumplir el mandato de no cargar que se les había dado y que, de repente, acataron cuatro horas más tarde por ciencia infusa. Pretenden que creamos eso – que cargaron motu propio incumpliendo las órdenes– y que no nos extrañe que nadie en sus férreas jerarquías les haya pedido cuentas ni impuesto sanciones por incumplir lo ordenado en momento tan delicado.

¡El Estado es infalible salvándose el culo! Perdónenme, pero es la frase que mejor explica lo ocurrido.

Recordados los hechos, el asunto es que ahora, que se plantea seriamente y se negocia una ley de perdón para los todavía cientos de acusados por lo que ocurrió en Catalunya aquellos días, los sindicatos policiales (JUPOL y SUP) se han declarado en contra de que se perdone también a estos policías.

Y, claro, no puedo evitar un "pobre policía". Los independentistas delinquieron y se equivocaron mucho, pero no han parado de intentar salvar a los más débiles que colaboraron con ellos entonces y hoy esperan sentencias y multas en los banquillos. Es cierto que se indultó a sus máximos responsables que fueron detenidos; pero es que en el otro lado también han sido indultados, por la vieja ley del silencio, los que dieron las órdenes de dar palos contra votantes desarmados. ¿Unos pelean por sus soldados y otros los abandonan en el barro? No esperen respuesta; es una pregunta retórica.

Los sindicatos policiales citados dicen que no quieren el perdón para no equipararse con los independentistas; no asumen que fueron tan víctimas como todos de aquella espiral de despropósitos –Piolín incluido–. Habría que preguntar a los 45 que serán sentenciados. Estaría muy bien saber también qué opinan de los Indultos Sociedad Anónima que, sin ruido mediático, siguen salvando a sus jefes.

Una vez más, pobre policía, pobre Catalunya, pobre España, pobres tod@s.

Lo mejor sería el borrón y la cuenta nueva, porque si de verdad se enjuiciara a todos los responsables del conflicto catalán, a todos los que participaron en esa larga cadena de errores inmensos, a todos los que colaboraron activamente en la creación de un problema que no existía en 2006 –cuando ni la mitad de los catalanes votó el Estatut–, habría que construir más cárceles. Y, como no se va a hacer –porque los procesos sociales son complejos y hay culpas que no son delitos y porque los auténticos responsables se suelen ir de rositas y esta vez no parece que vaya a pasar nada distinto–, creo que lo mejor para progresar sería salvar a las manos ejecutoras. Para hacer avanzar a la historia, habría que perdonar a los peones revolucionarios o contrarrevolucionarios, a los que arriesgan más y se llevan menos si llega la gloria, a los que siempre cayeron si llegaba el fracaso –policías incluidos–.