El Presidente Pedro Sánchez, tras su reflexión sobre la existencia de lawfare hacia su entorno familiar, con la conciencia de la degradación democrática y su confirmación de seguir liderando el país, se enfrenta a un importante dilema: qué hacer para evitar el acoso judicial, mediático y político del amenazante bloque conservador y garantizar su plan reformador progresista con su hegemonía institucional.  

El dilema de Sánchez 

Lo más inmediato conseguido con su gesto ha sido priorizar un foco, la regeneración democrática, ante el relativo bloqueo de la reforma social, clave para el programa de la coalición, y la forzada amnistía, imprescindible para la investidura y la primera andadura de la legislatura. Ambos temas están forzados por sus dobles socios parlamentarios con sus respectivas bases sociales y condicionado por profundos problemas estructurales que deben afrontarse: la relevante desigualdad y precariedad social con el débil Estado de bienestar, y la democratización del Estado con la articulación de la plurinacionalidad.  

Por un lado, está Sumar (y Podemos) con la persistencia de un espacio sociopolítico y electoral, todavía relevante y necesario para asegurar la gobernabilidad y la legitimidad progresista, en la medida que se garantizan los avances de las condiciones vitales de las mayorías ciudadanas. Y por mucho que haya una estrategia socialista para seguir absorbiendo parte de ese electorado y debilitar su representación política para disminuir su capacidad de condicionamiento de su débil estrategia reformadora, no puede bloquear esa agenda social, incluida la feminista y la medioambiental, sin una pérdida de legitimidad pública. 

Por otro lado, se encuentra la necesaria regulación de la crisis territorial y el modelo de Estado, con el empuje nacionalista -catalán, vasco y gallego...- y con importantes déficits fiscales y de servicios públicos del conjunto de Comunidades Autónomas -con la principal carencia en la sanidad pública, la educación y la vivienda; y todo ello a la espera de la articulación de la Generalitat catalana y los propios intereses de Junts respecto de la gobernabilidad española. 

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Existe una gran fragilidad del llamado bloque democrático y plurinacional, compensada por el temor a una opción peor derivada de la apuesta derechista. Con esta operación de dramatización de la conciencia del poderío antidemocrático de las derechas y la amenaza de vacío de poder, el presidente del Ejecutivo ha conseguido relativizar las consecuencias del bloqueo y el desgaste en esas dos agendas básicas, la social-igualitaria y la plurinacional-territorial, para incorporar la agenda democratizadora como remedio para la estabilización de su primacía gobernante.  

Pero, al igual que en los otros dos campos, con la lógica pragmática del sanchismo de hacer de la necesidad (reformas forzadas) virtud (permanencia en el poder), el plan para su abordaje sigue el mismo esquema de estos años: el mínimo esfuerzo transformador, que le enfrenta a distintos grupos de poder y privilegio, con la máxima ventaja de legitimación social y garantía de poder institucional.  

La inconsistencia estratégica socialista

Estamos en el máximo pragmatismo coyuntural de la dirigencia socialista, con grandes expectativas sobre diagnósticos certeros, pero sin demasiados planes estratégicos, firmeza de alianzas, valores éticos duraderos o procesos reformadores de país. La coherencia sanchista la aporta la gestión del poder institucional desde cierto progresismo, más o menos socioliberal, y un necesario acuerdo plural con su izquierda y el nacionalismo periférico. Eso sí, dentro de un alto grado de realismo y dependencia respecto de los grandes grupos de poder económico, europeos y mundiales con su correspondiente adaptabilidad, así como de los núcleos de poder institucional, específicamente, la judicatura, las fuerzas de seguridad, los aparatos mediáticos y la alta burocracia gestora.  

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Pero ese realismo particular socialista, a veces se convierte en irrealismo respecto de las necesidades y demandas de las mayorías sociales y le generan errores estratégicos -y teóricos y éticos- y desafección de sus bases sociales. Es lo que ha ocurrido en muchos países con la socialdemocracia y aquí en toda la década pasada, hasta que se ha renovado el sanchismo, con su giro hacia la izquierda y la democracia... que tanto odia las derechas. 

O sea, la dirección del Partido Socialista tiene un carácter doble, su vinculación a una significativa representatividad cívica, que se resiente cuando gira hacia el centro, la degradación democrática o el neoliberalismo atlantista, y su conexión con (parte) el poder establecido, en distintas estructuras sociales, estatales e internacionales, como posibilismo y adecuación a los límites derivados de sus compromisos de estabilización institucional. 

El plan regenerador de Sánchez parece que va a seguir el mismo criterio. Ha conseguido un afianzamiento de su legitimidad social, ganado mayor preponderancia pública respecto de su izquierda (y veremos en relación con los nacionalistas), y producido cierto desconcierto en las derechas. Pero el segundo paso, las reformas para implementar, todavía difuso, depende de su cálculo sobre la minoración del riesgo de conflicto real con esos grupos de poder y privilegios estructurales, aun con la sobreactuación confrontativa de las derechas políticas. Su propuesta inicial es delegar en la propia sociedad y el Parlamento la concreción del plan, es decir, reclamar apoyo a su liderazgo -mejorando sus resultados en las elecciones catalanas y europeas- para ejecutar el supuesto consenso social e institucional mayoritario, con el menor desgaste posible.  

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Pero deja sin aclarar el alcance regenerador y, por tanto, sin comprometerse, al menos, a dos medidas imprescindibles como base inicial para combatir el lawfare: la renovación del Consejo del Poder Judicial junto con la democratización y operatividad de la justicia, y la regulación del control y el ejercicio difamatorio de los seudo medios de comunicación de las derechas extremas, así como de su combinación con elementos de la judicatura y las cloacas policiales.  

Sin definir una trayectoria democratizadora sustantiva, la incertidumbre cívica resultante es la inseguridad de que permanezcan activos esos grupos de poder y sigan cuestionando de forma ilegítima la estabilidad gubernamental, junto con la moderación de sus reformas sociales y democráticas.  

Con esa estrategia de fondo continuista, todos los recursos de poder más relevantes de las derechas quedarían indemnes, con leves reformas del poder judicial y mediático, buscando contemporización y complicidad con concesiones significativas... pero a costa de un deslizamiento hacia el centro y mayor énfasis en su primacía dirigente.  

La consecuencia, como se va notando, sería el debilitamiento de Sumar/Podemos, de su credibilidad transformadora y la cohesión y amplitud de su base social, así como de la izquierda nacionalista, con el agrietamiento de la alianza conjunta de todos ellos. Y el continuismo socioeconómico del ala socialista buscaría los apoyos (y los vetos) de la derecha nacionalista de PNV y Junts, para neutralizar las exigencias por su izquierda o los movimientos sindicales y sociales. Todo ello no permite asegurar la victoria electoral progresista en las próximas elecciones generales, objetivo central de las derechas. 

El refuerzo del bloque democrático y plurinacional 

Por tanto, ese pragmatismo socialista inmediatista, centrado en una leve regeneración democrática, no asegura un refuerzo consistente del bloque democrático y plurinacional. El tacticismo cortoplacista del sanchismo, esta vez, puede ser insuficiente para liderar los auténticos desafíos estratégicos de las fuerzas progresistas en España, en los tres ejes principales: la democratización, la reforma social y la regulación territorial.  

La prioridad de su horizonte es mantener la alternancia hegemonista frente a las derechas, pero con autonomía frente a su izquierda y los nacionalismos y una orientación estratégica continuista. El equilibrio táctico de un nuevo bipartidismo corregido será difícil de sostener, sin un proyecto claro de cambio de progreso y una estrategia coherente del frágil agrupamiento democrático y plurinacional. El avance de las derechas, con todo su armazón fáctico, será difícil de detener. 

La firmeza democrática y transformadora del conjunto de fuerzas sociopolíticas progresistas, más allá del simple posibilismo de la aritmética parlamentaria y el acomodamiento a la pérdida de impulso reformador, es lo que puede permitir mejorar la dinámica política y los equilibrios legitimadores frente a la ofensiva derechista, y evitar cierta frustración respecto del cambio de progreso. Supone reforzar la apuesta por un desplazamiento hacia la izquierda de la base social más centrista o democrática votante hoy de las derechas y una reactivación de las bases sociales de izquierda -y centroizquierda- ante un panorama incierto. Se trata de la generación de una experiencia colectiva de avance de derechos y mejores condiciones vitales, con cambios culturales y relacionales igualitarios y solidarios.  

Pero, esa estrategia reformadora todavía no es consistente para la dirigencia socialista, cuya respuesta a la catarsis sobre el déficit democrático del sistema político es insuficiente. No obstante, sí existe una aspiración o una expectativa masiva por la democracia y la reforma social, en parte defensiva ante el temor involucionista. Su relato y su representación institucional está en disputa y la consolidación de esa dinámica democratizadora y de avance social es decisiva para la izquierda alternativa, el ensanchamiento y la colaboración de su espacio político y el reequilibrio representativo respecto del Partido Socialista (y la izquierda nacionalista).  

La alianza democrática necesitaría un pegamento más fuerte, con la lealtad sobre el proyecto conjunto de país y el apoyo solidario basado en acuerdos duraderos y a largo plazo, siempre respetando la pluralidad y el talante participativo y unitario. Se trata de consolidar y ampliar un campo sociopolítico progresista que dé soporte y garantía para la victoria electoral de ese bloque en las próximas elecciones generales (y locales y autonómicas), neutralizando la ofensiva derechista y continuando la senda de progreso en la próxima década. 

A tenor de los pocos estudios demoscópicos recientes -veremos los resultados de las elecciones catalanas y, sobre todo, de las europeas-, el Partido Socialista se ha reforzado electoralmente, en particular por su izquierda a costa de Sumar que ha tenido que incrementar su diferenciación política más social y su perfil propio más crítico para resguardar su electorado... cosa habitual en la experiencia anterior de Unidas Podemos, calificada de ‘ruidosa’.  

Por otra parte, parece que Podemos resiste con un mínimo electorado que no absorbe Sumar y le permite sobrevivir y condicionar las políticas públicas y la articulación de Sumar (y al propio PSOE), que debe cuidar también su flanco izquierdo. El futuro, necesariamente, debería pasar, ante los grandes retos existentes, por una nueva reagrupación con bases objetivas y democráticas, la reafirmación transformadora y la renovación orgánica más unitaria y superando las desconfianzas, prepotencias y sectarismos; al menos como hipótesis a medio plazo -el siguiente ciclo electoral- frente al riesgo de la irrelevancia. 

En todo caso, el refuerzo del bloque democrático y plurinacional y, particularmente, el propio Partido Socialista, necesitarían del acicate de una izquierda transformadora revitalizada y unitaria, con suficiente credibilidad, cuestión imperiosa para desempeñar un papel significativo. E, igualmente, de las izquierdas nacionalistas -en competencia también con sus derechas nacionalistas-, con el realismo del devenir estatal y europeo.  

Y todo ello, en la medida que haya una reactivación cívica masivas que renueve, regenere y amplíe las propias izquierdas y la articulación popular como factor clave para el refuerzo de ese bloque popular progresista. En definitiva, democratización y avance social van de la mano y de su interacción y consistencia depende el futuro del país (de países).